La matanza de Acteal, “la peor tragedia de los últimos 29 años” en México (Clarín, 4/1), está dirigida a crear un cuadro de terror contra la población chiapaneca, para acabar con la sublevación campesina.

Al igual que en Colombia, Brasil, Guatemala u Honduras, los grupos ‘paramilitares’ que ejecutaron la matanza son una creación de los grandes terratenientes. Pero en México fueron las FF.AA. — estrechamente ligadas al Pentágono— las que diseñaron el plan ‘masacrador’, infiltrando las comunidades indígenas, avivando luchas intestinas y hasta religiosas entre las comunidades, según un “minucioso plan” diseñado por la Secretaría de Defensa Nacional en 1.994 (Brecha y The Wall Street Journal, 9/1). Según el diario yanqui, “la Iglesia se encuentra en el ojo del huracán en Chiapas” (18/1), porque se enrola detrás de los zapatistas. Las fuerzas armadas y las oligarquías zonales han alentado abiertamente la implantación de sectas protestantes, orientadas desde los Estados Unidos, “que han hecho progresos fantásticos en Chiapas” (Le Monde, 31/12).

Los 45 masacrados el 22 de diciembre son una ínfima parte de los “más de de 1.500 indígenas asesinados, sólo bajo el gobierno chiapaneco de Julio César Ruiz Ferro” (Clarín, 4/1). Los recursos federales desde 1994, destinados supuestamente a “desarrollar” al Estado mexicano con mayores índices de pobreza (más de 7 mil millones de dólares), fueron a parar a los bolsillos de los terratenientes y las ‘bandas’. “Al menos una media docena de grupos armados merodean por la sierra, cada uno con su agenda guerrera y su presupuesto mercenario” (The Economist, 3/1).

“En la antesala del infierno”

Así definió The Economist (3/1) la situación que deparó al gobierno mexicano la matanza en Chiapas. La reacción popular en todo el país ha sido imponente. Cien mil personas se concentraron en la capital para repudiar la matanza. El gobierno se vio obligado a ‘echar lastre’ llevando a prisión al intendente de Chenalho, la cabecera zonal de la que dependía Acteal —acusado de haber armado y prestado móviles del municipio a los ‘parapoliciales’—, y provocando la renuncia del gobernador chiapaneco y del ministro de gobierno. Los cambios que se introdujeron en el gabinete de Zedillo, y especialmente la designación del nuevo ministro de Hacienda, “fue aplaudida en Estados Unidos” (Página 12,7/1). Inmediatamente, se han casi duplicado los efectivos militares en la zona y las comunidades ‘autónomas’ se encuentran acosadas.

Según Jorge Castañeda, un politicólogo de ‘moda’, “en México … (y) no sólo en Chiapas … están en franca disolución los mecanismos para la solución pacífica de los conflictos” (Clarín, 4/1). Castañeda reclama “el recurso extremo” de la participación de las Naciones Unidas, como ha sucedido “en Africa para proteger grupos vulnerables de una amenaza interna” (ídem).