Cuando España aún no se ha recuperado del devastador impacto de la pandemia, el gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) anunció un regreso de la mayor parte de las actividades laborales a partir del próximo martes. Esta medida, que se habría tomado sin consultar al comité de científicos que asesora al Poder Ejecutivo, es un jalón más en un abordaje de la crisis que ha priviliegiado el rescate de las empresas por sobre la salud de la población.

Las denuncias por el mal abordaje estatal de la pandemia (en un país con 15 mil muertos oficiales y más de 150 mil infectados) se parecen bastante a las que se escuchan en otros países centrales, como Estados Unidos, el Reino Unido o Italia . Los trabajadores de la salud reclaman por la falta de equipos de protección, llegando al extremo de tener que atender pacientes sin mascarillas. También se quejan de la falta de medidas de seguridad aquellos trabajadores de rubros “esenciales” que no están amparados por la cuarentena (barrenderos, teleoperadores, trabajadores de supermercados, repartidores). El sistema de salud pública no se ha recuperado aún del ajuste por 28 mil millones de euros entre 2010 y 2014 (Público, 18/3), los años más duros de la última crisis.

Frente al derrumbe de la actividad económica que trajo aparejada la pandemia, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos (que cuenta con la vicepresidencia y ministerios como el de Trabajo) instituyeron un conjunto de medidas que en lo esencial apuntan a un rescate del capital. Las medidas más importantes son una línea de avales públicos para el otorgamiento de crédito para las empresas y la agilización de los Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE), que permiten la suspensión del contrato o la reducción de la jornada laboral. Según algunas estimaciones, hay 445 mil expedientes abiertos que alcanzan a más de 3 millones de  trabajadores (El Economista, 7/4), incluyendo grandes compañías como Glovo o Peugeot. Bajo este mecanismo, las patronales quedan eximidas de una parte de las contribuciones sociales y el Estado asume la carga de una prestación para el trabajador (por debajo de su salario).

Pero ni siquiera esto ha evitado los despidos:  hubo más de un millón en las tres últimas semanas de marzo, que golpearon sobre todo al sector más precarizado de la clase trabajadora.

Este cuadro, que amenaza con llevar los indicadores de desempleo y pobreza a la época de la crisis anterior, ha puesto en estudio en el gobierno un ingreso de hasta 1000 euros para las familias más afectadas, como un modo de mitigar la conflictividad social. 

Todos los números hablan de un derrumbe de la actividad económica. Las patronales automotrices pronostican una caída del 30% en las ventas para este año. En el sector textil y tecnológico estas caídas ascienden al 50 y 70%. Las patronales del turismo, la hotelería y el comercio mencionan pérdidas por 170 mil millones de euros. Con este pretexto, los empresarios acentúan sus reclamos de exenciones impositivas y mayor flexibilidad laboral, como ha pedido desde el diario ABC (10/4) José Vicente de los Mozos, de la patronal automotriz Anfac. Quieren descargar la crisis sobre los trabajadores.

La crisis política

El gobierno de Sánchez ha hecho un llamado a la reedición del pacto de La Moncloa, es decir, a una especie de “unidad nacional” de cara a las brutales tareas de ajuste que planteará la “reconstrucción economica y social” en la pos-pandemia. Ha dirigido ese llamado a los partidos, los sindicatos, las cámaras empresarias y las comunidades autonómicas. Fue replicado por Pablo Iglesias, líder de Podemos.

Pero ese pacto tiene pocas chances de prosperar, debido a la propia debilidad del gobierno, que está en el ojo de la tormenta por el manejo de la crisis. El titular del PP, Pablo Casado, insinuó en el Congreso la posibilidad de abrir una investigación contra Sánchez. La ultraderecha de Vox, en tanto, reclama directamente la salida del gobierno. Ambas formaciones denuncian que el gobierno manipula las cifras de muertos y que estas ascienden al doble de los datos oficiales. Este discurso belicoso parece esconder la intención de ir por nuevas elecciones cuando amaine el virus.

Por fuera del arco derechista, han surgido cuestionamientos a la tentativa de “unidad nacional”. Uno de los referentes de ERC en el Congreso, una de las fuerzas que gobierna Cataluña, pareció condicionarlo a una resolución previa del status de dicha región. ERC viene de abstenerse en algunas votaciones en el Congreso, como señal de independencia frente al gobierno. Es un punto importante, porque Sánchez logró su investidura, precisamente, gracias a la colaboración de esa formación política.

La pandemia sumergió en una crisis a un gobierno que nació débil . Pero la crisis no se restringe al oficialismo. El resquebrajamiento del sistema de partidos y el atizamiento del conflicto catalán en estos años son señales de una crisis de conjunto.

La irrupción de la clase obrera es vital para impedir que la crisis sea transferida sobre los hombros de las masas.