El último martes se registró un récord de nuevos casos de coronavirus en el estado de Victoria, en el sur de Australia. Ese día, los contagios llegaron a 200, contabilizando un total de 8900 infectados en todo el país desde el comienzo de la pandemia. La mayor parte de los nuevos casos se dieron en Melbourne, que con 5 millones de habitantes es la segunda ciudad más poblada del territorio nacional y capital de Victoria.

El crecimiento de los contagios ha tenido como respuesta del gobierno australiano, presidido por el primer ministro conservador Scott Morrison, la reimposición de la cuarentena, por 6 semanas en todo el Estado y en particular en Melbourne. Sin embargo, se trata de un confinamiento limitado, completamente en armonía con la continuidad en el funcionamiento de todas las ramas económicas. Las restricciones solo aplican para actividades recreativas y culturales, está permitido trasladarse para ir a trabajar y para estudiar, e inclusive, las autoridades estaduales tienen planificado el retorno a las clases presenciales en las escuelas para el 13 de julio. Con la circulación de la población implicada en la actividad económica, el crecimiento de los casos de coronavirus se torna una consecuencia lógica. El estado de Victoria está bajo el gobierno del Partido Laborista, formalmente opositor a nivel nacional pero que no ha ofrecido una orientación distinta a la del oficialista Partido Liberal.

La otra cara de la política gubernamental para enfrentar este brote es la de disponer medidas fuertemente represivas incluso recurriendo al despliegue de las fuerzas armadas. El gobierno ha implementado controles estrictos en los nichos donde se detectaron contagios, estableciendo verdaderos guetos, mediante la inundación de efectivos policiales, en distintas parcelas de la ciudad de Melbourne, por lo general, en barrios de población trabajadora. El caso más icónico respecto del desarrollo de la pandemia y de la respuesta por parte del Estado es el aislamiento estricto dispuesto en nueve torres de viviendas sociales donde se detectaron 23 contagios (BBC, 7/7). En esas torres, la mayor parte de sus 3 mil habitantes son inmigrantes africanos o asiáticos que realizan trabajos precarizados, sin cobertura médica y con condiciones habitacionales de hacinamiento. Los residentes denuncian que no están siendo asistidos ni con alimentos ni con atención médica. El personal de la salud es otro de los focos de contagio, sólo en la última semana 15 profesionales de la salud se contagiaron en Melbourne. Como en todo el mundo, la miseria y la explotación capitalista se configuran como el principal vector del virus.

Junto con la pandemia y con una cuarentena de carácter virtual, la clase capitalista está desarrollando una ofensiva en regla contra los trabajadores australianos. Los despidos crecen al ritmo de la pandemia y el desempleo se encuentra en el 10%, un índice que no se alcanzaba desde la crisis del 30, a lo que se suma el subempleo que involucra a otro 10% de la población económicamente activa. Grandes empresas se encuentran a la cabeza de estos ataques, como la aerolínea Qantas, que, a pesar de ser beneficiaria de subsidios estatales, ha anunciado 6 mil despidos, situación que se replica en todas las aerolíneas. Incluso los monopolios mineros se encuentran despidiendo, la gigante BHP tiene en carpeta 3400 despidos.

Está sobre la mesa la necesidad de organizar una respuesta de la clase obrera a la voracidad capitalista que busca descargar su crisis sobre las vidas y las conquistas de los trabajadores. La energía y la disposición demostrada por miles de jóvenes y trabajadores en las recientes movilizaciones contra la política criminal del Estado australiano hacia la población originaria, debe unirse a la lucha por medidas elementales frente a la crisis (como la aplicación de una cuarentena que desactive las áreas no esenciales de la economía, la prohibición de los despidos y la formación de comisiones de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y los barrios) y el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores.

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