La privatización de la tierra en Rusia

Contradicciones


La ley de privatización de la tierra enfrenta contradicciones tan brutales que The Economist (29/6) pone seriamente en duda que vaya a “funcionar”. Por eso, condescendientemente, la califica como “simbólica”.


Las tierras de las que se apropió la burocracia no están delimitadas ni existe un registro histórico de su tenencia; el Estado, falto de recursos y de personal, no está en condiciones de establecerlo. ¿Cómo podría entonces funcionar un mercado de tierras sin catastro, si no es posible establecer con exactitud ni las dimensiones de las parcelas ni sus dueños? En países como Estados Unidos o Argentina, y más que nada Brasil, la delimitación de los campos y la determinación de sus propietarios llevó un largo período de choques, luchas y confiscaciones; todavía hoy, después de varios siglos, se presentan litigios acerca de la propiedad de ciertas tierras. Más que abrir la vía para un desarrollo capitalista del agro ruso, la privatización de la tierra plantea la perspectiva de una guerra civil entre las distintas fracciones de la burocracia (camarillas locales, nacionales, industriales, directores de explotaciones colectivas) que se apropiaron de las tierras. La impasse es tan manifiesta que la ley sobre la propiedad urbana, aprobada el año pasado, “casi no se ha implementado” (ídem).


La ley sólo les permite a los extranjeros alquilar tierras por un período máximo de 49 años. “No hay necesidad económica” para autorizar la venta de tierras a extranjeros, dijo Putin. Sostiene que “incluso si (un extranjero) pudiera comprar la tierra, no lo haría (…) es barato alquilarla y hay mucha disponible si se la necesita”.


Es decir que la privatización agrícola debuta sin capitales; la burocracia no los tiene, el capital extranjero no quiere adelantarlos. El campo ruso no entra en un régimen de reproducción ampliada sino de extracción de recursos. El capitalismo en Rusia emergería así sólo después de una gigantesca catástrofe histórica. En este cuadro, el mercado mundial – con una enorme sobreproducción de alimentos – también pone un límite fundamental. La crisis histórica del capitalismo también enfrenta a la restauración rusa con una catástrofe.


Las posibilidades de un desarrollo capitalista encuentran límites “por abajo” también. La masa de los trabajadores rurales es hostil a la privatización; cuando Yeltsin distribuyó las tierras de las explotaciones colectivas entre sus trabajadores, de los 12,8 millones que recibieron su parcela accionaria en las granjas colectivas, sólo 160.000 (¡menos del 2%!) decidieron explotarla por cuenta propia. Los que siguieron el camino de la producción individual, están condenados a una agricultura de mera subsistencia. Esta fuerte oposición (de los trabajadores rurales) a que la propiedad deje de ser colectiva, excluye la alternativa de que surja una amplia clase de pequeños propietarios rurales como la que “conquistó el Oeste” norteamericano.


Un régimen social transitorio


En Rusia, la propiedad privada no es la manifestación jurídica de la existencia de relaciones sociales capitalistas de producción; es la consecuencia de la apropiación mafiosa de la propiedad estatal por parte de la burocracia, cuya fuente de poder radica en el control de las palancas del Estado. El proceso histórico que llevó al desarrollo de las relaciones sociales capitalistas no puede ser reemplazado por un acto administrativo.


La destrucción de la propiedad estatal y el establecimiento de la propiedad privada no alcanzan para establecer en Rusia relaciones capitalistas de producción. El régimen social ruso, en consecuencia, tiene un carácter transitorio: sobre la base de la propiedad privada, puede desembocar en la plena restauración del capitalismo, pero también puede estrellarse ante sus brutales contradicciones.


El destino de esta transición no será definido por las leyes que dicta la burocracia. Lo decidirá la evolución de la crisis capitalista mundial y de la lucha de las clases, en Rusia y a escala mundial.