La Corte Nacional de Justicia ecuatoriana ha ratificado la sentencia de 8 años de prisión y 25 años de inhabilitación política para el ex presidente Rafael Correa, quien es acusado del delito de cohecho al formar parte del caso de corrupción “Sobornos 2012-2016”. Junto con él, han quedado bajo la órbita del fallo judicial otros 17 acusados, entre ellos ex funcionarios como Jorge Glas (exvicepresidente de Correa y Lenín Moreno) y diez empresarios. Además, se obliga a los imputados a abonar una suma de 778.224 dólares cada uno, mientras que los cómplices deberán pagar 368.632 dólares como resarcimiento por los “daños” ocasionados al Estado.

El famoso “Caso Sobornos” intenta dar cuenta de un presunto entramado de negocios realizados entre el Estado y diversas empresas, entre ellas, la constructora brasileña Odebrecht. Según la justicia, los grupos capitalistas implicados en el affaire financiaban al movimiento político Alianza País (en ese momento, la fuerza política de Correa) a cambio de contratos millonarios con el Estado. La Fiscalía judicial carece de pruebas concretas que puedan atestiguar la participación de Rafael Correa en dichas tramas, solo cuentan con movimientos bancarios practicados por el exmandatario donde lo incriminan por recibir 6.000 dólares (El Espectador 22/7). Se trata de una operación completamente direccionada toda vez que Odebrecht no es juzgada por el aparato judicial.

Proscripción

Estamos ante un nuevo capítulo de las proscripciones políticas que han tenido lugar este último tiempo en América Latina, como fue el caso de Lula en Brasil y de Evo Morales en Bolivia.

Es indudable que los negociados alrededor de la obra pública existen. Los sobornos de Ecuador forman parte de una trama más general que quedó al desnudo con el estallido del Lava Jato. Este mostró una red de coimas y sobrefacturación que envolvía a los grupos contratistas y el poder político de casi todos los países latinoamericanos. Fue impulsado por el imperialismo norteamericano con el propósito de desplazar de los negocios a capitalistas nativos.

Pero los procesos judiciales se han caracterizado por la más completa discrecionalidad y por todo tipo de maniobras, con la condena de algunos imputados y la impunidad de otros, en función de cálculos políticos y económicos.

Correa se encuentra exiliado en Bélgica desde 2017 y si concurriera a Ecuador para blanquear su candidatura corre peligro de ser detenido, pues existe “una orden de prisión preventiva por el denominado caso Balda” (El Universo 23/7), un proceso judicial impulsado por la Fiscalía General del Estado. Correa no ha descartado recurrir a instancias internacionales ante su proscripción.

La embestida proscriptiva en Ecuador no se termina en la figura de Correa. Su partido, Fuerza Compromiso Social, ha sido suspendido –junto a otras tres fuerzas políticas- por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que respondió en última instancia a la presión ejercida por la Contraloría General del Estado (CGE), aduciendo a supuestas “irregularidades” en la inscripción partidaria. El reglamento de Democracia Interna aprobado por el CNE establece que los afectados tienen un límite de “10 días para presentar descargos y pruebas de que han cumplido con todos los requisitos formales para ser un partido” (Voz de América 22/7). La naturaleza fraudulenta de esta maniobra reside en el hecho de que la CGE es un organismo controlado por Lenín Moreno, quien a través del referéndum constitucional llevado a cabo en 2018 logró reformar la constitución de tal manera que le permitió copar dicho organismo (Página 12, 5/7).

Ajuste y deuda externa

Por medio de estas maniobras, Lenín Moreno busca avanzar hacia su reelección. La conspiración contra la oposición política obedece en buena medida al cuadro de derrumbe económico y sanitario que caracteriza la situación política ecuatoriana en el marco de la pandemia y en un panorama internacional dominado por las tendencias a la depresión y a la guerra comercial. El gobierno de Ecuador ha reforzado su carácter proimperialista y ajustador (en junio, el parlamento aprobó una reforma laboral) para hacer buena letra ante el conjunto de los acreedores internacionales que arbitran el escenario político local, a saber, colosos de los fondos de inversión como BlackRock y Ashmore. El tópico concerniente a la renegociación de la deuda en Ecuador es clave en la agenda política del gobierno. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, quien fue puesto en la mira por el movimiento popular tras haber sido artífice de los recientes recortes en el presupuesto educativo, se encuentra en la recta final de las negociaciones con los bonistas. Los últimos intercambios con el capital internacional han sido saludados por los mercados con un alza en los precios de los bonos, cuyos valores se han duplicado entre junio y julio en relación a los precios registrados en marzo de este año (El Comercio 21/7). Al gobierno le resta dirimir una contraoferta presentada por un grupo minoritario de bonistas, quienes reclaman una supervisión del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las finanzas nacionales (reformas estructurales) y en ciertos casos una suba de las tasas de interés, cuyo estado actual, de acuerdo a las ofertas propuestas por el gobierno, se encuentran por encima de la media internacional.

La lucha es ahora

Mientras Lenín Moreno desenvuelve un ajuste brutal contra los trabajadores, la estrategia correísta siempre fue volcar sus energías a la contienda electoral. Pero además, su “lucha” contra la derecha es una impostura repleta de contradicciones, toda vez que pretende desplazar a Lenín Moreno del poder armando un frente electoral con fuerzas derechistas, como el Movimiento Centro Democrático, que en las elecciones legislativas de 2017 puso como cabeza de lista al empresario Jorge Norero.

Otro campo que merece atención es el de la izquierda y las organizaciones campesinas. Este bloque rechaza a Lenín Moreno pero también a Correa, con quien confrontó durante su administración. Pachakutik (brazo político de la Conaie) se encuentra seleccionando a sus precandidatos presidenciales, entre ellos Leonidas Iza (presidente de Cotopaxi, movimiento indígena y campesino) y Jaime Vargas (presidente de la Conaie), quienes formaron parte del ala más radical de la Conaie en el marco de la rebelión popular de 2019. La Conaie, liderada por Vargas, acaba de presentar un programa para “enfrentar la crisis”, cuya viga maestra es la aplicación de un impuesto a las grandes fortunas y la suspensión del pago de la deuda externa (junto con una auditoría que investigue la deuda tomada desde 2014 hasta la fecha). Leonidas Iza se referencia en el nacionalismo indigenista de Evo Morales y ha planteado “políticas de beneficio para pequeños y medianos productores”.

Los límites políticos de este espacio quedaron de manifiesto durante la rebelión de octubre, ya que el planteo de la Conaie se restringió al reclamo de la anulación de la quita al subsidio a los combustibles, evitando una lucha por la caída del gobierno ajustador. Otra expresión de las contradicciones que posee el espacio se puede ver en el apoyo de algunos dirigentes de la Conaie al banquero Guillermo Lasso en el balotaje ecuatoriano de 2017, con el argumento de vencer a Lenín Moreno (entonces candidato de Correa).

Conclusiones

Sin negar el carácter antiobrero que tuvo su gobierno e incluso la corrupción que hubo durante su administración, es preciso rechazar la tentativa de proscripción de Correa y su espacio político, toda vez que su consumación no haría más que fortalecer al gobierno ajustador y su avance sobre las libertades democráticas.

Al mismo tiempo, el desafío inmediato que tiene por delante la gran masa de obreros y campesinos ecuatorianos es derrotar la política ajustadora de Lenín Moreno. Esto plantea la necesidad de un congreso de bases de las organizaciones obreras y campesinas para votar un plan de lucha.

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