La crisis de Bolivia no se resume en la alta desocupación y en el saqueo de sus riquezas. Todas las clases propietarias vinculadas al modo de producción capitalista están sufriendo las consecuencias de la disolución de las relaciones sociales.

 

Un reciente informe de Confederación de Industrias revela la gravedad de la quiebra del capitalismo boliviano. La recesión ya se arrastra desde hace cuatro años, el desempleo es astronómico (dos de cada tres trabajadores perdieron su empleo en los últimos cuatro años), la deflación convierte en impagables las deudas.

 

Al primer trimestre de este año, el endeudamiento empresario totalizaba mil millones de dólares (el 10% del PBI). La insolvencia y la crisis, asegura el informe, afectan a nueve de cada diez empresas. Los principales acreedores son los bancos, que han comenzado una agresiva política de ejecuciones de hipotecas y garantías. “Los remates y ejecuciones son cada vez más expeditos”. La reprogramación de las deudas bancarias, impulsada por el gobierno, no logró resolver el problema. Pese a que se “reprogramaron” deudas por 849 millones de dólares, los beneficiarios volvieron a incurrir en moras e incumplimientos. El fracaso de la reprogramación certifica que la quiebra de la industria boliviana no tiene retorno.

 

Ante la quiebra, el planteo de la burguesía es totalmente parasitario: reclaman la “nacionalización” de las deudas… para que sean pagadas por el pueblo.

 

La rebelión popular – al repudiar el saqueo de la nación por los pulpos capitalistas – pone sobre el tapete la necesidad de una completa reorganización política y social de Bolivia. Bajo el yugo imperialista y la dominación del capital, Bolivia no tiene salida.