Internacionales
15/10/2026
La rebelión estudiantil francesa desafía el ajuste de Macron
El fantasma de la huelga general de mayo de 1968
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La rebelión estudiantil francesa ha obligado al gobierno a anunciar el nombramiento inmediato de 3.000 refuerzos docentes, que ya se están efectivizando, para cubrir vacantes largamente reclamadas, y ha alterado una crisis que el gobierno y los partidos tradicionales pretendían encauzar hacia las elecciones de 2027. Las concesiones no resuelven los reclamos y el ajuste presupuestario lanzado por el gobierno de Emmanuel Macron contra la educación, la salud y los gastos sociales, sigue en pie. El desenlace depende de la extensión de la lucha a la masa de trabajadores, a los lugares de trabajo.
El 13 de octubre, secundarios, universitarios y trabajadores educativos protagonizaron el “acto V” (quinta jornada de la movilización estudiantil) todavía sin un balance definitivo. El 6 de octubre reunió unas 266.000 personas según las autoridades y alrededor de 450.000 según los organizadores. La participación cambia entre jornadas y regiones. El gobierno anuncia un retroceso, pero no ha conseguido cerrar el conflicto.
La protesta comenzó en septiembre en los liceos de la periferia popular de París, donde residen gran parte de los hijos de los trabajadores inmigrantes. Se extendió a otras ciudades y alcanzó establecimientos de sectores más acomodados. Sus reclamos parten de la experiencia cotidiana: profesores ausentes sin reemplazo, aulas superpobladas, edificios deteriorados y horarios que pueden extenderse de ocho de la mañana a seis de la tarde. Se agrega el rechazo a Parcoursup, la plataforma de admisión universitaria cuestionada por su opacidad y por reproducir las desigualdades educativas. Las organizaciones estudiantiles reclaman una inversión inmediata de 10.000 millones de euros.
Los universitarios incorporaron sus propios reclamos contra los recortes, los aranceles y la insuficiencia de plazas, a lo cual se agrega la aparición en escena de un sector de los trabajadores. En primer lugar los bomberos, convertidos en héroes populares por el rol jugado en el caluroso verano europeo combatiendo en difíciles condiciones los incendios forestales que asolaron Francia. Incorporaron sus propios reclamos de aumento salarial, puestos adicionales, más equipamiento y vehículos, protección de su salud y reconocimiento de los rasgos de la profesión. Enarbolan en su programa de acción el apoyo a los estudiantes en lucha. Padres, docentes y militantes sindicales han intervenido para proteger los bloqueos y la solidaridad alcanza incluso a centros educativos de élite, de “les Grandes Écoles”, como Assas y Mines Paris.
Las luchas contra la reforma jubilatoria, el rechazo a la violencia policial y la solidaridad con Palestina confluyen en la politización juvenil. También han dejado sus huellas las experiencias de los “chalecos amarillos”, aunque ella ha tenido una composición más heterogénea, reflejando intereses contradictorios.
El gobierno desplegó una represión que dejó miles de detenciones, numerosas de menores, y lesiones graves y acusó a La Francia Insumisa (el partido político liderado por el socialista Mélenchon) de alimentar los disturbios. Un estudiante perdió una mano por una granada policial en Lens. La suspensión de las granadas aturdidoras reconoce las consecuencias de ese accionar, sin desmantelar el dispositivo represivo. La defensa de la libertad de manifestación pasó a incorporarse al conflicto educativo y amplió sus apoyos.
El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció la movilización de unos 3.000 docentes disponibles para cubrir faltantes. Organizaciones estudiantiles lo consideraron una primera conquista de la lucha, aunque insuficiente. La CGT cuestionó el alcance y la concreción de esos puestos. El anuncio faculta al gobierno a redistribuir personal y trasladar carencias entre establecimientos. El gobierno mantiene Parcoursup y ofrece una consulta nacional para recuperar el control del calendario.
Los límites de esa respuesta están en el presupuesto de 2027, que contempla un ajuste del orden de 54.000 millones a través del ataque a jubilaciones, salarios públicos y partidas sociales. La Intersindical denuncia el congelamiento de prestaciones y remuneraciones y la reducción de los recursos de los servicios públicos. Las necesidades educativas chocan con una política que descarga la crisis fiscal sobre los trabajadores.
La clase capitalista sostiene esta política de austeridad y quiere evitar que las concesiones terminen por hacer descarrilar el recorte que se ha hecho del presupuesto. El presidente de Euronota, Stephanie Bajuna, el grupo que administra la Bolsa de París y otras bolsas europeas, sugirió gastar menos en jubilaciones para disponer de más dinero para los jóvenes (Reuters, 9/10). Financiar la enseñanza con otro ataque a los jubilados preservaría el ajuste y dividiría a quienes deben enfrentarlo.
Las centrales de trabajadores ante la extensión de la lucha
El 29 de septiembre, más de 200.000 trabajadores públicos se movilizaron contra el ajuste, con una importante presencia de bomberos. El 13 de octubre, la coordinación educativa (que abarca a estudiantes y docentes) llamó a la huelga por los reclamos estudiantiles y por cargos, salarios y condiciones laborales. En el sector privado hay conflictos: el 9 de octubre continuaba la huelga en 23 estaciones de Argedis, filial de Total Energies, por aumentos y compensaciones para el traslado al trabajo.
La onda expansiva de la movilización empieza a sentirse en el sector público de los trabajadores donde impacta en forma más directa la poda del presupuesto, pero todavía no ha llegado a la clase obrera industrial. Las centrales reconocen el reclamo de los estudiantes, pero han acompañado el movimiento “a la distancia”, evitando que el conflicto termine por desembocar en una situación explosiva. Pero la envergadura de la movilización que está sacudiendo el país los ha obligado a convocar un paro nacional que quedó fijado para el 5 de noviembre. Se trata de una jornada de huelga y manifestaciones, pero aislada, sin un plan para sostenerlas hasta conquistar los reclamos. La fijación de la fecha abrió una fricción entre las direcciones sindicales: CGT, FSU, Solidaires y FO propusieron inicialmente el 15 de octubre, pero CFDT, UNSA y CFTC prefirieron noviembre. La mayoría terminó aceptando esa fecha en nombre del “consenso sindical” (Reuters, 10/10). Veinte días, en las actuales condiciones vertiginosas, es una eternidad. El intervalo deja a los estudiantes solos entretanto, enfrentando al aparato estatal, y cargando sobre sus hombros el riesgo de desgaste de un movimiento que ya viene de varias semanas de lucha. La conducta de la CFDT es la que ha ido más lejos en esta política: critica los excesos policiales, pero prioriza el diálogo con el gobierno y denuncia la “instrumentalización” de la protesta por la izquierda.
El aplazamiento da tiempo al gobierno para administrar concesiones y aprovechar el receso escolar. Circula también una convocatoria para el 17 de octubre contra la carestía del combustible, respaldada por antiguos “chalecos amarillos” y sectores políticos y sindicales. Su alcance aún debe comprobarse; pero puede llegar a convertirse en un punto de apoyo para extender el movimiento.
La crisis presidencial y la salida obrera
Macron llega a esta confrontación con solo un 15% de opiniones favorables y un 82% de rechazo, según Ipsos, en una encuesta realizada el 7 y 8 de octubre. El primer ministro, Sébastien Lecornu, obtiene un 22% de aprobación. El desgaste social se combina con la falta de mayoría parlamentaria y la presión financiera para aprobar el presupuesto a lo que se agrega que Macron ya no puede presentarse en las elecciones de 2027.
La ultraderecha busca capitalizar el descrédito presidencial sin satisfacer los reclamos. Marine Le Pen defiende a la policía y ofrece garantías a los mercados: presentó una propuesta para reducir el déficit en 140.000 millones de euros en cinco años. La derecha tradicional también prepara reducciones del gasto y aumentos del tiempo de trabajo. Disputan quién conducirá esa reorganización contra los trabajadores.
La Francia Insumisa respalda las protestas. Mélenchon propone terminar con la selección universitaria y votar desde los 16 años, mientras busca apoyo para su candidatura y pretende encauzar al movimiento en torno a una salida electoral.
El conflicto, luego de varias semanas, entra en un momento clave. Su futuro gira en torno a la capacidad de extensión del movimiento que abra el camino hacia la huelga general para derrotar el ajuste. Esa orientación requiere asambleas en cada establecimiento y empresa, delegados elegidos y revocables y coordinaciones entre estudiantes y trabajadores. El reclamo a las centrales de un plan de lucha ocupa un lugar en el plan de acción, mientras se impulsa la organización y movilización desde las bases. La unidad de acción debe reunir a quienes defienden los reclamos, sin subordinarlos a acuerdos parlamentarios, ni al calendario electoral.
El programa común debe unir cargos y plazas educativas con aumentos salariales y jubilatorios, defensa del empleo y retiro del presupuesto de ajuste. También exige el cese de la represión y la libertad y el desprocesamiento de los detenidos por luchar. Los recursos deben salir de las ganancias y grandes fortunas, de la supresión de los subsidios al capital y de las partidas presupuestarias del rearme y del pago a los acreedores financieros. La carestía energética plantea avanzar sobre los monopolios, con la expropiación bajo control obrero.
Defendemos una perspectiva que vincule la huelga general con la lucha por una salida de los trabajadores a la crisis política. Derrotar a Macron y Lecornu no debe desembocar en el acceso al poder de la derecha, que va a ir aún más lejos en un ataque contra el pueblo. La puesta en pie de una dirección revolucionaria, independiente, sin ataduras con la centroizquierda y la burocracia sindical, debe permitir que los trabajadores y sus organizaciones disputen el rumbo del país y enfrenten el poder económico que convierte la educación, los salarios y las jubilaciones en variables de ajuste. Muchos han visto en las actuales combativas movilizaciones la perspectiva de que se podría replantear la huelga general de mayo de 1968. Por de pronto se ha abierto el camino para organizar una gran vanguardia estudiantil y obrera que se vaya desarrollando como alternativa de dirección en este proceso.
