Bastaron pocas horas de combate en Chiapas para mostrar la envergadura de la rebelión y por sobre todo la incapacidad del Estado para dominar la totalidad del territorio nacional: el Ejército Zapatista capturó rápidamente varias ciudades importantes —en una región donde se concentra “la flor y nata” del Ejército mexicano. El estallido de la rebelión campesina de Chiapas hizo aflorar la profunda fractura del Estado mexicano.

Junto con los primeros combates, surgió en todos lados la misma pregunta: ¿cómo pudo estallar una rebelión de semejante magnitud -la mayor desde 1910- sin que el Estado pudiera detectarla? Y si la detectó, ¿por qué fue incapaz de evitar su estallido? Cualquiera sea la respuesta —desde la hipótesis de un “montaje” oficial sostenida por Cuauhtémoc Cárdenas del PRD, hasta la que afirma que Salinas no podía desatar una represión violenta mientras estaba negociando el Nafta— es evidente, como lo señala el “guerrillerólogo” Jorge Castañeda, que “la descomposición del Estado es mucho mayor de lo que se pensaba” (Página 12, 5/1).

Porque expresó de manera tan brutal la fractura del Estado mexicano, el odio de las masas al conjunto de las instituciones del Estado y el antagonismo irreconciliable entre las reivindicaciones campesinas y el régimen político y social, la rebelión de Chiapas es —como lo dijera El Norte de Monterrey (reproducido por La Nación, 4/1)— “un desafío político y militar a todo el orden establecido”.

Salinas maniobra

La extensión geográfica de la rebelión (el EZLN dominaría aún hoy el 25% del territorio del Estado -Página 12, 25/1), el respaldo campesino a los zapatistas y el fracaso de la represión militar llevaban al Estado mexicano a una guerra prolongada, con resultados inciertos. Esto porque “en las alturas de Chiapas… las autoridades se equivocarían en extirparla por la fuerza. En las mismas alturas boscosas, en la Guatemala vecina, eso no ha sucedido: la implacable política de tierra arrasada llevada a cabo al comienzo de los ’80 en las comunidades indígenas no logró resolver nada fundamental” (Le Monde, 12/1).

La evidencia del fracaso de la política oficial contra la rebelión planteó una crisis política de magnitud: en un cuadro de respaldo popular a la rebelión en México —reflejada en una enorme manifestación en la capital de 100.000 personas contra la represión— y en el exterior, de denuncias internacionales de violaciones a los derechos humanos y de una espectacular caída de la Bolsa mexicana, saltó a la luz una profunda división en el seno del oficialismo: toda una ala del PRI reclamaba el cese de la “vía militar” para dar lugar a negociaciones con el EZLN. En resumen, “en diez días de vacilaciones, salió a la luz lo esencial, la descomposición del régimen de partido-Estado” (El Cronista, 12/1).

La crisis política —que Brecha (21/1) llega a definir como un “visible vacío de poder”— obligó a Salinas a un giro político: desplazó del ministerio del Interior a Patrocinio González, cabeza del ala “dura” del PRI y ex gobernador de Chiapas, acusado de numerosos crímenes contra los indígenas y campesinos, y lo reemplazó por un hombre del ala “negociadora”, un ex dirigente de la organización oficial de defensa de los derechos humanos. El líder de esta fracción (y ex pre-candidato a suceder a Salinas en la presidencia), Manuel Camacho, fue designado a la cabeza de una comisión gubernamental encargada de entablar negociaciones con el EZLN. El obispo de Chiapas, Simón Ruiz, un tercermundista catalogado inicialmente como “agitador e ideólogo del EZLN”, fue convocado para actuar como mediador de paz con la guerrilla y se convirtió, con el respaldo oficial de la Iglesia, en la pieza clave de la política oficial, junto con el negociador Camacho, “es decir, en el árbitro de la situación” (Brecha, 21/1). Al mismo tiempo, Salinas decretó un alto el fuego unilateral, dictó una amnistía y reemplazó al gobernador de Chiapas por un abogado de ascendencia indígena y comenzó a liberar a los campesinos presos. Y lo más importante, el propio Camacho reconoció al EZLN como “fuerza beligerante”.

Le Monde (12/1) sostiene que el cambio de la política oficial “podría aparecer como una victoria del EZLN… si no fuera una jugada muy hábil de Salinas (para enfrentar la crisis política)”. ¿Lo ha logrado? Ciertamente, una fractura del Estado y un agotamiento del régimen político como los que la rebelión puso en evidencia, no se superan con un simple recambio ministerial. El reconocimiento del EZLN como “fuerza beligerante”  institucionaliza la fractura del Estado y la ruptura del monopolio político del PRI, que ha sido la “forma de existencia” del Estado mexicano en los últimos sesenta años. Esta debilidad oficial condiciona el desarrollo de las próximas elecciones y al futuro gobierno, al punto que El Cronista (12/1) llega a afirmar que ha comenzado “la era post-PRI”. Pero lo esencial es que el“giro” de Salinas constituye el punto de partida de una política de reconstrucción del Estado, que sólo llegará a buen puerto si logra integrar a la guerrilla a la defensa del orden social y político, como lo han logrado el imperialismo y los explotadores en El Salvador, en Colombia y en Guatemala. Fue precisamente por esto que “todos”, desde el imperialismo a la burguesía mexicana, pasando por la Iglesia, la prensa mundial y el PRD saludaron el “giro” de la política oficial del “exterminio” a la “negociación” con los zapatistas.

La política del EZLN

A poco del anuncio de Salinas, la dirección del EZLN aceptó negociar con el gobierno y fijó una serie de condiciones. La “agenda” que el EZLN lleva a las negociaciones se focaliza en la “situación económica y social de los indígenas de Chiapas” y en la exigencia de “elecciones libres y democráticas” en todo el país (Página 12, 25/1). En un comunicado, el EZLN afirma que “no tenemos ni el deseo ni la capacidad de luchar para todos los mexicanos” (Financial Times, 26/1) y sostiene que el “resultado de la lucha” será la “creación de un espacio democrático de resolución de la confrontación entre diversas propuestas políticas” (Página 12, 25/1). Por esto es que Castañeda no duda en calificar al programa del EZLN como “reformismo armado” y llega a sostener que el EZLN “no pretende tomar el poder sino imponer reformas democráticas”, lo que constituiría, según Juan Gelman, de Página 12, una “originalidad” respecto de las guerrillas latinoamericanas “excluyentes” de los años ´70 y ´80 (Página 12, 16/1). En realidad, el zapatismo debuta en el punto donde “terminaron” el M19 colombiano, el FMLN salvadoreño o la UNG de Guatemala: en las negociaciones para una “salida política”. Pero como consecuencia de esas “negociaciones” y “acuerdos de paz”  lo que ha sucedido es la integración de las guerrillas a las instituciones del Estado -e incluso, en algunos casos, a sus organismos represivos- pero de ninguna manera la “democratización política”  y mucho menos la satisfacción de los reclamos sociales de los explotados de esos países. El FMLN o los demás llegaron a este punto después de años de lucha y atravesando convulsiones internas; en el caso del EZLN, por el contrario, la negociación con el Estado y la “democratización” aparecen como su objetivo estratégico.

Como Castañeda o Gelman, Brecha (21/1) también alaba “la imagen de una ‘guerrilla reformista’ … que pelea por cosas sencillas: paz, tierra, trabajo, justicia, soberanía y libertad, como base para una democracia plural y participativa”. Pero no hay nada más alejado de la realidad que pretender que las negociaciones con el gobierno pueden dar la tierra a los campesinos o acabar con la opresión que sufren los pueblos indígenas, cuya base social es la dominación de la burguesía; el propio reclamo de “elecciones libres” es ilusorio en tanto el PRI continúe dominando el aparato estatal. Las negociaciones quedarán reducidas a una presión sobre el nuevo gobierno del PRI para influir sobre su política y el reclamo de las “elecciones limpias” quedará reducido a un “proceso de apertura” desde arriba, gradual y controlado, que elimine los aspectos más bárbaros del monopolio político del PRI… algo en lo que también está interesado el imperialismo norteamericano. Es lo que reclama Brecha (21/1) cuando dice que “la lucha de los nuevos zapatistas… y esta experiencia de la sociedad civil será parte de una acumulación de fuerzas para los próximos comicios …”.

Las negociaciones que están por comenzar colocarían al EZLN como interlocutor privilegiado de este proceso político. En este cuadro cobra una enorme importancia el papel que juega la Iglesia en el EZLN: desde el mismo comienzo de la rebelión se ha sindicado a los curas de la “teología de la liberación”  como los impulsores del EZLN. Aunque los zapatistas lo han desmentido, han nombrado al obispo Simón Ruiz como su “único interlocutor reconocido”, lo que en los hechos significa designarlo como su vocero oficial, reconociéndose por este hecho como una fuerza política tributaria del clero. Estos hechos explican la hostilidad con que el PRD recibió al EZLN y la afirmación de Adolfo Gilly -asesor de Cuauhtémoc Cárdenas- de que “la consigna es no dejar sólo al EZLN como interlocutor del gobierno” (Brecha, 21/1).

Aunque ésta es la perspectiva de las negociaciones y del reclamo zapatista de las “elecciones democráticas”, el proceso político real transita por otros carriles porque la lucha de clases se ha agudizado, en un contexto de división y fraccionamiento del poder gubernamental.

La contradicción estridente entre el carácter objetivo de la rebelión que desnudó la fractura del aparato estatal y puso en un primer plano las reivindicaciones agrarias y sociales de los campesinos mexicanos- y la política democratizante del EZLN, y la no menos estridente contradicción entre la descomposición del régimen político y su necesidad de proceder a una política de reconstrucción (fortalecimiento) del Estado, plantean en México un período de prolongada y aguda  crisis política.