A poco menos de un mes de la caída de Trípoli, aún continúan las operaciones militares aéreas de la Otan y el cerco terrestre contra algunas ciudades del país controladas por fuerzas leales al régimen de Gaddafi. La atención está, sin embargo, concentrada en las maniobras de las potencias imperialistas para organizar el proceso de ‘reconstrucción’ y la llamada ‘transición a la democracia’. El Consejo Nacional de Transición (CNT), actual gobierno provisional, se enfrenta de todas maneras a serias dificultades para establecer su autoridad sobre el terreno, donde dominan diferentes grupos armados y se ha quebrado la estructura del aparato estatal.

El imperialismo y Gaddafi

Los sucesos de las últimas semanas han confirmado los fuertes vínculos del antiguo régimen de Gaddafi con el imperialismo. Diversos hallazgos en oficinas abandonadas por el régimen en Trípoli han expuesto los estrechos vínculos que existían entre Gaddafi y las potencias imperialistas. Han salido a la luz, por ejemplo, las relaciones de los aparatos de espionaje norteamericano y británico con el régimen libio, así como la colaboración de éste en la entrega de prisioneros acusados de “terrorismo”, sometidos a diversas prácticas de abuso, tortura y desaparición. La colaboración era recíproca: se conoció que el gobierno de Tony Blair puso en arresto domiciliario a disidentes libios que se encontraban con asilo en Gran Bretaña, luego de firmar acuerdos con Gaddafi en el año 2004 (Daily Mail, 11/9).

Se ha dado a conocer, asimismo, un contrato de la empresa británica General Dynamics para vender armas por 85 millones de libras al régimen de Gaddafi, obtenido gracias a la acción del embajador británico en Trípoli en el año 2008. Algunos de los estrechos vínculos del imperialismo con Gaddafi continuaron incluso hasta bien entrada la guerra, cuando ya la Otan había cambiado de frente. Es el caso del ex canciller adjunto del gobierno de George W. Bush, David Welch (actualmente ejecutivo de la multinacional yanqui Bechtel) que tiene “multimillonarios contratos de construcción en todo Oriente Medio”, quien impulsó proyectos en el Congreso norteamericano para detener la operación de la Otan y se reunió hasta el mes de agosto con funcionarios de Gaddafi.

El reparto de Libia

Con la caída de Trípoli y el derrumbe final de las fuerzas leales a Gaddafi, se ha desatado una auténtica carrera entre las potencias imperialistas, sus cancillerías y sus principales empresas, para asegurarse un lugar privilegiado en la “nueva Libia”. Sarkozy organizó hace algunos días, en París, una cumbre de países “Amigos de Libia”, la que contó con la presencia de los principales dirigentes del CNT. Al mismo tiempo que se realizaba la cumbre, el diario Liberation difundió una carta, fechada en abril, donde la disidencia acordaba entregar a los franceses el 35% del crudo del país a cambio de su apoyo en la guerra civil en curso. El canciller de Sarkozy “consideró lógico que los países que apoyaron a los rebeldes sean privilegiados a la hora de la reconstrucción” (Ambito, 2/9). Franco Frattini, ministro del exterior de Italia (país con histórica influencia en Libia), tuvo que salir a aclarar que su país “no disputa una carrera colonialista contra Francia para ver quién llega primero a Libia”. El Departamento de Estado norteamericano, por su parte, consideró necesario “salir al paso de la impresión creada de que Francia y Reino Unido han sido los auténticos artífices” de la operación en Libia. China ha quedado mal parada en el nuevo realineamiento de las potencias, particularmente luego de que trascendiera que inició negociaciones para vender armas a Gaddafi en julio pasado -es decir en plena guerra civil: Beijing mantiene frenado el descongelamiento de los fondos libios, reclamando garantías para sus inversiones en Libia, que según algunas fuentes ascienden a más de 50 proyectos por unos 20 mil millones de dólares y emplean a más de cuarenta mil trabajadores (Clarín, 3/9). Algunas versiones informan, incluso, de una crisis política entre quienes promovieron los acuerdos comerciales para la venta de armas y quienes recomendaban una mayor cautela -en China todas las empresas de armamento son estatales (New York Times, 12/9).

Por detrás de los posicionamientos diplomáticos, se procesa la carrera de las diferentes multinacionales imperialistas para picar en punta en la “reconstrucción” de Libia. El 6 de septiembre, 400 empresas francesas -entre las que se destacaban Alcatel, Alstom, Peugeot y Total- participaron de un ‘seminario’ organizado por la cámara de comercio franco-libia, “con el objetivo de informarse sobre los proyectos de inversión en ese país”. El secretario de Estado de Comercio Exterior francés planteó allí que “Francia goza de un capital de simpatía elevado ante las nuevas autoridades libias y es normal que las compañías galas se aprovechen del mismo” (Ambito, 7/9). Una posición preferente es la de Vitol, el mayor comercializador de petróleo del mundo, que aceptó venderle gasolina a crédito a los rebeldes desde las primeras etapas de la guerra civil, cuando otras operadoras petroleras dudaban en hacerlo, dados sus vínculos con el régimen gaddafista. La apuesta de Vitol -que contó con el respaldo del Tesoro norteamericano y el gobierno yanqui, que liberó una parte de los fondos libios congelados para pagar por la gasolina- “la ha catapultado a una posición de liderazgo en la Libia post-Gaddafi” (Financial Times, 6/9).

Otro aspecto central es el mantenimiento de los contratos establecidos por el régimen de Gaddafi con diversas multinacionales extranjeras. Según The Guardian (11/9), “buena parte de la corrupción de Libia está institucionalizada en los contratos de largo plazo firmados por el régimen de Gaddafi con compañías de diferentes lugares del mundo, particularmente Rusia, China, Italia, Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos: el CNT ha sido objeto de una tremenda presión por parte de estos países para anunciar públicamente que estos contratos serán respetados, lo cual ha hecho”. Los contratos “incluyen grandes sumas en pagos ilegales a miembros de la familia de Gaddafi y otros partidarios”. El post-gaddafismo, como se observa, nace como una continuidad del régimen de Gaddafi por otros medios.

Los límites del nuevo gobierno

La carrera por el reparto del botín libio puede quedarse en los papeles, si antes el imperialismo no logra asegurar la capacidad del CNT para controlar el país. Los distintos voceros del imperialismo, quienes repiten sus intenciones de evitar que Libia se convierta “en una nueva Irak”, se refieren explícitamente a la necesidad de salvaguardar el aparato estatal del régimen gaddafista, para evitar la disgregación social y regional de un país con reservas petroleras inmensas. Pero aún está por verse si podrán evitarlo: en Trípoli y otras ciudades, la policía se ha desbandado y no quedan rastros del antiguo ejército. La posesión de armas está generalizada entre la población y el gobierno provisional está muy lejos de poder controlar el ‘orden’.

El Consejo Nacional de Transición, compuesto por varias decenas de delegados que representan formalmente a los ‘comités’ de las diferentes ciudades y regiones del país, está hegemonizado por los dirigentes del movimiento de Bengasi. Según el corresponsal de El País (8/9), “liberales, abogados, tecnócratas y exiliados principalmente en Estados Unidos nutren el Ejecutivo”, en el cual tienen escasa representación muchos otros grupos que participaron del movimiento rebelde y ven con recelo el liderazgo de los dirigentes del CNT. “Para el CNT es clave integrar las múltiples milicias en un nuevo ejército y una nueva policía. Por el momento, cada consejo local administra sus asuntos militares y nombra su propio jefe de seguridad: en Trípoli, por ejemplo, se rechazó el nombramiento impulsado por Bengasi y se insistió en poner al mando a Abdelhakim Belhaj, un ex jihadista, a cargo de la ciudad” (The Economist, 10/9). Belhaj fue detenido en 2004 por fuerzas norteamericanas, las que lo entregaron al régimen de Gaddafi, acusándolo de terrorismo y vínculos con Al Qaeda. Aunque ahora ha negado estas acusaciones y planteado que pretende “un estado civil que respete las leyes y los derechos y haga justicia, no un régimen al estilo talibán”, lo cierto es que las diferencias del mando rebelde en Trípoli con el CNT ya han alcanzado un nivel muy serio. En los últimos días, “aparecieron voces de dirigentes islámicos moderados demandando la renuncia completa del Comité de Transición: rechazan que esta conducción administre los miles de millones de dólares pirateados por Gaddafi y que los bancos del mundo devolverán al país” (Clarín, 8/9).

También se han multiplicado, por otra parte, las denuncias de una “caza de brujas” contra inmigrantes negros de origen subsahariano: “los rebeldes los acusan de haber sido mercenarios a sueldo del régimen de Gaddafi, aunque muchas de sus historias parecen las de inmigrantes llegados a Libia en busca de una mejor vida: ‘Aquí no hay negros, los negros viven en el sur y en Trípoli, los blancos. Trípoli es para los libios, no para los blancos’, explica el capitán de una de las milicias de la ciudad” (Ambito, 1/9). Los inmigrantes subsaharianos, que antes de la guerra civil sumaban aproximadamente dos millones y medio, constituyen el grueso de la clase obrera de Libia, cuya población total es de poco más de seis millones de habitantes.

Lo que se desarrolla en Libia es el intento imperialista de operar sobre el proceso de la revolución árabe para reforzar sus posiciones en el norte de Africa y condicionar las rebeliones populares en toda la región. Sus límites, sin embargo, están al rojo vivo.