El juez Baltasar Garzón ordenó la ilegalización de Herri Batasuna, el partido nacionalista vasco ligado a la Eta, el cierre de sus locales, oficinas e instituciones, y el congelamiento de sus cuentas bancarias. Al mismo tiempo, el Partido Popular de Aznar y su “oposición socialista” hicieron aprobar en el Parlamento el reclamo a la Corte Suprema para que ponga a Batasuna fuera de la ley con el argumento de que violó la ley de los partidos políticos.

¿A qué responde la ilegalización de Batasuna? Según el PP, los socialistas y Garzón, se trata de un paso para “terminar con el terrorismo”. Pero incluso entre los enemigos de la Eta y del nacionalismo vasco, esta explicación es puesta en duda. “La derrota de Batasuna en las elecciones vascas fue el preludio de una serie de síntomas de aislamiento político y de crisis en el mundo arbetzale (nacionalista vasco) radical. La eficiencia policial contra los comandos de la Eta, que caen con una inusitada rapidez, y la acción judicial contra el entramado Eta-Batasuna, han debilitado enormemente su estructura organizativa. Batasuna está en un callejón sin salida. En este contexto, ¿la ilegalización es necesaria para seguir avanzando, como pretende el Gobierno?” (Josep Ramoneda, El País, 28/8).

Otros comentaristas señalan que la ilegalización de Batasuna responde a consideraciones electorales, ya que esta medida sería “muy popular” en el resto de España. Por el mismo motivo, argumentan, el Partido Nacionalista Vasco, el partido de la gran burguesía vasca, votó en contra de la proscripción pero no utilizó ninguno de los poderes autonómicos del gobierno vasco para impedirla: espera quedarse con los votos del proscripto Batasuna. Pero más allá de las conveniencias electorales, lo que está en juego es la propia cuestión vasca.

El País Vasco es el único gobierno autónomo que recauda para sí la totalidad de los impuestos que se cobran en la región (Cataluña no recibe más del 30% de los que se recaudan allí). La gran industria y la gran banca vasca, a la vez que mantienen negocios en y con el Estado español, tienen una fuerte competencia con grupos financieros e industriales “españoles”. Para el gran capital vasco, el nacionalismo es una de sus cartas para defender frente al gobierno español y en la Unión Europea. En esta dirección, muchas veces se ha valido de Batasuna.

La relación entre el gobierno vasco y el de Madrid atraviesa una seria crisis, como lo revela la iniciativa del primero de avanzar unilateralmente en la reforma del “Estatuto de Autonomía”. El ministro de Justicia del gobierno vasco planteó incluso que “ya ha llegado el momento de posicionarse a favor de la independencia”, y el presidente del Comité Ejecutivo del PNV afirmó que “se está acelerando el proceso de emancipación nacional” (El País, 2/9).

En este juego de choques y presiones cruzadas entre el gobierno vasco y el de Madrid, la ilegalización de Batasuna está enderezada a marcarle los “límites” al nacionalismo vasco. El vocero del PNV, Joseba Egibar, denunció que “la ilegalización es el punto de arranque para una escalada represiva, con el propio PNV como punto de mira” (El País, 31/8).

Frente a la cuestión vasca, la izquierda “oficial” española no ha actuado como partidos obreros – que defienden la unidad de los explotados españoles y el derecho de los vascos a separarse de España – sino como partidos “españolistas”, defensores del centralismo monárquico disfrazado de democracia. En el caso de la Izquierda Unida, su dependencia política respecto de la burguesía quedó marcada a fuego: mientras la IU “española” respaldaba, con su abstención, la proscripción de Batasuna, la “vasca” votó en contra… siguiendo las órdenes del PNV, cuyo gobierno integra.