Hace dos años, los partidos principales de la burguesía catalana formaban el llamado “gobierno de los mejores”. El programa de CiU planteaba un pacto fiscal para mejorar la financiación autonómica y la difusa esperanza que inspiraría un gobierno cohesionado y con perspectiva “nacional”.

Las limitaciones del nacionalismo

La crisis ha puesto a cada uno en su lugar. La imagen para la historia es la del presidente Mas tomando un helicóptero para acceder al Parlamento, rodeado por manifestantes que querían impedir la votación de los recortes sociales. Cuatro oleadas de recortes han dejado maltrechas las prestaciones sociales: se redujeron la educación y la sanidad a mínimos insoportables, mientras subieron las tasas y los impuestos, que ahogan a las familias trabajadoras. Pero, como era obvio, esas medidas impuestas sólo han agravado la crisis. A cambio de un mínimo progreso en la consolidación fiscal, la Generalitat de Catalunya se ha visto abocada al retraso de pagos a proveedores, a la Seguridad Social, a empresas concertadas que prestan buena parte de los servicios públicos, así como a no pagar subvenciones y al recorte de nóminas. El ahogo financiero y el portazo del gobierno español a la negociación del pacto fiscal dejaban a CiU sin salida, dependiendo del PP para aprobar unos presupuestos con un tremendo desgaste social.

En esta situación, CiU intenta cerrar el flanco nacionalista que le está presionando y puede desbordarle. Se trata de un renovado y ascendente movimiento de masas por la independencia, alimentado por la frustración popular ante las sentencias del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de autonomía de 2006 y contra el modelo escolar de inmersión lingüística, el cual aseguraba la unidad en una sola comunidad educativa. Las consultas populares locales sobre la independencia, la campaña de declaraciones municipales (650 ayuntamientos de entre 900 han votado a favor de la independencia de Cataluña), la campaña contra los peajes de las autopistas (ya amortizadas, pero que siguen cobrando en Catalunya, cuando en el conjunto del Estado las vías rápidas son mayoritariamente gratuitas), junto con otros agravios históricos -como la restricción a las selecciones deportivas catalanas, por ser competencia potencial de la “Nación” española- han aportado un avivamiento de la cuestión nacional. La tradicional impotencia y atomización de los partidos independentistas ha facilitado a CiU el giro calculado para envolverse en la bandera, para ganar tiempo frente al desgaste inexorable por la política de recortes sociales y para avanzar hacia una nueva perspectiva de Estado. Disolvió el Parlamento, convocó a elecciones anticipadas y planteó un plebiscito junto a la candidatura de Mas -un referéndum de autodeterminación de Catalunya.

La burguesía catalana plantea el Estado propio, pero se conformaría con rehacer las relaciones con el Estado español. Esto es: frenar la política recentralizadora del PP y obtener un reconocimiento especial al que se considera acreedor por el dinamismo económico y cultural; y, por otro lado, recuperar la mayoría absoluta en Catalunya, aprovechando el descalabro del aparato socialdemócrata. En efecto, la manifestación de un millón de participantes en el pasado 11 de septiembre ha eclipsado y ha desplazado del centro de la actualidad las constantes luchas sociales. Pero están ahí: el inicio de un curso más conflictivo por los recortes presupuestarios y el despido de docentes, la huelga estudiantil tras la gran subida de matrículas, movilizaciones de funcionarios, de transportes públicos, de la sanidad.

Son luchas constantes que apuntan al corazón de los problemas. Por eso, la manifestación del 11 de septiembre no puede analizarse sólo por su apariencia -puramente independentista- ni por la gestión de sus convocantes formales -la “Assemblea Nacional de Catalunya”, donde CiU tiene un gran peso-. Los manifestantes no querían el “pacto fiscal” con el gobierno central ni un acuerdo autonómico de soberanía limitada y concedida al estilo de Baviera, que son las opciones que maneja el presidente. A Mas no se le oye pronunciar jamás la palabra independencia y cuando le preguntaron por la contradicción entre pedir el pacto fiscal y construir el “Estado propio” dijo: “Bueno, en los dos casos tenemos que hacer agencias tributarias catalanas”.

Las masas proyectan las ilusiones nacionales, pero también las reivindicaciones sociales. Como la historia no va para atrás, el agotamiento del régimen de la transición española replantea las cuestiones democráticas y sociales históricamente pendientes. La crisis ha debilitado al PSOE y al PCE, a lo que se suma el desgaste de la monarquía y de las instituciones: movimientos como el 15M cuestionan el sistema político, denuncian la corrupción y exigen una asamblea constituyente. Las centrales sindicales convocan la segunda huelga general del año para el 14 de noviembre y su preparación desborda el ámbito de las empresas para tomar un carácter social y político.

Elecciones

Pero en la transición no sólo quedó pendiente la forma de Estado, al respaldarse la monarquía instaurada por Franco. La diversidad plurinacional del territorio español se integra compulsivamente en un Estado centralista, que intenta históricamente uniformizar territorios y poblaciones, el cual está asociado a los sectores más conservadores -terratenientes, Iglesia, Ejército, cuadros de la administración. Este hecho ha impedido la estructuración democrática del Estado. El PSOE de Zapatero fue incapaz de dar fundamento federal al desacreditado marco autonómico y, hoy, el PSC-PSOE catalán- se divide ante la presión nacionalista, mientras prosigue su marcha hacia la irrelevancia.

En este contexto, las elecciones catalanas del 25 de noviembre, planteadas de modo plebiscitario -referéndum de autodeterminación- van al choque institucional y no sólo porque la consulta es ilegal. Las ilusiones de las masas y del movimiento popular no se paran por decreto ni por sentencias de Tribunal Constitucional. La prioridad de la burguesía catalana es dejar clara la vinculación con la UE y que nada cambie -salvo, quizá, la bandera. La pequeña burguesía se moviliza radicalizada en el eje de la separación nacional. El 15M catalán ha sido reacio a asumir el derecho a la autodeterminación, por lo que hasta la izquierda independentista lo ha visto como algo ajeno -con alguna simpatía, pero sin involucrarse.

La novedad en estas elecciones es la presencia de las candidaturas de Unidad Popular (CUP) -movimiento basado en asambleas locales y luchas populares-, que agrupa a los diversos partidos de la izquierda independentista. Se ha dirigido también al tejido asociativo vecinal y a las candidaturas municipales autónomas para ofrecer una plataforma de unidad combativa; recibe, además, el apoyo de varias organizaciones anticapitalistas -Revolta Global, En Lucha, Lucha Internacionalista, Red Roja- y ha recogido más de 27.000 avales en tres días.

La tarea de unir las reivindicaciones democráticas y nacionales con las luchas sociales está ahí: en dar la prioridad a las asambleas obreras y populares que permitan levantar y organizar la voz de los trabajadores, la juventud y las capas populares. La falta de dirección del movimiento obrero hay que suplirla con una práctica consecuente, desde abajo y no con una simple propuesta electoral. La CUP puede ser un paso en esa dirección si los luchadores más conscientes se implican en reforzar una posición revolucionaria hacia el parlamento burgués y son capaces de explicar que la independencia no es un fin en sí mismo: tan sólo abre la puerta a un proceso objetivamente revolucionario.

21/10