El domingo 14 se realizaron elecciones para la Generalitat de Catalunya. La crisis sanitaria, económica y política tanto en el Estado español como en la Generalitat, fueron los motivos que llevaron a anticipar estas elecciones. España con más de 80.000 muertos por Covid y una caída de más de 11% del PBI tiene de los peores indicadores de Europa en esta crisis mundial. Sin embargo, la fecha de las elecciones anticipadas las impuso el aparato judicial heredado del franquismo y utilizado a piaccere por el PSOE (partido socialista) y el Partido Popular (PP). Se realizaron en pleno desarrollo de la tercera ola de contagios porque las encuestas beneficiaban al candidato del presidente Pedro Sánchez (PSOE) y para evitar el sorpaso de Vox al PP. La participación electoral fue la más baja en 30 años y bajó a solo el 53% del padrón, 24 puntos menos que en las últimas elecciones.

El PSC-PSOE ganó la elección con el 23% y sumó una mayor cantidad de diputados que la elección anterior, pero no le alcanzará para formar gobierno. En términos absolutos, apenas incrementa su votación respecto a 2017. Esto a pesar de contar con todo el apoyo de Madrid y el Estado para “pasar página” y terminar con el masivo reclamo de independencia.

En tanto, se produce un hundimiento de la llamada “derecha constitucionalista”. El partido del IBEX 35, Ciudadanos, que había ganado las elecciones anteriores, perdió casi un millón de votos (y cayó del 25 al 5%). El PP también retrocedió y no llegó al 4%. De conjunto, este sector realizó su peor elección desde 2006 y perdió la mitad de los diputados que tenía en el Parlament. Esto fue en parte aprovechado por la ultraderechista Vox, que obtuvo casi el 8% en su primera presentación y consagró once diputados.

Los partidos del Govern (Esquerra Republicana de Catalunya -ERC-, Junts per Catalunya) también tuvieron un retroceso en las urnas en cantidad de votos. ERC y Junts perdieron en conjunto más de 700.000 sufragios. La política capituladora de estas dos fuerzas en el proceso independentista les pasó factura. Adicionalmente, acompañar los presupuestos del Frente Popular (gobierno central de Madrid) y Bruselas (Unión Europea) castigó a ERC. La Candidatura de Unidad Popular (CUP, partido de la izquierda radical “amplia”), con casi el 7%, salta de 4 a 9 diputados, si bien no obtiene más votos que en la elección anterior. De conjunto, el bloque de partidos que se reclama independentista obtiene mayoría de bancas y casi el 50% de los votos (21% ERC, 20% de Junts, más el 7% de la CUP), que ascienden a más del 50% si se computa al Partido Democrático Europeo Catalán (PDCAT), aunque en una elección con una participación mucho menor a la anterior. El PDCAT, partido clave de la burguesía liderado por el ex titular de la Generalitat Arthur Mas, que monopolizó la política durante cuatro décadas, quedó directamente fuera del parlamento.

Cataluña en Comú-Podemos, que siempre buscó presentarse como una tercera vía entre el independentismo y Madrid, también tuvo un fuerte retroceso en la cantidad de votos, al perder más de 100 mil. Pero conservó las bancas que tenía.

Las elecciones no solo no resolvieron la crisis política sino que la profundizan con un Parlament más fragmentado, al que se suma la ultraderecha, pero con retroceso de las derechas tradicionales de los independentistas y de los españolistas.

ERC plantea la “vía amplia” para presidir el Govern, esto implica construir un frente popular en Catalunya que abarque a Junts, la CUP, Podemos y las organizaciones sociales y sindicales. Una “tabla de diálogo” ya pactada con Sánchez será la cobertura para, por un lado, desmovilizar a los trabajadores y las masas en su anhelo de independencia y terminar con el régimen del 78 y por el otro para aplicar las políticas de ajuste de Bruselas y Madrid en medio de la peor crisis económica desde la guerra civil.

En tanto, el Estado inmediatamente dio su respuesta a el resultado electoral. El lunes 15 la fiscalía (en manos del PSOE y Baltazar Garzón, el juez “kirchnerista” que cubrió a las bandas paramilitares en el País Vasco) ya pidió la vuelta a prisión de todos los presos políticos incluido el presidente de ERC Oriol Junqueras, y se aprestaba a encarcelar a Pablo Hasél por realizar un rap contra el exrey Borbón fugado en Qatar.

Los trabajadores de Catalunya y de todo el Estado deben volver a las calles, y preparar la huelga general para terminar con la reforma laboral, la “ley mordaza” que termina con la libertad de expresión, el pacto de Toledo que condena a la miseria a los jubilados y con todo el régimen franquista. Se trata de una monarquía surgida y sostenida por la derecha franquista y el apoyo de la centroizquierda frentepopulista. Los trabajadores debemos recuperar los sindicatos y construir un partido independiente del Estado y de la burguesía y sus partidos y que luche por el derrocamiento de la monarquía y por una federación socialista de los pueblos ibéricos.