Las elecciones del 10-N en España, convocadas como resultado del bloqueo político que alumbraron los comicios de abril, dieron como ganador al presidente Pedro Sánchez (PSOE), que sin embargo retrocedió en votos. 

Velozmente, Sánchez anunció un compromiso de gobierno con Unidas-Podemos, la formación de Pablo Iglesias, que también retrocedió en votos. La rapidez del anuncio tiene un motivo: el PP y Vox (fuerzas de derecha) tuvieron una mejora electoral (en el caso de los últimos, duplica su caudal). Un nuevo empantanamiento político que condujera a una tercera elección podía adelgazar aún más la representación parlamentaria del Psoe y Podemos.

El compromiso se daría en torno a una plataforma de centroizquierda y un reparto de cargos que otorgaría a Podemos una vicepresidencia y tres ministerios. En cuanto al contenido político, Iglesias ya le anticipó a su militancia en una carta que tendrán que “ceder en muchas cosas”. El adaptacionismo de Podemos da un salto con esta inminente integración a la administración general del Estado capitalista.

Sin embargo, al PSOE-Unidas Podemos no le alcanza la suma de sus parlamentarios para asegurarse el gobierno, por lo que ha abierto una ronda de consultas con varios partidos, entre ellos ERC catalán (Esquerra Republicana), del que necesitarán en una de las rondas al menos su abstención.

Catalunya: “siempre dentro de la constitución”

Cualquier posible concesión a las fuerzas soberanistas por parte de Sánchez-Iglesias tiene un límite de hierro. El acuerdo de coalición firmado por el futuro gobierno es claro: “siempre dentro de la constitución”, es decir, siempre bajo la monarquía.

Los recientes llamados de ERC –que obtuvo el primer lugar en Cataluña el 10-N- a sostener las manifestaciones se inscriben en un intento de obtener mayores concesiones del gobierno central. ERC reclamaría la habilitación de un nuevo referéndum para después de las elecciones y algún tipo de amnistía para los líderes del “procés” independentista (El Mundo, 14/11).

En los planes de ERC y JxCat (la fuerza de Charles Puigdemont) no figura la declaración de independencia o un referéndum sin autorización, ya que después de 2017 la dirección del proceso ha considerado perimida la “vía unilateral”.

La CUP, las luchas, las tareas de los revolucionarios

La presentación al parlamento nacional de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), el sector más importante de quienes se reclaman de la izquierda anticapitalista, despertó fuertes expectativas entre los luchadores. Sus 244 mil votos les permitieron conquistar dos bancas y un avance con respecto a elecciones anteriores. Sin embargo, su performance, inferior a la esperada, expresa las dificultades concretas para abrirse paso en un escenario tutelado por la burguesía. Las luchas y rebeliones aportaron al crecimiento de la izquierda, pero no se tradujeron mecánicamente en un apoyo masivo.

En el discurso en el bunker, la diputada electa Mireia Vehí trazó un balance combativo. No obstante, su invocación a un frente “en las luchas” con las fuerzas independentistas de la burguesía, aquellas que quieren pactar con el gobierno central, introduce un elemento de confusión. Si bien se trató de una respuesta -y un rechazo- a la propuesta previa de JxCat de integrarse en un bloque parlamentario común, podría haber utilizado el tiempo para hacer una crítica a la burguesía catalana, ayudando a separar a los trabajadores de sus verdugos.

Para los revolucionarios en Catalunya corresponde continuar en las calles, impulsando medidas como los recientes bloqueos a los pasos fronterizos con Francia. Décadas de “autonomismo” regional demostraron que el acuerdo de las burguesías locales con la monarquía franquista no condujo a ninguna mejora para la clase obrera.

Reclamamos la libertad de los presos políticos, sin condicionamientos. Defendemos el derecho a la autodeterminación nacional y a la independencia de Cataluña, en el marco de una federación socialista de pueblos ibéricos.