El anuncio efectuado por el fiscal del condado de Saint Louis, Robert McCullock, el lunes a la noche, acerca de que el oficial de policía Darren Wilson no sería enjuiciado, es visto en todo el país y en todo el mundo como una farsa judicial.

 

Desde el comienzo, el proceso que llevó a la decisión final fue manipulado en forma fraudulenta con un propósito excluyente: proteger al policía que había asesinado al joven Michael Brown, que estaba desarmado.

 

En vez de presentar cargos para una acusación formal, el Estado convocó a un “grandjury” (un jurado acusador que decide si hay o no mérito para enjuiciar penalmente), que reemplazó el juicio público por una audiencia secreta, a puertas cerradas, en la cual la evidencia fue controlada por la fiscalía, conducida por una persona con estrechas relaciones con la policía. Esto fue seguido por una inusual decisión de la fiscalía de no requerir y discutir imputaciones específicas.

 

Las transcripciones de las actas del “grandjury” revelan una tendencia clara y evidente, donde los fiscales se dedican a desacreditar toda la evidencia, incluyendo los testimonios oculares, que no estaban de acuerdo con el relato requerido. Wilson, por el contrario, presentó su versión durante cuatro horas sin ser cuestionado. A través de las audiencias, la oficina del fiscal buscó enjuiciar a Michael Brown y no a Darren Wilson.

 

En general, los “grandjuries” aceptan las imputaciones que presentan los fiscales, y en este caso no fue diferente. A pesar de la abrumadora evidencia de que se había cometido un crimen, el “grandjury” no presentó una acusación formal porque la fiscalía no lo quería.

 

La absolución de los crímenes de Wilson, sin embargo, no se puede explicar simplemente como resultado de las infracciones de McCulloch. Las acciones del fiscal fueron parte de una operación política extremadamente bien orquestada, en la cual estuvo involucrado en forma estrecha el gobierno de Obama, como se empeñó en destacar el mismo McCulloch.

 

Dada la enorme ira popular por el asesinato de Brown y el claro fundamento legal para un juicio, se podría preguntar por qué el “grandjury” no propuso, al menos, una acusación por un crimen de menor envergadura, como, por ejemplo, homicidio culposo. O por qué no se realizó una acusación y no se llevó a cabo un juicio que, dadas las simpatías de la fiscalía, habría producido, muy probablemente, el mismo resultado: la exoneración de Wilson. En los tres meses que pasaron entre el asesinato de Michael Brown y la decisión final de no procesarlo, sin duda hubo un debate tras bambalinas sobre estas diferentes posibilidades.

 

 

Nuevos precedentes para la represión 

 

Hay dos factores que explican la línea de pensamiento que llevó a la clase dominante a la decisión que tomó. Existe, ante todo, el elemento de la provocación. La clase dominante ha buscado establecer nuevos precedentes para la represión en los Estados Unidos. En realidad, el momento del anuncio de la decisión del “grandjury” parece haber sido calculado deliberadamente para crear las mejores condiciones para la violencia policial.

 

En una escalada en la respuesta a las protestas de agosto, la policía antidisturbios patrulló las calles en la noche del lunes, armada con armas automáticas y vehículos blindados, disparando balas de goma y gases lacrimógenos. El martes, el gobernador de Missouri, Jay Nixon -quien había declarado un estado de emergencia preventivo una semana antes de la decisión del “grandjury”- anunció que 2.200 miembros de la Guardia Nacional, una rama de las Fuerzas Armadas, serían desplegados directamente contra los manifestantes. Una ciudad estadounidense ha sido efectivamente ocupada.

En segundo lugar, la decisión refleja la intención de cerrar filas. Más allá de las alternativas tácticas que se discutieron, finalmente se tomó la decisión de que, frente al aumento del malestar social, no debían hacerse concesiones, porque cualquier concesión sería vista como un signo de debilidad, lo que alentaría una mayor oposición.

 

Sin embargo, al defender su preponderancia a través de la violencia, la clase dominante se ha desacreditado aún más a sí misma ante el mundo entero. Un Estado que ha organizado guerras en todas las regiones del mundo, invariablemente justificadas sobre la base de la defensa de los derechos humanos, emplea las formas más brutales de represión dentro de sus fronteras.

 

En los medios de comunicación existe un cierto nerviosismo acerca de las consecuencias políticas de estas acciones. El columnista del Washington Post, Dana Milbank, por ejemplo, expresa su preocupación de que “el enjuiciamiento patético de Darren Wilson” por parte de McCulloch, haya reforzado “un sentimiento entre los afroamericanos y entre muchos otros de que el sistema judicial se encuentra manipulado”.

 

The New York Times, hablando en nombre de sectores del Partido Demócrata, muestra su preocupación, en un editorial publicado el martes, acerca de que “las calles llenas de cicatrices de Saint Louis y la indignación que continúa reverberando en todo el país… muestran una vez más que la desconfianza en la aplicación de la ley presenta un grave peligro para el tejido cívico de los Estados Unidos”.

Este “grave peligro” ha sido alimentado, según el Times, por la decisión de no procesar a Wilson.

 

Mientras que estos comentarios son generalmente enmarcados en términos raciales, la cuestión de fondo es de clase. La clase dominante es muy conciente de que las políticas que persigue -interminable guerra en el exterior y la contrarrevolución social en el país- son profundamente impopulares. Por un “grave peligro para el tejido cívico”, el Times entiende malestar social.

 

 

Una crisis política

 

Aunque es conciente del desbordante descontento social, la clase dominante no tiene nada que ofrecer. El propio Times coloca sus críticas a la decisión del gran jurado en un marco de elogio para el papel de Obama, como si su gobierno no ocupara un lugar central en el resultado en Ferguson y en la crisis política más amplia a la que hace frente la clase dominante estadounidense.

 

La respuesta de Obama a la decisión del “grandjury” es reveladora. El Presidente, inmediatamente, se apresuró a declarar en cadena nacional que los resultados del juicio eran válidos y legítimos. “Somos una nación construida sobre el imperio de la ley -dijo-, así que tenemos que aceptar esta decisión del ‘grandjury’”. Esto no es más que un respaldo al fraude judicial y legal. Al mismo tiempo que Obama se asocia a una decisión que da licencia a la policía para matar, cuando se refirió a los manifestantes dijo que “nunca hay una excusa para la violencia”.

 

Seis años de administración de Obama no han pasado inadvertidos. Millones de trabajadores y jóvenes en los Estados Unidos han comenzado a llegar a la conclusión de que no existe un mecanismo, dentro del sistema social y político existentes para resolver sus inquietudes o expresar su oposición. Esta comprensión ha sido confirmada por la exoneración de Darren Wilson. Estos son los sellos distintivos de un sistema que se dirige inexorablemente hacia la ruina.