El 13 de agosto se desarrolló en la Ciudad de México, con la mediación de Noruega y el auspicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, una primera reunión que congregó a representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición derechista en la que se firmó un memorando cuyo fin es “destrabar” años de “confrontación” y darle una “salida” a la gigantesca crisis que tiene cabida en el país caribeño.

La agenda a tratar, que tendrá su próximo capítulo a partir del 30 de agosto, contiene una serie de problemas políticos claves en la actual etapa; el gobierno de Maduro exige el levantamiento de las sanciones impuestas por el imperialismo norteamericano-europeo y el reconocimiento internacional de su gobierno, mientras que, por su parte, el campo opositor reclama el ingreso de ayuda humanitaria al país, la excarcelación de elementos afines a los que considera “presos políticos”, y garantías para participar en los comicios regionales y locales de noviembre, sobre los cuales el bloque derechista difiere en cuanto participar, o no, en ellos.

Maduro fue representado por una delegación que incluyó a Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2020, a Héctor Rodríguez, gobernador del estado central de Miranda y a su hijo, Nicolás Maduro Guerra. Por el lado de la oposición, dijeron presente Henrique Capriles, quien ha sido crítico de Juan Guaidó (quien estaría siendo relegado a un segundo plano), Tomás Guanipa (del partido Primero Justicia), el cual ha tenido diferencias con Capriles y que hasta hace poco fungió como embajador de Guaidó en Colombia, Stalin González (del partido Un Nuevo Tiempo), ex diputado, Gerardo Blyde, jefe de los representantes de la oposición liderada por Guaidó, y Luis Emilio Rondón (Un Nuevo Tiempo).

¿De dónde venimos?

Se ha llegado a esta fase política luego del fracaso de las dos intentonas golpistas (ensayo de golpe militar en 2019 y Operación Gedeón en 2020) organizadas por Guaidó con el apoyo del imperialismo norteamericano, lo que cuestionó el liderazgo del autoproclamado presidente y obligó a la oposición a pegar un viraje en su orientación. El derrumbe de Guaidó se profundizó aún más después de las amañadas elecciones parlamentarias (el gobierno intervino muchos de los partidos opositores) de diciembre pasado, en las que el oficialismo salió victorioso. La derecha, sin embargo, dista de tener una posición política homogénea; aparte del bloque alineado a Guaidó y el que está próximo a Capriles, existe un sector colaboracionista (que ha protagonizado mesas de diálogo con Maduro y participó de las últimas elecciones) y otro situado aún más a la derecha que Guaidó, que sigue promoviendo una intervención militar extranjera (María Corina Machado).

Maduro ha venido pavimentando el camino hacia estas negociaciones otorgando concesiones a la oposición; la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE), que por primera vez introdujo en él a dos miembros (cercanos a Capriles) que no están ligados al chavismo, el hecho de que se haya reactivado la boleta electoral de la opositora Mesa de Unidad Democrática (que Capriles quiere utilizar para una unidad opositora), la supresión de los denominados “protectores”, que son funcionarios que actúan como gobernadores paralelos allí donde el oficialismo no manda, y el dictado de prisión domiciliaria a cinco ejecutivos norteamericanos arrestados en las cárceles son ilustrativos en este sentido.

Detrás de la nueva aproximación dialoguista de la oposición se esconde, por un lado, el fracaso de la salida golpista directa y, a la vez, una tentativa del imperialismo estadounidense y europeo de poner un freno a la penetración económica de China y de Rusia, países sobre los que Maduro se ha recostado ante las sanciones yanquis. Biden ha mantenido en gran medida este régimen iniciado por Trump en 2017 y lo mismo ha hecho con la disposición que en 2015, bajo el gobierno de Obama, calificó a Venezuela como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”. El draconiano bloqueo económico y financiero de Washington, cuyo “levantamiento” ha condicionado al desarrollo de elecciones “libres y justas”, profundizó la catástrofe social que reina en el país.

El hecho de que congresistas demócratas y republicanos vengan coincidiendo en revertir la prohibición de importaciones estadounidenses de petróleo venezolano y en retomar el envío de combustible nacional a Caracas obedece en gran medida a los reparos que ha puesto la burguesía petrolera norteamericana (Chevron y Exxon, por ejemplo), la cual mira con recelo el avance de compañías rivales.

La intervención de los gobiernos “nac&pop” de Argentina y México en este proceso de negociación es bienvenida por el gobierno de Biden, que los ve como el instrumento más adecuado para presionar al régimen de Maduro. Alberto Fernández y López Obrador se proponen como cartas de contención en una región convulsionada, más aún frente a la crisis de gobiernos derechistas como los de Duque y Bolsonaro.

Giro fondomonetarista y lucha de clases

Frente a este cuadro, y al desastre económico, el Ejecutivo venezolano ha adoptado como “salida” un curso ajustador y de pacto con el capital internacional, que está en sintonía con los últimos acercamientos a la oposición.

La situación económica, que se ha venido configurando de acuerdo a la combinación entre la crisis capitalista mundial y las sanciones del imperialismo, es pavorosa; en los hechos, la moneda nacional (bolívar), cuyo valor se ha derrumbado a mínimos históricos, desapareció dando terreno al dólar (dos tercios de los pagos en el país se realizan con dólares, incluso en sectores populares). El PBI se redujo en un 80 por ciento desde 2014 y la hiperinflación ha pulverizado el salario.

El gobierno de Maduro se halla desenvolviendo una política de rescate de la clase capitalista, a la que algunos analistas describieron como un “programa clásico de estabilización del FMI”; ha eliminado los controles de precios y recortado los subsidios; esto ha sido acompañado por una batería de medidas privatizadoras, “si antes la empresa privada ocupaba un lugar estrecho en el universo económico de la revolución bolivariana, el año pasado ya representaba un 92 por ciento de la canasta de importaciones, de materias primas y alimentos elaborados” (Clarín, 2/7). Como parte de esta deriva, Maduro ha firmado hace poco una ley repleta de garantías para el capital foráneo, y aprobó el año pasado la “Ley Antibloqueo”, la cual habilita la entrega del sector petrolero.

Ha impulsado, asimismo, una ley que permite el establecimiento de Zonas Económicas Especiales, lo que sería una réplica sui géneris de la política (restauracionista) de las burocracias de China y de Cuba, donde los inversores podrán obtener súper ganancias en base a regímenes impositivos especiales, la libre repatriación de capitales, y la explotación sin límites de la clase obrera. El Ejército, principal sostén de Maduro, y la llamada boliburguesía, que ha sido el fruto de enormes negociados con el Estado durante la era Chávez, es un férreo defensor de esta orientación.

En este contexto, la bronca popular ha crecido. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Venezuela ha registrado entre enero y junio de este año un total de 3.933 protestas callejeras; el organismo destaca que la población salió a las calles, sobre todo, “para rechazar el salario mínimo oficial inferior a 3 dólares por mes y pedir un plan de vacunación sin discriminación”, así como la dolarización del salario y la dotación de materiales y equipos de bioseguridad para los lugares de trabajo (Infobae, 23/7). El aumento de las protestas populares es respondido por el régimen bolivariano con la represión y la persecución.

Es necesario que la clase obrera emerja como un factor independiente en la situación política venezolana.

https://prensaobrera.com/internacionales/peru-la-primera-crisis-del-gobierno-de-castillo/