El 25 de junio se realizó la cumbre de presidentes de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), que tuvo como uno de sus temas centrales la cuestión de la plurinacionalidad. La reunión, en la que participaron ochos presidentes, se realizó en Otavalo, a unos 60 kilómetros al norte de Quito, una ciudad mayoritariamente quichua. Pese al tema en debate, las organizaciones indígenas no fueron invitadas.

La Confederación de Nacionalidad Indígena del Ecuador (Conaie) decidió instalar en la misma ciudad su propio Parlamento Plurinacional, para denunciar que “no puede haber plurinacionalidad sin los indígenas”. Unas tres mil personas realizaron una marcha pacífica por la ciudad, entre cantos y bailes que celebraban el Inty Raymi, el año nuevo andino, a la vez que recordaban el 20 aniversario del primero de una serie de levantamientos indígenas. La cumbre estaba protegida por policías a caballo. Los manifestantes pretendían entregar una carta a su “hermano” Evo Morales. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tildó a los manifestantes de “gringuitos que ahora vienen en forma de grupitos en ONG. A otros con ese cuento. Esta gente ya tiene la pancita bien llena”. Los indígenas están enfrentados al gobierno por la ley de aguas y las concesiones a las empresas mineras, lo que ha provocado numerosas movilizaciones, paros, bloqueos y levantamientos. Correa caracteriza a los planteos indígenas como “poco modernos”, que “le dice(n) no al petróleo, a las minas, a no utilizar nuestros recursos no renovables. Eso es como un mendigo sentado en un saco de oro” (Reuters, 6/7).

Evo Morales

Paralelamente a lo ocurrido en Ecuador, hace unos meses, centenares de indígenas se concentraron en Trinidad, capital del departamento del Beni, en Bolivia, con el objetivo de realizar una marcha a pie de 1.500 kilómetros hasta La Paz, desde las regiones selváticas hasta picos de cuatro mil metros. La Confederación de los Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), que reúne a 34 naciones del oriente organizadas en once regionales, contó con el apoyo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq). Estas son dos de las cinco principales organizaciones indígenas que en 2006 formaron el Pacto de Unidad durante la Asamblea Constituyente y, hasta ahora, constituían un sólido apoyo al gobierno de Evo Morales.

Evo Morales enfrentó la movilización con un argumento singular: “Como la derecha no encuentra argumentos para oponerse al proceso de cambio, ahora recurre a algunos dirigentes campesinos, indígenas u originarios, quienes son pagados con prebendas de algunas ONG” (www.prensamercosur.com.ar). En el mismo tono, el vicepresidente Alvaro García Linera señaló que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) estaba infiltrando a los movimientos sociales (La Jornada, 26/6). Adolfo Chávez, de Cidob, lo desafió “a que expulse del país a la Usaid y veremos quienes son los afectados”.

Llamativamente, el primer ministro de Hidrocarburos del gobierno de Evo destacó que la “Usaid financió en 2004 la Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente” oficialista, además de otras actividades oficiales (Bolpress, 3/7).

Como consecuencia de este enfrentamiento, el gobierno puede perder los dos tercios en el parlamento (111 votos sobre 166), ya que dicho porcentual depende de ocho diputados indígenas enfrentados con el MAS. En las últimas elecciones para gobernadores y alcaldes, el MAS ya había perdido un millón de votos (un tercio de su electorado) y en El Alto, aunque ganó un alcalde del MAS, esa caída fue de más del 50%, un claro dato del descontento popular creciente.

La Fejuve (Federación de Juntas Vecinales de El Alto) fue también muy dura: el Manifiesto Político del XVI Congreso Ordinario (www.alminuto.com.bo) plantea que “pese a tener un presidente indígena como es Evo Morales, el Estado sigue gobernado por la oligarquía criolla” y “sigue manteniendo el sistema económico capitalista y el sistema político neoliberal”.

Asegura que el pueblo pobre sigue siendo “dominado políticamente”, “explotado económicamente” y “marginado racial y culturalmente”. En el último Congreso de la Fejuve de El Alto, la mayoría de los 2.400 delegados derrotó los intentos de la dirección del MAS por mantener el control de la legendaria organización. La organización vecinal reafirmó la lucha por la nacionalización de los hidrocarburos y la expropiación sin pago a las transnacionales, retomando los reclamos de la Agenda de Octubre y de “luchar por sepultar al sistema capitalista”.

Rupturas

La ruptura entre los gobiernos “latinoamericanistas” y las comunidades originarias ha sido recientemente tema de investigación de Raúl Zibechi, analista internacional del semanario Brecha. “Los procesos políticos y sociales en los dos países –dice– son como dos gotas de agua. Ambos aprobaron un Estado Plurinacional y nuevas constituciones, pero a la hora de aplicarlas encuentran fuertes trabas. Son las bases sociales indígenas y de los sectores populares urbanos, que llevaron al gobierno a Evo Morales y a Rafael Correa, las que están resistiendo a ‘sus’ gobiernos. En los dos casos, los gobiernos optaron por el extractivismo minero y petrolero para asegurarse ingresos fiscales, en vez de apuntar hacia el Buen Vivir como dijeron en su momento”.

Zibechi concluye su trabajo con una sentencia categórica: “La Fejuve no es cualquier organización, sino una de las protagonistas de la Guerra del Gas, en octubre de 2003, que provocó la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y hundió el neoliberalismo. Ahora evalúa pedir la renuncia de Evo. En Ecuador, la Conaie fue la protagonista de una decena de levantamientos desde 1990, derribando tres gobiernos. Una ruptura con estas organizaciones es muy grave para cualquier gobierno, más aún para quienes se apoyan en ellas”.