La rebelión popular disparada en Estados Unidos a partir del asesinato racista de George Floyd a manos de la policía generó movilizaciones a lo largo y ancho del mundo. En Canadá, tuvieron lugar importantes manifestaciones en todas las grandes ciudades del país, así como en las capitales provinciales. En Ottawa, la capital, miles se movilizaron desde el parlamento hasta la embajada de EEUU, que se sumaron a los miles movilizados en Toronto o Vancouver, pero las movilizaciones llegaron incluso a ciudades del extremo norte del país como Iqaluit, la capital del territorio autónomo de Nunavut.

Además de solidarizarse con Floyd, las protestas canadienses denuncian la persecución contra la población indígena y afrodescendiente. Un estudio citado por el sitio de CBC News (3/6) indica que la población negra de Toronto representa el 36,5% de las víctimas a manos de la policía, entre los años 2000 y 2017, siendo apenas el 8% de la población de la ciudad. Y hace sólo un año atrás, una investigación oficial confirmó el asesinato de mil mujeres indígenas entre 1980 y 2012 y más de 100 desapariciones. El informe alude a un genocidio planificado, con la complicidad del Estado.

Las protestas han puesto en la mira algunos de los últimos casos del accionar policial: la descendiente de africanos y originarios Regis Korchinski-Paquet murió luego de caer de su departamento en el marco de un operativo policial en Toronto. La familia reclama la formación de una comisión investigadora independiente, porque sospecha del accionar de los efectivos. En abril, D’Andre Campbell, un afrodescendiente, fue asesinado por la policía con un arma convencional en su casa luego de haber sido inmovilizado por una pistola Taser. Jason Collins, un hombre originario, paciente psiquiátrico, fue víctima también del ‘gatillo fácil’.

La opresión hacia los pueblos originarios y afrodescendientes se expresa fuertemente también al considerar la población carcelaria, en la que tienen un peso desproporcionado los miembros de pueblos originarios, quienes representan el 30% de quienes se encuentran privados de su libertad mientras son solo el 5% de la población general. Entre los afrodescendientes, los números son de un 8.6% y un 3% respectivamente. La discriminación y la violencia hacia las minorías son constitutivas del Estado canadiense, cuyo desarrollo ha estado íntimamente ligado a la expulsión de los pueblos originarios de sus tierras y a la explotación de los recursos naturales allí existentes. El 35% de las exportaciones canadienses provienen de la minería y de la industria forestal. Las relaciones entre el Estado canadiense y las comunidades nativas aún se rigen por la colonialista ‘Ley de indios’ vigente desde 1876. El desenlace de esta política ha sido el abismo existente entre las condiciones de vida de esas comunidades y el resto de la población canadiense: el porcentaje de niños originarios bajo la línea de la pobreza orilla el 40%, contrastando con el 13% entre la población de origen europeo. Se prevé que la actual migración de la pandemia de Covid-19 desde los centros urbanos a los espacios rurales haga estragos en comunidades carentes de agua potable y con instalaciones de salud públicas deficientes (Informe de Human Rights Watch 9/6).

Ante este cuadro y para canalizar el crecimiento de las protestas en los marcos del régimen político, el primer ministro Justin Trudeau, del progresista Partido Liberal, ha emprendido un rumbo de coqueteo con las movilizaciones, participando de las mismas y buscando generar un contrapunto con la virulencia de Trump contra las protestas. Es un acto de una inmensa hipocresía, puesto que la persecución proviene del Estado que él mismo encabeza. Canadá integra también la Otan y sus tropas han participado de la intervención militar en Afganistán y Libia.

Las protestas canadienses desenmascaran los crímenes del Estado capitalista, gobernado alternativamente por liberales y conservadores. Para derrotarlo, es necesaria la intervención y el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores.