La guerra en Ucrania es un factor de agravamiento de la crisis económica mundial. Lo ha reconocido en un reciente informe el Fondo Monetario Internacional (FMI), al alertar que “toda la economía mundial sufrirá los efectos de un crecimiento más lento y una inflación más rápida”. Rusia y Ucrania son grandes productores de trigo (representan el 25% de las exportaciones internacionales) y de fertilizantes, por lo que el conflicto armado empuja al alza los precios internacionales de los mismos. Rusia es, además, un importante productor de gas y de petróleo, y por Ucrania pasan algunos de los gasoductos que lo transportan al resto de Europa.

Las consecuencias sociales del salto inflacionario global ya empiezan a saltar a la vista. La semana pasada, hubo manifestaciones en Sudán, cuna de la segunda primavera árabe, en rechazo al aumento de los precios del pan, el transporte y la electricidad. En Jartum, la capital, las fuerzas de seguridad reprimieron las protestas. En la ciudad de Atbara, los ferroviarios iniciaron una huelga por tiempo indefinido por el cobro de sueldos adeudados. Está bloqueada una ruta que une el país con Egipto. Desde la llegada al poder de al Burhan, en octubre pasado, se duplicó el precio de la gasolina, en el marco de un recorte creciente de los subsidios (SwissInfo, 20/3). La carestía se transforma en un nuevo elemento movilizador contra la junta militar.

A su vez, en Nasiriyah, en el sur de Irak, cientos de personas marcharon contra el aumento del pan y el aceite para cocinar. Es una de las ciudades que más se movilizó durante la rebelión de 2019.

Varios países de Medio Oriente y el norte de Africa dependen directamente del trigo de los países en conflicto, como el Lïbano -sumido ya en una profunda crisis económica- y Egipto. En el informe que ya señalamos del FMI, se advierte sobre un crecimiento de la “inseguridad alimentaria” en la región y la posibilidad de nuevos “disturbios” sociales, a poco más de una década de la primera primavera que sacudió a Túnez, Egipto y otros países.

El 16 de marzo, hubo una movilización en Colombo, la capital de Sri Lanka, reclamando la salida del primer ministro Gotabaya Rajapaksa. Fue convocada por uno de los principales partidos de oposición. El conflicto armado en Ucrania profundiza la crisis económica local. Con sus reservas internacionales exánimes, la isla del Indico afronta dificultades para el pago de la deuda y la importación de combustibles. Se ha cerrado el ingreso de algunos productos desde el extranjero (autos, ciertas frutas) y escasean la leche en polvo, el gas para cocinar y algunos medicamentos. El gobierno devaluó la moneda a mediados de mes y subió la tasa de interés, mientras intenta llegar a un acuerdo con el FMI. También explora la asistencia económica de China e India.

En Albania, este fin de semana se cumplieron ocho días de protestas contra el gobierno del primer ministro Edi Rama, en medio de un aumento imparable de la nafta, la harina y el aceite de cocina. Los manifestantes reclaman la suspensión temporal del IVA y otros impuestos, una actualización mensual de los salarios y una mayor asistencia social para los sectores más perjudicados por la crisis. El gobierno, alineado con la Otan, acusó a los manifestantes de ser funcionales al líder ruso Vladimir Putin. En Albania, la alianza atlántica está construyendo su primera base aérea en los Balcanes occidentales.

Las movilizaciones en curso son heterogéneas y se cuelan reclamos de todas las clases sociales. En España, bajo la consigna “Juntos por el campo”, más de 150 mil personas de los sectores rurales protestaron este fin de semana en Madrid, debido al impacto del aumento de los fertilizantes y los combustibles. Entre los convocantes estaba Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), afiliada a la CEOE, la cámara de la burguesía española. Hubo presencia de dirigentes del PP y de Vox, incluyendo su líder, el fascista Santiago Abascal. Además de reclamar algún tipo de bonificación o auxilio ante el aumento de los insumos (como se anunciara recientemente en Francia), hubo planteos abiertamente reaccionarios, como una reforma laboral flexibilizadora que reconozca la temporalidad “intrínseca del sector agrario” (El Periódico, 20/3). La Real Federación de Caza rechazó el “animalismo y el ecologismo”, insistiendo en la derogación de las leyes que protegen a los animales.

En tanto, los transportistas españoles iniciaron un paro que lleva ocho días, ante el aumento de los combustibles. Quieren que se prohíban los contratos de transporte de mercancías “por debajo de los costes de explotación”, al igual que la carga y descarga por parte de conductores y autónomos (El País, 21/3). En otros países del continente también hubo cortes y protestas de choferes y sectores rurales (Portugal, Italia, Alemania, Grecia).

En Estados Unidos, donde la inflación está en el nivel más alto de los últimos 40 años, las maestras de Minneapolis llevan diez días de huelga por aumento salarial y por un límite de alumnos por clase. Los conflictos salariales en la principal potencia capitalista del mundo se han vuelto recurrentes en los últimos meses. En Hungría, los docentes se concentraron el sábado frente al parlamento, en el marco de una huelga por tiempo indefinido por mejoras salariales.

Los gobiernos, por el momento, se limitan a anunciar parches que no resuelven la crisis. La capacidad de intervención de éstos se ve condicionada por el elevado endeudamiento de los Estados, que vienen de hacer grandes desembolsos para rescatar al capital durante la pandemia y la crisis financiera anterior. La guerra, de hecho, es una de las consecuencias de la crisis capitalista y los métodos bárbaros de la clase dominante para enfrentarla.

La clase trabajadora debe salir a luchar por sus reclamos.