El próximo 20 de octubre se realizarán en la vecina República de Bolivia elecciones generales a presidente y parlamentarias.

Se presentan nueve partidos: ninguno representativo de los trabajadores y de la izquierda. Las elecciones presidenciales estarán polarizadas entre la lista del MAS, que lleva por la reelección a Evo Morales, y el Frente de Izquierda Revolucionario (FRI), que no es de izquierda y menos revolucionario, sino de derechas, enarbolando como candidato presidencial a Carlos Mesa, ex vicepresidente de Sánchez de Lozada derrocado por la “guerra del gas” en el 2003.

La derecha no ha logrado unificarse contra Evo Morales y está atomizada en ocho partidos. Morales pretende ganar en esta primera vuelta del 20 de octubre, para lo cual necesita sacar el 51% de los votos o un 40% con una diferencia de 10 puntos sobre el segundo. De lo contrario, van a segunda vuelta y corre el peligro que la derecha se pueda unificar. Las encuestas -controvertidas- dan ganador a Evo, pero sus pronósticos no garantizan que obtenga los números necesarios para evitar la segunda ronda. Por eso se ha lanzado una campaña de denuncias de que Evo estaría preparando ‘fraudes’ para garantizar una contabilidad favorable; y, por el lado del MAS, de que se está preparando un golpe para impedir que el triunfo de Evo se concrete con su continuidad gubernamental.

Las derechas esperaban el apoyo franco de los sectores oligárquicos y de la gran burguesía, así como el de Trump, Bolsonaro y Macri. Pero esto no se dio. El argumento político más esgrimido contra Evo Morales es que desconoció el resultado del referéndum de febrero del 2016, donde una escueta mayoría nacional (51 a 49%) votó en contra de su reelección. Este cuasi empate técnico alentó a Evo a desconocer el referéndu, que él mismo había convocado. El Tribunal Superior Electoral, manejado por el gobierno, reconoció el ‘derecho’ de Evo Morales a volver a presentarse.

El año pasado, el gobierno introdujo una nueva ley electoral que convocaba intempestivamente -en un plazo de tres meses- a elecciones primarias para enero del 2019. De allí surge el actual panorama de candidaturas. Ni el imperialismo ni los gobiernos derechistas de Latinoamérica se opusieron. Luis Almagro, jefe de la Organización de Estados Americanos (OEA) -alguna vez calificada por el Che Guevara como el ministerio de colonias del imperialismo yanqui- y furibundo halcón contra el gobierno de Maduro en Venezuela, viajó a Bolivia y dio su aval ‘democrático’ al proceso electoral boliviano. Ha influido la crisis del gobierno de Macri para que la burguesía mundial (y gran parte de la nacional) no diera un salto al vacío contra un gobierno, que más allá de su retórica, garantiza la estabilidad de la superexplotación capital-imperialista de las masas trabajadoras.

El de Evo Morales es el gobierno más largo de la historia boliviana: ganó cuatro elecciones consecutivas. Es un gobierno nacionalista burgués como el chavista de Venezuela o el de los Kirchner de la Argentina 2003-15. Pero la crisis mundial lo ha golpeado en menor medida que a sus colegas latinoamericanos. Sigue siendo el país del continente que más ha crecido económicamente, aunque partiendo de un nivel muy bajo de su PBI. Aunque este crecimiento se está ralentizando por la caída de los precios de exportación de los hidrocarburos, de la minería y de los agronegocios. Como Cristina Kirchner, el gobierno de Evo se jacta que los poderosos de la economía boliviana juntan sus ganancias, como nunca, con pala. Cuenta con una deuda externa manejable de poco más de 10 mil millones de dólares, que -según el Banco Central de Bolivia- representa el 25% de su PBI.

El nacionalismo de Evo es -como todo nacionalismo de contenido burgués- pragmático: defiende a la Venezuela de Maduro contra la ofensiva imperialista-reaccionaria, pero al mismo tiempo saluda en su ascensión al poder en Brasil, al ‘compañero’ Bolsonaro. Está avanzando en su entrega de los recursos naturales al imperialismo: el 80% de la producción de hidrocarburos ésta controlada por las transnacionales que, sin embargo, no están obligadas a invertir en la exploración de nuevos pozos, lo que está llevando a una peligrosa reducción de las reservas; San Cristóbal, la principal mina boliviana dedicada a la exportación, ha pasado a ser cien por ciento propiedad del monopolio japones Sumitomo; y el gobierno acaba de firmar un acuerdo para entregar gran parte de la producción de litio (mineral en alza en el mercado mundial) a una empresa mixta con la alemana ACI Systems, entre otras expresiones de esta orientación.

Tales entregas vienen siendo resistidas por los trabajadores, con huelgas como la de los mineros de San Cristóbal contra la superexplotación y movilizaciones en Potosí contra el acuerdo con la ACI, en las que se denuncia el daño ambiental y las bajas regalías que dejará (3%). Al mismo tiempo, se vienen desarrollando luchas en defensa de la salud pública, de los docentes, en defensa de los presupuestos de estas áreas y las condiciones laborales.

El gobierno nacionalista burgués de Evo Morales es de tipo bonapartista: se asienta en la regimentación de las organizaciones de masas obreras, campesinas, indígenas, estudiantiles, cooptando o constituyendo burocracias afines (al punto que la dirección burocrática sindical de la histórica mina de Huanuni se ha comprometido públicamente a donar 200 mil pesos bolivianos a la campaña electoral del MAS). Lo que se escapa de esta regimentación estatal es reprimido. Esto ha llevado a que sectores de la izquierda caractericen al régimen de “nuevo fascismo”, recostándose en muchas oportunidades sobre la agitación política de la oposición derechista, que levanta como ejes la lucha ‘contra la corrupción y por la democracia’. En general diversas iniciativas de reagrupamiento en torno a estos ejes, como los llamados Cabildos Abiertos, han terminado llamando “al voto castigo contra Evo Morales” por no haber respetado el referéndum del 2016, por sus ataques a las libertades democráticas y su corrupción.

La izquierda boliviana, lamentablemente atomizada, no ha logrado constituirse en una alternativa política al nacionalismo burgués regimentador y entreguista. El Partido Obrero Revolucionario (POR) ha ratificado su histórica posición contra “el circo electoral”, en un cretinismo antielectoral que aísla a la vanguardia obrera y revolucionaria de una mayor penetración en las masas trabajadoras y explotadas, todo ello oculto bajo un propagandismo ultraizquierdista genérico.

 

No cabe dudas de que en Bolivia la izquierda que se reclama revolucionaria deberá votar en blanco o nulo, pero por debilidad e insuficiencia en su desarrollo político y organizativo. Aunque hay sectores que apoyan al pseudo progresismo indigenista del MAS o que llaman “al voto castigo” contra Evo, lo que significa ser tributarios de las falsas candidaturas ‘democráticas’ de la derecha.

Como nunca, se plantea la necesidad de construir una alternativa política revolucionaria de los trabajadores que encare la lucha por recuperar para la independencia de clase a las organizaciones de masas -en primer lugar, los sindicatos obreros. Con este planteamiento estratégico será necesario intervenir en todos los campos de lucha política y de las masas.