Además de los apetitos del PAN de Fox o del PRI y de las “preferencias” de la Iglesia Católica (López Obrador es evangelista), el desafuero del candidato del PRD está relacionado con la “agenda” del imperialismo norteamericano para el próximo gobierno mexicano: la privatización de Pemex, la petrolera estatal.

 

En The Washington Post (13/4), el columnista Harold Meyerson atribuye el desafuero de López Obrador, entre otras cosas, a “su oposición al plan de Fox de privatizar la industria petrolera de México, postura que probablemente no le granjea el afecto de esos petroleros texanos que actualmente fungen como presidente y vice de Estados Unidos”. Sintomáticamente, el gobierno norteamericano, que muestra cotidianamente su preocupación por la “democracia” en Medio Oriente, Asia Central, Ucrania y ahora en Bielorrusia, no abrió la boca ante esta grosera proscripción en sus fronteras. “Tal vez (México) debería mudarse a Asia central, cambiar su nombre a Mexistán y prometer privatizar su petróleo”, aconseja Meyerson, para que Bush se preocupe por su “democracia”.

 

Las mismas razones sugiere Claudio González Laporte, presidente del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, ligado al ex presidente Salinas de Gortari. En medio del escándalo del desafuero, González y otros grandes capitalistas se reunieron con Cuauhtémoc Cárdenas, del PRD y posible sustituto de López Obrador si éste no pudiera presentarse a las elecciones. Después de la entrevista, González señaló que “(Cárdenas) nos ha dicho que es obvio que Pemex necesita hacer asociaciones para obtener recursos y tecnología (…) propuestas muy encontradas con las de López Obrador” (La Jornada, 15/4).

 

El vaciamiento de Pemex

 

Pemex, la principal empresa mexicana, es la verdadera “caja” del Estado: el 77% de sus ingresos brutos va a parar al Tesoro… para el pago de la deuda externa y el salvataje del sistema financiero después del Tequilazo.

 

Con un pasivo de 90.000 millones de dólares y necesidades de inversión por 10.000 millones anuales, Pemex se encuentra financieramente ahogada. No puede expandir ni su producción ni su exploración, construir una nueva refinería o siquiera realizar el mantenimiento de sus oleoductos. En estas condiciones, México se vio obligado a importar gas y a ver cómo la lucrativa cuenca del Golfo de México es explorada, desde otras costas, por empresas norteamericanas, europeas y la brasileña Petrobras. La privatización y posterior extranjerización de la banca (92% en manos extranjeras, principalmente del Citibank) fue el golpe de gracia para la petrolera.

 

Planes imperialistas

 

Pemex, propietaria de las mayores reservas petroleras de América del Norte, es un “bocado” apetecible para el imperialismo. Bajo la directa presión norteamericana, el congreso mexicano (con el voto del PRI y el PAN, pero también del PRD) aprobó recientemente una modificación de sus estatutos que revoca la prohibición del ingreso del capital privado a la empresa.

 

Un ala del gobierno —y según Meyerson, el propio Fox— es partidaria de la privatización directa. Pero el asunto es delicado porque la Constitución establece que los recursos energéticos son propiedad de la nación y, además, porque la inmensa mayoría de la población rechaza la privatización. Su oposición a la privatización aparece como una de las principales razones del apoyo popular a López Obrador. Por eso, reconoce el Financial Times (31/3), “no se discute la venta (…) todavía (sino) alternativas”.

 

La “discusión” está en curso en México y en Estados Unidos. Nathan Gardels, representante de fondos de inversión e integrante del influyente Consejo para las Relaciones Exteriores, acaba de presentar su propio “plan” en conjunto con Jorge Castañeda, histórico centroizquierdista, ex canciller de Fox y candidato presidencial “independiente”. La importancia del plan no radica en que Castañeda pueda aplicarlo (sus posibilidades electorales son menores que cero), sino en que sirve para ir estableciendo la “agenda” del nuevo gobierno.

 

El nudo del plan es “establecer un Fondo Norteamericano de confiabilidad energética, supervisado por un consejo independiente y transparente” (Financial Times, 7/3), un organismo privado y binacional (Estados Unidos-México). Este consejo, dicen, “podría emitir 75.000 millones de obligaciones financieras respaldadas por los ingresos de las ventas de petróleo (…) para financiar la expansión de la producción de petróleo en México”. De esta manera, se pretende sortear el impedimento constitucional, pero, en esas condiciones, la propiedad estatal del petróleo es puramente formal. Las ventas de Pemex —y, por lo tanto, la propia empresa— pasarán a estar bajo la “custodia” de ese “consejo independiente, privado y binacional” para garantizar el pago de su deuda.

 

La anexión de Pemex

 

Según este plan, el destino de la producción acrecentada ya está comprometido. En un artículo publicado en el norteamericano Sacramento Bee (26/12), Castañeda-Gardels sostienen que “un compromiso de abastecer con petróleo mexicano la reserva estratégica de Estados Unidos (permitiría) una garantía del gobierno de EE.UU. (que) podría también asegurar los instrumentos financieros emitidos”. Los compradores de esos títulos no serían otros que los fondos representados por Gardels. Claro que si la nueva producción va a la reserva estratégica del gobierno norteamericano (el que, además, garantizaría la deuda contraída para obtenerla), Pemex estaría virtualmente anexada a los Estados Unidos.

 

Con la banca en manos del Citi y Pemex en manos de Wall Street y del gobierno norteamericano, la independencia nacional de México no sería más que un viejo recuerdo.