El gobierno cubano ha anunciado un plan de reformas que le conceden al sector privado nuevas posibilidades de penetración económica, en consonancia con el programa que se viene desarrollando en la isla desde el VII Congreso del Partido Comunista Cubano en abril del 2016. Como novedad, el paquete le otorga personalidad jurídica a las pequeñas y medianas empresas privadas, además de concederles un marco legal para poder exportar e importar productos (podrán hacerlo con la intermediación de una empresa estatal).

Asimismo, se amplía el cuentapropismo (modalidad que abarca hoy a 600 mil personas, 13% de la población) y se brinda mayor autonomía a los directivos de las empresas estatales. La figura del cuentapropista en Cuba disimula una realidad contradictoria, ya que incluye tanto a personas que trabajan por cuenta propia como a otras que están en relación de dependencia. El sector se ha ido nutriendo de las bajas en el sector estatal. Aunque los sueldos son mayores que en el sector público, se caracteriza por una gran precarización laboral: no hay organizaciones sindicales y en muchos casos ni siquiera contratos. Las jornadas laborales se extienden hasta las 12 horas diarias (Sin Permiso, 12/7).

En conjunto con las medidas señaladas, 57 tiendas estatales pasarán a ofrecer productos en moneda libremente convertible (desde alimentos a productos de aseo y ferretería) y se elimina el 10% de gravamen con el que estuvo penalizado el dólar durante 16 años. El objetivo del Estado con estas medidas es captar divisas, en medio de una paralización del turismo y de mayores restricciones al envío de remesas debido a las sanciones de Trump.

El efecto será una mayor diferenciación social entre quienes tienen acceso a la moneda extranjera y quienes no. El gobierno también tiene el plan de consumar la tan postergada unificación monetaria (en Cuba circulan dos monedas, el peso cubano convertible, con una paridad ficticia con el dólar y la moneda nacional, cuyo valor es 24 veces menor), que supondría un mazazo sobre los bolsillos de los trabajadores.

El marco en el que se inscriben las nuevas medidas es el de la debacle de la economía capitalista mundial, agudizada por la pandemia del Covid-19, que impacta en una economía cubana envuelta en las contradicciones propias del aislamiento: el golpe al turismo, una de las principales fuentes de ingresos del Estado, sumado al desabastecimiento de artículos de primera necesidad –la aparición de “coleros” ha desatado una poderosa ola de detenciones-, la fuerte caída de reservas, la merma en los subsidios esencialmente provenientes de Venezuela (El Confidencial, 17/7) y el deterioro de las principales exportaciones, junto al recrudecimiento del embargo perpetrado por el imperialismo norteamericano han terminado por configurar un cuadro del cual el gobierno cubano se vale para avanzar aún más en su orientación restauracionista.

En la isla se reconocen 3 tipos de propiedad: estatal, mixtas y privadas. Precisamente estas últimas han ido proliferando en los últimos años de la mano de capitales privados en busca de negocios redituables como el turismo y la hotelería (por ejemplo, durante la presidencia de Raúl Castro se creó una zona económica especial en un área de 645 kilómetros cuadrados cerca del Puerto de Mariel, diseñado para albergar un parque industrial y centro logístico, cuya mayoría de empresas son 100% extranjeras y “aportaron” 2100 millones de dólares a las arcas del Estado). El bloqueo económico, comercial y financiero decretado por Estados Unidos en 1962 no sólo asfixia económicamente a Cuba sino que, por sobre todas las cosas, presiona por una mayor apertura al capital privado que se disputan en la actualidad España, Estados Unidos, Rusia y China.

Perspectivas

Algunos analistas han interpretado las nuevas medidas del gobierno cubano en conexión con las elecciones norteamericanas. Observan que serían un guiño hacia Joe Biden, el candidato de los demócratas, en la perspectiva de buscar un aliviamiento de las sanciones de Trump y retomar los contactos de la época de Obama. Bajo la administración del expresidente norteamericano, se reabrieron las embajadas, se dieron permisos para operar a empresas estadounidenses y se levantaron restricciones en materia de viajes y remesas. Obama apostaba a ir haciendo más concesiones en la medida en que se produjeran avances en la restauración, en una especie de abrazo de oso.

Trump revirtió muchas de las medidas de la gestión anterior y endureció el embargo sancionando el levantamiento de los Títulos III y IV de la Ley Helms-Burton – que permiten reclamar ante cortes estadounidenses propiedades que en la isla fueron expropiadas tras la Revolución, y restringen la entrada a EE.UU. de quienes hayan comerciado con dichas empresas- y por otra parte impuso nuevas trabas al envío de remesas a la isla, siendo ésta una de las principales fuentes de ingreso de dólares para un cuantioso sector de la población.

En el imperialismo yanqui existe un debate acerca de las sanciones contra Cuba. Biden ha calificado el recrudecimiento del bloqueo consumado por Donald Trump como un “desastre inefectivo” (ABC Internacional, 2/5). Un sector del capital yanqui ve que, al calor del bloqueo, pierde posiciones en la isla frente a Rusia, China y las potencias europeas. De todos modos, Biden habla al mismo tiempo de mantener las sanciones por el apoyo del régimen a Venezuela.

Los luchadores del mundo y sobre todo los de América Latina deben repudiar enérgicamente el bloqueo criminal impuesto por Estados Unidos, cuyo objetivo no es más que desenvolver una colonización política y económica de la isla.

Es necesario oponerse del mismo modo al curso restauracionista de la burocracia dirigente que solo traerá mayor sufrimiento para el pueblo cubano. Es lícito que en ciertas condiciones adversas y excepcionales, un Estado obrero revolucionario haga concesiones al sector privado y apele a la inversión extranjera, bajo la perspectiva de la defensa del socialismo -y no, como viene ocurriendo ahora, como peldaño de una restauración burguesa-. Estas medidas deben estar acompañadas de la más plena libertad de los trabajadores para organizarse por sus derechos.

En Cuba están planteadas las tareas de la organización por los derechos sindicales y de construir un partido revolucionario de la clase obrera cuyo horizonte sea el desplazamiento de la burocracia estatal y la instauración de un genuino gobierno de trabajadores.

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