Las urnas en debate

La popularidad del presidente, Enrique Peña Nieto, ha tocado su pico más bajo desde que asumió el gobierno, cosechando un 57% de reprobación a su gestión. La reciente detención de algunos jefes narcos no altera el panorama, puesto que las bandas se reagrupan con facilidad. Al cumplirse seis meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, se desarrollaron movilizaciones en diez estados. Aunque fueron pequeñas, expresan la persistencia de un movimiento, principalmente en el sur del país. Además de la aparición con vida, el reclamo de los familiares se centró en el reclamo de suspensión y boicot a las elecciones legislativas y de gobernadores del 7 de junio. Por eso mismo, en Michoacán y Oaxaca fueron ocupadas sedes de los institutos electorales. Se repudió también el despido y censura contra la periodista Carmen Aristegui, y la reforma educativa.

Boicot electoral

El planteo de un boicot activo a las elecciones ha despertado un debate político nacional. Uno de los padres opuso a los comicios la elección de las autoridades de acuerdo con el "régimen de usos y costumbres, con asambleas populares" (La Jornada, 27/3). La CNTE (maestros) de Oaxaca se propone impedir el montaje de las urnas en el estado. "En Guerrero no habrá elecciones. Llevarlas a cabo es votar por narcopolíticos y pedir la muerte", según Melitón Ortega, padre de uno de los chicos desaparecidos (Página/12, 27/3). A pesar de su carácter minoritario, el régimen ha salido a cruzar el planteo por temor a su propagación. De acuerdo con un referente del PRI, "la gente no le cree a nadie, ni gobiernos ni políticos, lo cual es 'peligrosísimo'". Frente a un auditorio empresario, representantes de los tres partidos principales (PRI, PAN, PRD) coincidieron en que "los políticos, en general, han perdido credibilidad (...) pero exhortaron a la gente a votar" (La Jornada, ídem). El Morena, de López Obrador, ha hecho un llamado a los familiares para que no se abstengan y sellar una alianza en Guerrero que logre un "gobierno popular". López Obrador, como el PRD, perdieron respaldo de los movimientos populares debido a los vínculos que poseían con algunos de los responsables políticos de las desapariciones de Ayotzinapa. El poeta Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, también plantea la abstención pero, a diferencia de los familiares, está abierto a un debate con el ex jefe centroizquierdista Cuauhtémoc Cárdenas para constituir un "Frente por México" que tenga una expresión electoral en 2018.

El llamado de los familiares y las organizaciones que los acompañan expresa un saludable distanciamiento de un centroizquierda vinculado hasta el cuello con el narcotráfico y las reformas reaccionarias en el petróleo y la educación. Sin embargo, expresa también la debilidad organizativa y programática del movimiento para oponer al narcoestado mexicano una salida política de los explotados, capaz de confrontar con los partidos del régimen inclusive en el terreno electoral y de evitar un aislamiento mayor con respecto a las masas. Durante los primeros días de abril se desarrollarán nuevas asambleas y convenciones populares, que agrupan a familiares, normalistas, sindicatos docentes y policías comunitarias, entre otros sectores.

Nubarrones del norte

Las reformas estructurales que le valieron a Peña Nieto un compacto apoyo del imperialismo y de la burguesía local tropiezan con un clima desfavorable. El país lleva dos años de crecimiento anémico y el flujo de capitales extranjeros se detiene. El gobierno se propone atar la evolución de las tasas de interés a los movimientos que realice la Reserva Federal norteamericana con sus propias tasas, un hecho que -en combinación con el desplome de los precios del petróleo- podría conducir a una recesión. Los primeros resquemores empresarios se expresan en un reclamo de "mano dura" contra los movimientos rebeldes del sur y en un cuestionamiento a la camarilla presidencial beneficiada con la obra pública. Para compensar la caída de los precios del petróleo, el gobierno realizó un recorte del gasto público de 9 mil millones de dólares que podría tener un segundo capítulo en los próximos meses.

Esta crisis en ciernes puede empujar a la clase obrera a las calles y ampliar el radio de acción de los revolucionarios.