03/07/2020

Líbano, entre la bancarrota económica y la movilización popular

Las calles del Líbano han vuelto a vibrar tras una nueva movilización de masas.  La brutal crisis que estremece los cimientos de la economía ha parido otra serie de acciones de lucha, que desde el día jueves 10 de junio tienen conmovida a la capital, Beirut. Bloqueo de carreteras, quema de neumáticos, construcción de barricadas, cantos contra el gobierno (piden la renuncia del primer ministro, Hassan Diab) y fuertes enfrentamientos con las fuerzas represivas son algunos de los elementos constitutivos de este nuevo episodio de la lucha de clases en el Líbano. Situaciones similares se desarrollaron en las ciudades sureñas de Sidón y Nabatiyeh. En la ciudad norteña de Tripoli, los manifestantes lanzaron molotovs hacia las Fuerzas Armadas e hicieron  arder una sucursal del Banco Central lo que es un revival de las protestas que tuvieron lugar en el mes de mayo, cuando la sede del Banco Central de Beirut quedó incendiada por las masas sublevadas.


Estas iniciativas por parte de la clase obrera libanesa son la continuidad de un proceso de intervención popular que tuvo su punto más álgido en noviembre de 2019 y cuyo desenlace fue la dimisión de ex primer ministro suní Saad Hariri. Aquel levantamiento, sin embargo, cuestionó todo el corrupto esquema de reparto de poder entre los distintos grupos confesionales (suníes, chiítas, cristianos, etc.). Hoy, la rebelión popular vuelve a despertar en un país donde el desempleo se ha disparado a un 35% y se estima que el 45% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. El Líbano padece su peor crisis económica desde la guerra civil de 1975-1990.


Desastre financiero


Si bien el país no se encuentra sufriendo gravemente las consecuencias de la pandemia del Covid-19 (por el momento mantiene un bajo número de contagios y de muertes), la caída de la actividad económica que impuso el virus, en el cuadro de la profundización de las tendencias globales a la depresión, ha agravado la frágil situación preexistente de las cuentas nacionales. En el mes de enero de este año se ha constatado una caída de los ingresos provenientes del turismo y una “huelga” de inversiones extranjeras, dos pilares fundamentales de la obtención estatal de divisas. El Banco Central libanés intentó paliar esa falta de inversión ofreciendo altas tasas de interés, pero el pago de esos rendimientos solo podía asegurarse accediendo a préstamos a tasas aún más altas (The New York Times 10/5), produciendo así contradicciones explosivas en un país que importa el 80% de lo que consume, con la dependencia del acceso a divisas extranjeras que ello supone. Además, la política de “corralito” establecida desde octubre de 2019 no ha detenido la tendencia a la devaluación monetaria, llevando la cotización de la libra libanesa a más de 8.000 libras por dólar, perdiendo un 70% de su valor frente a la moneda estadounidense y poniendo punto final a 30 años de convertibilidad fija. Hoy por hoy, el Líbano es el tercer Estado más endeudado del mundo, siendo poseedor de una deuda que asciende al 170% de su PBI y que busca ser sorteada por el gobierno mediante un nuevo préstamo procedente del Fondo Monetario Internacional (FMI). La tentativa de acceder a este desembolso suscitó una fuerte crisis política al interior del gobierno, desde el inicio de las negociaciones con el organismo multilateral de crédito han sido dos los funcionarios que han renunciado a sus cargos: Henri Chaoul (asesor financiero del gobierno libanés) y Alan Bifani (ocupó el puesto de director general del Ministerio de Finanzas durante 20 años), ambos hombres ligados al capital financiero internacional y a la banca. El periódico libanés Daily Star informó que Bifani manifestó que el gobierno “estaba en un estado de negación y procrastinación con respecto a la crisis y el camino hacia la reforma”, oficiando como vocero destacado de la subordinación económica de las finanzas nacionales a las pretensiones de los acreedores internacionales. De todas maneras sería un error imaginar que el conjunto del régimen político no esté dispuesto a avanzar en un plan de ataque hacia los trabajadores, siendo él mismo el impulsor del ajuste dictado por el FMI que motivó la rebelión libanesa de noviembre de 2019. Mientras tanto, el gobierno ha aumentado por primera vez el precio del pan en más de una década y los importes de la mayoría de los productos básicos están alcanzando sus máximos históricos.


En el marco de la debacle financiera, el imperialismo norteamericano ha asomado sus narices para terminar de configurar una situación política aún más delicada en Medio Oriente. A través de la “Ley César”, una norma estadounidense que entró en vigencia el 17 de junio, Siria vuelve a sufrir un nuevo bloqueo económico, mediante la aplicación de sanciones a cualquier gobierno o entidad que trate comercialmente con Damasco (Prensa Latina 29/6). Esto implica un zarpazo directo a los negocios que mantiene el Líbano con el país liderado por Al-Asad. Ante este panorama, el gobierno libanés ha pedido ayuda a la ONU y a la Unión Europea (UE) con el fin de que intervengan sobre la avanzada norteamericana. Incluso baraja la posibilidad de recostarse en China, que estaría dispuesta a invertir en infraestructura.


Viva la lucha de las masas libanesas


El gobierno del primer ministro Hassan Diab, llegado al poder mediante un pacto con los sectores chiítas de Hezbollah y el movimiento Amal y los sectores cristianos (excluyendo al partido sunita del depuesto primer ministro Hariri), no ha podido poner fin a la profunda bancarrota social que mina las condiciones de vida del conjunto de los trabajadores de la región.


El clima popular que atraviesa las calles de Beirut, Tripoli y otras ciudades es de una inmensa solidaridad de clase. Los cantos contra el conjunto de las fuerzas políticas sin distinción de culto y el “que se vayan todos” sigue latente como una de las consignas principales de las jornadas de lucha en el Líbano, a pesar de la intentona reaccionaria por parte de Hassan Diab de calificar la reacción de masas como un “intento de golpe de Estado”. La última semana de junio, manifestantes rodearon el Palacio de Justicia de Beirut para pedir por la liberación de 21 luchadores presos movilizarse (Al Monitor 25/6).


Al fin y al cabo, el resultado de la contienda será dirimido en la arena de la lucha de clases. En el Líbano está planteada la tarea de poner en pie una organización política de los trabajadores y echar al gobierno ajustador mediante la profundización de la movilización, en la perspectiva de una huelga general.




 

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