Una nueva ola de protestas ha sacudido al pequeño país levantino, como respuesta a un incremento en los precios de los combustibles. Líbano se encuentra sumido en una catástrofe económica, política y social que no parece tener fondo; una de sus expresiones más extremas es el hecho de que el 50 por ciento de la población esté bajo el umbral de la pobreza. Estas acciones callejeras son un eslabón más de una larga cadena de luchas, las cuales tuvieron su auge en la rebelión popular que en 2019 puso al régimen político contra las cuerdas, y que ha continuado durante 2020, a menudo en aisladas pero importantísimas manifestaciones de trabajadores, con su momento cumbre en agosto cuando cayó el entonces primer ministro Hassan Diab.

En Beirut, la capital, los manifestantes bloquearon carreteras, quemando neumáticos y contenedores de basura. En esa región, asimismo, se habían formado extensas filas de automóviles para cargar combustible antes de que entre en vigencia la subida de precios dispuesta por el Ministerio de Energía. Sidón, la ciudad bíblica, fue revuelta por episodios similares. La norteña ciudad de Trípoli, por su lado, ha sido testigo de asaltos a bancos y en algunos casos los manifestantes salieron a las calles con armas, mientras llamaban a los comerciantes a cerrar sus tiendas y unirse a las protestas. En defensa del tarifazo y de la banca, el gobierno libanés desplegó al Ejército, que en varias oportunidades tuvo que hacer retroceder sus tanques ante el avance de la población.

A principios de marzo, se han producido protestas en todo el país después de que la libra libanesa sufriera un derrumbe (la devaluación alcanzó un 90 por ciento desde finales de 2019, llevando el salario a mínimos históricos), con el desarrollo de piquetes en las principales vías de la capital, lo que fue respondido por el gobierno con el envío de la Policía y de las Fuerzas Armadas.

Por otra parte, el 17 de junio, tiendas, oficinas gubernamentales, negocios y bancos cerraron sus persianas como parte de una huelga general que conmovió a todo el país. Los trabajadores se movilizaron construyendo barricadas en las carreteras de varias ciudades, e incluso en el camino hacia el aeropuerto de Beirut.

A fines de ese mismo mes, miles de personas se volcaron a las calles de Trípoli para enfrentar la gigantesca desvalorización de la moneda nacional, suceso que se destacó por la entrada de un grupo de manifestantes a una de las sucursales del Banco Central (esto se ha replicado en la sureña ciudad de Sidón) y por el incendio de una oficina gubernamental. Otros manifestantes han intentado ingresar a la casa de dos legisladores y fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad.

Estamos ante procesos de lucha que cuestionan a los pilares básicos del saqueo capitalista, como la banca. Las protestas, que tienen el inmenso valor de confluir sin ningún tipo de distinción étnico-religiosa, impugnan al corrupto régimen político sectario, cuyos cargos se reparten entre sunitas (primer ministro), chiitas (presidencia del parlamento) y católicos (presidente).

Desastre económico-social

El telón de fondo de este ascenso de la lucha de clases son la bancarrota económica y la crisis política que imperan en el país, las cuales se van retroalimentando entre ellas. En un informe reciente, el Banco Mundial ha señalado que la crisis libanesa es una de las peores a escala global desde mediados del siglo XIX; el PBI cayó de casi 55 mil millones de dólares en 2018 a alrededor de 33 mil millones en 2020, y, desde el punto de vista del PBI per cápita, el desplome alcanzó un 40 por ciento desde 2018. La crisis financiera se ha intensificado con el impacto del coronavirus, el incumplimiento en el pago de la deuda soberana el año pasado y la explosión del puerto de Beirut. Su deuda, una de las más altas del mundo, equivale al 170 por ciento del PBI, y la relación entre la moneda nacional (libra libanesa) y el dólar es cada vez más despareja; por cada billete verde la población debe pagar entre 17.000 y 18.000 libras en el mercado negro. Como producto de esta devaluación sin precedentes, los precios de la canasta básica se han elevado, entre enero de 2020 y abril de 2021, un 350 por ciento.

La falta de divisas ha provocado retrasos en la importación de combustible (el contrabando del mismo y su giro a otras tierras también ha contribuido), lo que, habida cuenta su relación con la generación eléctrica, ha estado produciendo cortes de luz en todo el país, que duran más de doce horas; el racionamiento impuesto por los dueños de los generadores eléctricos barriales, por otro lado, ha devenido en interrupciones sistemáticas en el funcionamiento de hospitales u otros sitios; la empresa turca Karpower, además, viene de cerrar dos barcazas que suministraban una cuarta parte de la electricidad del país. Lo mismo (la escasez) ocurre con los alimentos y los medicamentos, que provienen del exterior.

Frente a este cuadro, el gobierno nacional ha impulsado un paquete de medidas anti obreras, entre ellas la imposición de un corralito (impide a la población retirar sus fondos en dólares o euros, lo que afecta fundamentalmente a los trabajadores que viven de las remesas que se giran desde el exterior) y la reciente reducción de subsidios a los combustibles, que añadiría más presión a las tendencias inflacionarias y devaluatorias, pues altera los precios de toda la cadena productiva. Varios elementos del gobierno ya han advertido que el esquema de subsidios al trigo, a las medicinas y a otros alimentos no podrá sostenerse durante mucho tiempo. El Banco Central libanés ha solicitado recientemente al gobierno un permiso para utilizar los ahorros de los clientes en aras de financiar un plan de subsidios a la población.

Imperialismo y crisis política

El vaciamiento de las reservas del Banco Central, y, en términos más amplios, el desmadre económico todo, son utilizados por el imperialismo como mecanismo de extorsión. Algunos de los llamados “donantes internacionales”, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), han dicho que “solo ayudarán al país si se implementan reformas para combatir la corrupción generalizada” (France 24, 3/3). Es una formulación tramposa: lo que en verdad reclama es un ajuste mayor sobre las masas, que vaya acompañado de un tutelaje por parte de las potencias imperialistas. El jefe diplomático de la Unión Europea (acreedora del Líbano), Josep Borrell, subrayó que el país levantino necesita un gobierno que “cumpla con las directrices del FMI”, y amenazó con aplicar sanciones a los líderes que bloqueen dicho proceso, una orientación que ha venido defendiendo hace tiempo el francés Emmanuel Macron y que le encomendó al premier libanés Saad Hariri en una cita entre ambos a principios de febrero.

Los estados del Golfo, a su vez, condicionan las ayudas financieras a un desplazamiento de Hezbollah, el grupo chiita vinculado a Irán que tiene supremacía en el parlamento libanés, de la esfera gubernamental. La administración Biden sumó también su presión el mes pasado, cuando anunció que iba a aplicar sanciones contra los líderes de Hezbollah y su firma financiera, Al-Qard Al-Hasan.

Sin embargo, la crisis de gobierno se halla lejos de cerrarse, al menos en lo inmediato. El depuesto por la rebelión de 2019, Saad Hariri, que fue (re)designado como primer ministro en agosto 2020, todavía no ha logrado formar gobierno debido a sus sucesivos enfrentamientos con el presidente Michel Aoun. Este ha acusado a Hariri de “tratar de usurpar los poderes presidenciales” y de “violar la constitución”, mientras que el segundo, que hasta podría dimitir, culpa al presidente de la crisis (Infobae, 14/6). A todo esto debe sumársele la investigación judicial que pende sobre el presidente del Banco Central, Riad Salameh, por estar envuelto en casos de corrupción (especulación con el dólar y lavado de dinero), y el escándalo del “vacunatorio vip” en el que el presidente Aoun es la principal estrella.

Otro problema de gran envergadura para el gobierno es la descomposición del aparato estatal, con epicentro en las Fuerzas Armadas. El Estado libanés no puede mantener a su brazo armado; desde principios de año más de 3.000 soldados han abandonado los cuarteles a causa de la devaluación salarial, y los que quedan están llamando a los países del mundo a que colaboren con ellos proveyéndoles de alimentos, medicinas y combustible. El general Joseph Aoun ha criticado duramente al gobierno y viene de “simpatizar” con las demandas del pueblo libanés, aunque detrás de eso se esconda un reclamo corporativo. El impasse de las FFAA libanesas fue tratado en una conferencia organizada por Francia, donde veinte países se han comprometido a auxiliarlas; Estados Unidos, por ejemplo, ya había anunciado su disposición a aportar unos 120 millones de dólares.

Ante la barbarie a la cual el capital y su gobierno están conduciendo a las masas trabajadoras de Líbano, se hace necesario que estas se organicen de forma independiente para derrotar al conjunto del régimen y poner en pie un gobierno propio.