Desde hace 3 semanas, los trabajadores y el pueblo bielorruso se encuentran protagonizando una gesta de características únicas para la historia del país europeo. Las elecciones del 9 de agosto y el escandaloso resultado oficial que dio como ganador por un 80% a Alexander Lukashenko generaron un enorme repudio sacando a cientos de miles a las calles y llevando a la clase obrera, en particular, a desarrollar un inédito proceso de huelgas, que se encuentran prácticamente ilegalizadas desde 1991. La represión generalizada del régimen, con 7 mil detenidos, aproximadamente 10 muertos y decenas de desaparecidos, no logró contener la lucha. En estos momentos, el gobierno de Lukashenko se encuentra llevando adelante la judicialización y detención tanto de representantes de la oposición política como de dirigentes de los lugares de trabajo en huelga. La rebelión del pueblo bielorruso ha puesto de relieve las tensiones presentes en la región y los intereses que están en juego.

Lukashenko y un frágil equilibrio

El contraste entre las masivas movilizaciones anti gubernamentales y las raquíticas manifestaciones de apoyo a Lukashenko (organizadas bajo la presión del aparato estatal), son solo un indicio más de una realidad comprobada para todos los jugadores del escenario político internacional: el (ex)líder bielorruso ya no cuenta con apoyos significativos a nivel local. Su permanencia en el cargo se debe, por sobre todas las cosas a que aún controla los resortes de las fuerzas represivas y de los servicios secretos. Dentro del régimen construido por Lukashenko desde 1994, el personal policial y militar cuenta con varias prerrogativas económicas y sociales, altos salarios, acceso a créditos hipotecarios subsidiados, entre otros, lo que favorece la lealtad al gobierno entre los subordinados, amén del lugar de privilegio que detentan los altos mandos.

El otro factor de apoyo relativo que conserva Lukashenko es Putin, quien en las últimas horas anunció la conformación de una reserva antidisturbios rusa a disposición del gobierno bielorruso en el caso de que la situación se desmadre por completo. Sin embargo, numerosos especialistas señalan que Putin estaría dispuesto a tolerar una salida “a la armenia”, en referencia al proceso de movilizaciones ocurrido en ese país en 2018, que concluyó en el desplazamiento del primer ministro prorruso Serzh Sargsyan pero sin cuestionar el mantenimiento de ese país dentro de la órbita rusa. En cambio, las posibilidades de una intervención de Moscú se incrementan en caso de que se imponga una salida que busque alinear al país con la Unión Europea y la Otan, es decir, un escenario más parecido al de Ucrania en 2014.

Los límites de la oposición y de la intervención imperialista

Existen una serie de distinciones entre la situación bielorrusa y el Euromaidán ucraniano de 2014 que derribó al gobierno de Victor Yanukovich (asilado en Rusia), quien fue reemplazado por un gobierno derechista y abiertamente proimperialista. En primer lugar, no existe entre las masas bielorrusas en lucha un sentimiento antirruso extendido, en segundo lugar, no hay agrupaciones de extrema derecha jugando un rol destacado en las movilizaciones y, por último, la clase obrera bielorrusa está interviniendo, con sus métodos, en la situación política, lo que no ocurrió en el caso ucraniano. En este cuadro, la oposición pro occidental -que aboga por una restauración capitalista sin contemplaciones- se encarga de señalar repetidamente que no está entre sus objetivos encarar un rumbo de oposición a los intereses rusos. Esta oposición, copada por banqueros y ex miembros del régimen, está nucleada en el consejo de coordinación convocado por Svetlana Tikhanovskaya, con el objetivo de organizar la transición post Lukashenko,

Es importante tener presente que este sector tiene que operar sobre la contradicción entre los intereses materiales y el programa que representa (privatizaciones masivas, entre otros) y los de las masas sublevadas, que han salido a las calles contra el régimen dictatorial de Lukashenko, golpeadas por el deterioro económico y el mal manejo de la pandemia.

La Unión Europea, principal soporte de la oposición, no tiene una posición común, por fuera del desconocimiento de la elección del 9 de agosto y del objetivo general de colonizar económicamente a los ex estados obreros. Polonia, los países bálticos y Ucrania (este último no integra la unión) impulsan el reconocimiento internacional como gobierno oficial de Bielorrusia del consejo dirigido por Tikhanovskaya, en una réplica de la política del imperialismo en Venezuela y el intento de colocar a Juan Guaidó como el presidente real del país (El País, 22/8).

Por su parte, Alemania y Francia, los líderes del bloque, buscan evitar una confrontación abierta con Putin, por lo que se encuentran entre aquellos que impulsan una transición ordenada, incluso con miembros del régimen bielorruso, sobre la que buscarán influir para asegurar posiciones para sus propios capitales.

Trump dio un cauteloso apoyo a las manifestaciones y dijo que hablará sobre el tema con Rusia. Dijo seguir el tema “muy de cerca”. Uno de los aspectos de esta preocupación es contener la penetración china en la región que viene acrecentándose. China ha invertido capitales en el país del este europeo e instalado parques para la radicación de empresas tecnológicas. Para el gigante asiático, Bielorrusia es un escalón más en el objetivo de poner en pie la “ruta de la seda”, un eje económico euroasiático que facilite en el intercambio entre China y Europa.

La intervención de las masas

El último domingo volvió a desarrollarse una masiva movilización de alrededor de 200 mil personas en Minsk.

En la izquierda bielorrusa -según un reportaje a activistas publicado por la revista Nueva Sociedad este mes- existe una parte que cierras filas con Lukashenko, como el Partido Comunista de Bielorrusia. Al mismo tiempo, existen youtubers de izquierda y kruzkhi marxistas (grupos de “autoeducación”) que centran su agitación contra la oposición proimperialista y reivindican la herencia soviética. En cambio, se sitúan en la oposición un desprendimiento del PC (llamado Un Mundo Justo), el Partido Verde y grupos anarquistas, que serían víctimas predilectas de la represión estatal.

A nivel del movimiento obrero, las huelgas en curso implican un importantísimo reanimamiento. A principios de los ’90 hubo un proceso de formación de sindicatos independientes que fueron aplastados. La represión brutal de la huelga del subte en 1995 habría sido la gran última lucha sindical. Los sindicatos se encuentran integrados al Estado (Federación de Sindicatos), existiendo pequeñas, aunque combativas, agrupaciones. Con más de 150 lugares de trabajo en huelga esta semana, la vitalidad de los trabajadores permanece intacta.

Está en manos de la clase obrera y del pueblo bielorruso la posibilidad no solo de echar a Lukashenko y de terminar con un régimen represor, sino la de abrir paso a un rumbo político ajustado a los intereses de los trabajadores. Para que este desenlace se imponga es necesario enfrentarse no solo al gobierno sino delimitarse de la oposición ya que la imposición de su programa implicaría un retroceso aun mayor para las condiciones de vida de la población. Ya en el último periodo, Lukashenko avanzó contra la clase obrera imponiendo contratos de trabajo individuales, salarios congelados pese al aumento de los precios, así como el aumento en la edad jubilatoria. Lukashenko pilotea, en sus propios términos, un proceso de restauración capitalista sumamente aletargado por comparación con otros países.

Es necesario reforzar la organización de los lugares de trabajo y la continuidad de las movilizaciones para echar a Lukashenko y la puesta en pie de un partido revolucionario para abrir paso a un gobierno de trabajadores.

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