La asunción del nuevo presidente mexicano dejó perplejo al mundo empresario y financiero. Como lo resumió Financial Times en un reciente comentario: “El poder popular de López Obrador agita los mercados”. El líder del centro-izquierda se propone gobernar sobre la base de plebiscitos, en lo que fue calificado por el matutino inglés como una suerte de “democracia participativa que puede poner en riesgo las inversiones” (3/12).

Curiosamente, las grandes protestas protagonizadas por los chalecos amarillos que conmocionan a Francia, han incorporado, junto a la dimisión del presidente francés Macron, el reclamo en favor de la utilización del referendo obligatorio frente a medidas de gobierno fundamentales. El hilo conductor que une al país galo con el azteca es que asistimos a una descomposición y derrumbe de sus regímenes políticos, del sistema de dominación tradicional y sus instituciones, en el marco de un escenario convulsionado dominado por la crisis mundial capitalista, en pleno desarrollo. El giro a la izquierda en México representa un contrapunto en relación con el triunfo de Bolsonaro, lo que da cuenta de un escenario latinoamericano -y agreguemos mundial- volátil, con oscilaciones de uno y otro signo. Mal se puede hablar de una tendencia política definida.

Programa de gobierno

Los “mercados” ya habían recibido un adelanto de esta línea de gobierno ante la decisión de cancelar un proyecto aeroportuario de 13.000 millones de dólares, que ya estaba en construcción. La medida se tomó después de una “consulta al pueblo” dispuesta por el gobierno: una primera muestra de la “democracia participativa” que pregona. Los inversores, a quienes algunos funcionarios del gobierno entrante les habían asegurado que el proyecto seguiría adelante, estaban estremecidos, pese a las promesas de que pagarán las indemnizaciones en su totalidad.

Durante las dos horas que duró su alocución al momento de tomar posesión de su cargo, López Obrador anunció una detallada agenda de gobierno con más de 100 propuestas, que incluían el aumento a las pensiones, la creación de cien universidades, grandes obras públicas y un sistema de salud, como en los países nórdicos. Entre sus planes figura crear refinerías para no depender de las importaciones provenientes de Estados Unidos y apuntar a la “soberanía energética” mexicana.

Sin embargo, es una incógnita de dónde saldrán los recursos, con más razón cuando el nuevo presidente se metió en un aprieto al prometer no subir la deuda en términos reales y recortar impuestos. Más aún, habla de prudencia fiscal y hasta de un presupuesto de austeridad, lo cual delata las inconsistencias de “su” plan de gobierno.

López Obrador sostiene que el financiamiento de sus planes provendrá de un recorte del gasto no esencial y de poner fin a la corrupción. Pero se mantiene en pie la principal sangría que es el propio pago de los servicios de la deuda y las concesiones a las empresas capitalistas en diferentes áreas de la actividad económica. Por otro lado, se declaró contrario a perseguir y someter a procesos judiciales a los funcionarios implicados en delitos previos. Esta política de amnistía frente a los corruptos, en la que están comprometidos todos los poderes del Estado, provocó escozor entre sus propios seguidores.

Las contradicciones están a la vista. Prometió un cambio profundo y radical y poner fin al modelo neoliberal. Pero no pretende, sin embargo, anular la privatización petrolera (solamente revisar contratos), con todo el perjuicio que representa para México la privación de la elevadísima renta petrolera actual y que las compañías yanquis operen en los dos lados de la frontera, lo cual privilegia la explotación no convencional en Texas. Propone construir refinerías para evitar la importación de subproductos, pero difícilmente contará para ello con apoyo internacional, salvo que promueva subsidios, porque la refinación es la parte de la cadena que ofrece menor rentabilidad. Tampoco está en sus cálculos aumentar los impuestos al beneficio extraordinario de las compañías petroleras y de energía.

Promotor del mercado interno, López Obrador no pretende, sin embargo, romper el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, lo que lo coloca a contramano de la unidad latinoamericana como estrategia para alcanzar la autonomía nacional. Más aún: fue uno de los artífices del nuevo tratado, adaptándose a las exigencias de Trump.

El equipo de López Obrador ha dejado claro que han priorizado tener buenas relaciones con el imperialismo estadounidense. El gobierno entrante ha hecho lo posible para evitar cualquier desafío a los llamados del mandatario estadounidense a que México pague por el muro fronterizo, a sus ataques contra los desesperados migrantes centroamericanos y a sus demandas de que México los rechace desde su frontera sur, o les dé albergue por un tiempo prolongado mientras sus solicitudes a Estados Unidos son procesadas.

El canciller entrante, Marcelo Ebrard, propuso a Estados Unidos la implementación de lo que llamó un “Plan Marshall” para el Triángulo Norte centroamericano. Este plan de “inversión y reconstrucción” estaría dirigido a El Salvador, Honduras y Guatemala. Según el planteamiento, México absorbería una gran parte de la emigración centroamericana, por lo menos mientras las solicitudes a Estados Unidos se procesan. Al mismo tiempo, se realizaría un programa de obras públicas en el empobrecido sur de México. Ebrard ha propuesto una contribución inicial del gobierno norteamericano de por lo menos 1.000 millones de dólares, aunque habrá que esperar cuál es la repuesta de la Casa Blanca frente a la propuesta.

Militarización

Pero donde más se advierte la contradicción es respecto de la violencia y la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico. Se trata de una cuestión clave, que creció a niveles sin precedentes. El año concluirá en México con el mayor número de asesinatos desde que se tienen registros. Hasta octubre las autoridades contaron 28.000.

López Obrador plantea que la salida es reforzar la presencia del Ejército en las calles. Se trata de un giro de 180º respecto a sus promesas de apenas unos meses atrás. Más aún, López Obrador espera crear un nuevo cuerpo militar, la Guardia Nacional. Morena, su partido, deberá impulsar una reforma de la Constitución que requiere una mayoría cualificada en el Congreso. Se promueve esta orientación cuando está claro el fracaso de la militarización que lleva implementándose desde hace más de una década. Desde 2006, cuando Felipe Calderón asumió la presidencia, el Ejército y la Armada se han encargado de velar por la seguridad en el país. En algunos estados sustituyeron de hecho a las policías. Lejos de atenuarse, el problema se ha agravado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado docenas de instancias en las que el Ejército y la Armada han participado en asesinatos extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas, incluyendo su participación ampliamente reconocida en la matanza de Tlatlaya y la desaparición y el asesinato de 43 normalistas de Ayotzinapa.

El reforzamiento del poder del Ejército debe ser apreciado también en un contexto más general. López Obrador apunta a erigir un régimen bonapartista, de poder personal, como un recurso excepcional para pilotear una descomposición profunda del sistema político, gobernando a fuerza de plebiscitos y de una militarización que será utilizada, cuando haga falta, contra la protesta social y la oposición política. Importa señalar que los plebiscitos que hasta ahora se han convocado son minoritarios: votó apenas el 1% del padrón. Esta “democracia directa” es un gran factor de manipulación política de la voluntad popular, en la que el Ejecutivo selecciona los temas sometidos a consulta y sus términos.

Perspectivas

La apuesta del empresariado es marcar la cancha y acordonar al gobierno con vistas a establecer un “modus vivendi” con la nueva gestión y recortar algunas de sus propuestas más urticantes.

El nuevo presidente de México ha dado señales de que puede contemporizar como lo demostró en los seis años que gobernó la capital del país. Por lo pronto, López Obrador ha dado indicios en esa dirección al nombrar a Alfonso Romo, un hombre del sector privado, jefe de Gabinete, y la presencia de tecnócratas como Carlos Urzúa en el Ministerio de Finanzas. En su gabinete se encuentran representantes de esa “mafia del poder” a la que tanto ha criticado. El jefe del Estado calmó a los mercados cuando su partido trató de introducir una norma en el Senado para limitar las comisiones de los bancos, que produjo una sacudida en la Bolsa. Del mismo modo, su gabinete ya actúa para poner paños fríos y trabar otros proyectos para obligar al gobierno a solicitar el consentimiento de las comunidades indígenas antes de otorgar concesiones mineras.

Entretanto, la burguesía no se ha privado de ejercer su presión desde el primer día de gobierno, que se sintió con fuerza en los mercados.

El peso está en su nivel más débil en cinco meses, el mercado accionario retrocedió y los rendimientos de los bonos a diez años emitidos por México se encuentran en un máximo en una década.

La distancia entre los problemas de México y el programa de Morena es enorme, incluso desde un punto de vista reformista. México, en las barbas de Estados Unidos, está afectado más que nadie por la guerra económica internacional y el impacto de la crisis estadounidense y mundial. México ingresa en una transición convulsiva. La asunción de López Obrador es el primer capítulo de una crisis muy severa, que anuncia serios choques políticos y sociales.