El gobierno de Estados Unidos y el de Filipinas sellaron este jueves un acuerdo que refuerza la presencia militar norteamericana en la nación del sudeste asiático. El objetivo de Washington es profundizar su presión política y militar contra China, en el marco de un recrudecimiento mundial del belicismo, cuyo epicentro es la guerra en Europa.

El pacto extiende el denominado Acuerdo de Cooperación de Defensa Mejorada (Edca), el cual fue firmado por la Casa Blanca y Manila en 2014. Mediante el mismo, Estados Unidos comenzó a utilizar cinco bases militares del archipiélago. Los ejércitos de ambos países realizan entrenamientos conjuntos y planifican diversos tipos de operaciones; las tropas norteamericanas, asimismo, colaboran con el gobierno filipino en tareas de inteligencia, y asesorando a sus tropas en su combate contra el Estado Islámico. Con la extensión de ese pacto, Washington podrá usar cuatro bases más. A su vez, como parte del acuerdo, que fue realizado con el pretexto de una posible invasión china de Taiwán, el gobierno de Joe Biden asignó 82 millones de dólares para mejorar la infraestructura de los cinco destacamentos militares mencionados. Xi Jinping, el presidente de China, acusó a Biden de “agravar las tensiones en Asia”.

Las instalaciones militares sobre las cuales se emplazarían las tropas estadounidenses se encuentran ubicadas en sitios que, desde el punto de vista del imperialismo norteamericano, son estratégicos. Dos de ellas están en la provincia de Cagayán, situada al otro lado de la frontera marítima con Taiwán y del sur de China. Y las dos restantes están en la costa occidental de Filipinas, cerca de las provincias de Palawan y Zambales, frente al Mar de China Meridional. A través de este mar, disputado por varios países, circula un porcentaje significativo del comercio internacional.

Estados Unidos y Filipinas han construido estas relaciones durante muchos años. Por ejemplo, el país asiático, que es una excolonia norteamericana, apoyó a Washington durante la Guerra Fría, y más tarde haría lo mismo en las invasiones estadounidenses de Afganistán e Irak. El Edca no es el único acuerdo de carácter militar entre la Casa Blanca y Manila. En 1954, ambos países firmaron el llamado Acuerdo de Defensa Mutua. Y pactaron, en 1999, el Acuerdo de Fuerzas Visitantes, que permite a miles de militares norteamericanos arribar cada año a Filipinas para realizar ejercicios de combate a gran escala.

La extensión del Edca equivale a una intromisión mayor del imperialismo en la región, y a un reforzamiento de la atadura política de Filipinas a él. Representa un cambio de la política exterior de este país con respecto a la del gobierno anterior; Rodrigo Duterte, el expresidente filipino, había ensayado un acercamiento a Beijing, y amenazado con romper las relaciones con Estados Unidos. Washington viene pisando fuerte en Asia, recientemente anunció que a partir de 2024 reubicará en la isla de Guam a 4.000 marines que actualmente están instalados en Okinawa, Japón. Tokio, que también rivaliza con China, mantiene lazos con Filipinas. El gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con el de Corea del Sur para dar lugar a un despliegue de pertrechos yanquis como cazas de combate o bombarderos en la Península de Corea, lo que tiene como objetivo intimidar también a Corea del Norte, que ha estado realizando sus maniobras militares. El gobierno surcoreano de Yoon Suk-yeol está considerando la posibilidad de construir sus propias armas nucleares, o en su defecto que Estados Unidos le envíe las suyas.

Washington y Seúl llevaron adelante hace poco maniobras militares en conjunto; Biden pretende incluso volver a desarrollar ejercicios con fuego real en la región, los cuales fueron suspendidos por el gobierno de Trump. La situación es compleja, y los intereses sociales y económicos que están detrás de este proceso son múltiples. Pero el panorama muestra que la tendencia a la guerra caliente supera las fronteras europeas.

A la presión militar se le suma, además, la presión económica; la administración Biden ha restringido sus exportaciones (y la de ajenos) de componentes para fabricar microchips a China. En esta línea, la Cámara de Representantes estadounidense creó un comité bipartidista para evaluar cómo profundizar la competencia económica contra Beijing.

El gobierno filipino

El gobierno de Filipinas está comandado por el derechista Ferdinand Marcos Jr. (también conocido como Bongbong). Bongbong es hijo de Ferdinand Marcos, quien fuera dictador de Filipinas entre 1965 y 1986. La dictadura de Marcos, una cleptocracia, fue derrocada por una rebelión que fue conocida como la “revolución del poder popular”.

Marcos Jr., que pertenece al Partido Federal, llegó al poder después de salir victorioso en las elecciones presidenciales de mayo. Ganó con más de 31 millones de votos (59%). En segundo lugar quedó Leni Robredo, del Partido Liberal, que obtuvo 15 millones menos de votos (28%). Robredo fue vicepresidenta de la administración Duterte. Y Bongbong formó su frente electoral con Sara Duterte, la hija del exmandatario. En la campaña electoral, Marcos Jr. desarrolló un discurso nacionalista, prometiendo, mediante una campaña masiva de fake news, que con él Filipinas volvería a los tiempos de bonanza (sic) que reinaban bajo la dictadura de su padre. Su alianza con la hija de Rodrigo Duterte, cuya administración terminó con cierta popularidad, también le ayudó a cosechar la victoria. Joe Biden fue el primer líder extranjero en llamar a Marcos Jr. para felicitarlo por su triunfo.

El gabinete de Bongbong está formado por aliados familiares y tecnócratas. Y su partido político está integrado por exjefes de la policía, y vinculado a escuadrones de la muerte anticomunistas.

El régimen político filipino no ha perdido su carácter cleptocrático, en él la corrupción es la norma. Tiene una particularidad, la mayoría de los políticos capitalistas pertenecen a dinastías y clanes. Por ejemplo, más del 51% de los gobernadores forma parte del clan Duterte, que tiene una primacía en el sur del país. En el norte, por el contrario, la tiene el clan Marcos. Asimismo, es un régimen ultrarrepresivo, que a menudo utiliza métodos violentos y coercitivos para atemorizar a la clase obrera. La Ley Antiterrorista vigente permite el arresto de personas durante 24 días sin orden judicial. Sara Duterte, la actual vice, busca imponer el servicio militar obligatorio para jóvenes de 18 años, y Bongbong ha dicho que está dispuesto a establecer la pena de muerte para “los criminales que no puedan ser rehabilitados”. Antes, Duterte padre, que gobernó con mano de hierro, llevó adelante una “guerra contra las drogas”, en 2016. En ella, más de 30 mil personas fueron ejecutadas sin ningún proceso judicial. Algunos analistas creen que el nuevo gobierno terminará de liquidar las libertades democráticas.

La situación económica y social por la que deberá atravesar el nuevo gobierno es explosiva. El 22% de la población está subempleada o desempleada, y el salario mínimo se encuentra por debajo de la línea de pobreza. Este empobrecimiento de las masas vino acompañado de un enriquecimiento de una minoría social; entre 2020 y 2021, los 50 filipinos más ricos vieron crecer su riqueza en un 30%. Los capitalistas nativos también están ligados a diversos clanes. Entretanto, la inflación está aumentando y la deuda pública del país asciende a 231.000 millones de dólares, lo que equivale al 63% del PBI.

Varios activistas protestaron frente al campamento militar donde el gobierno yanqui y el filipino cerraron el acuerdo. La pelea contra el imperialismo y el gobierno derechista de Marcos Jr. debe ser llevada a cabo por toda la clase trabajadora y el campesinado pobre de Filipinas.

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