El gobierno centroizquierdista italiano, encabezado por el ex ‘comunista’ D’Alema, e integrado también por el partido de los Comunistas Italianos, acaba de imponer en el Parlamento una ley contra las huelgas en el sector estatal, desde el transporte a la salud, pasando por los docentes, los empleados del Estado y un muy largo etcétera.

El eje de la ley es un curioso artículo, denominado “rarefazione oggetiva”, según el cual debe haber un intervalo de diez días entre una huelga y otra en un mismo sector. Esta cláusula ilegaliza los planes de lucha escalonados y las huelgas de más de 24 horas; pero eso no es todo. El “sector” afectado, a su vez, no es el sindicato que se encuentre en conflicto sino todos los involucrados en la atención de los mismos “usuarios”. Si, por ejemplo, hubiera un paro de conductores ferroviarios, deberían transcurrir diez días para que cualquier otro sector del ferrocarril pudiera salir al paro. La ley italiana es un buen ejemplo de cómo los centroizquierdistas se valen de la excusa de proteger a la “sociedad civil” para atacar al movimiento obrero.

La ley también establece que antes de ir a la huelga, los gremios deberán acatar una serie de “tentativas de reconciliación”. En este arbitraje, el Estado es juez y parte.

La ley fue aprobada en el preciso momento en que en Italia tiene lugar un ascenso de huelgas estatales: docentes, ferroviarios, conductores de transportes urbanos, empleados del correo. Precisamente, “la nueva ley pretende poner un correctivo (…) penalizando, sobre todo, a los sindicatos autónomos que han proliferado como hongos en los últimos tiempos” (El País, 17/2). La ley establece multas millonarias contra los sindicatos. La pena puede recaer tanto sobre los sindicatos como sobre sus dirigentes y afiliados. La centroizquierda muestra, sin rubor, su estrategia de neutralizar por medio del Estado al movimiento obrero.