El franquista Aznar y el “grapista” Psoe han aprovechado la conmoción creada por el último atentado de la Eta – un coche-bomba en un balneario español que mató a una niña de cuatro años y a un jubilado – para ilegalizar a Batasuna.

La comisión de estos crímenes inmotivados, que ni siquiera responden a represalias contra personeros de la represión, es típica de los movimientos acusadamente terroristas, o sea que son incapaces de desarrollar su causa política por medio de la lucha de clases. Eta y Batasuna defienden “una salida negociada” que se intentó poner en práctica en 1998 (Pacto de Lizarra) pero que fracasó por la negativa de Aznar y el Psoe a llevar adelante cualquier acuerdo con la Eta.

Eta no apoya su reclamo de separación nacional con una política de unidad de acción con los trabajadores del resto de las nacionalidades y regiones de España, a los que considera “opresores”, en el mismo plano que al Estado español. Se trata, por tanto, de un movimiento de contenido burgués.