30/11/2000 | 690

Los «demócratas» conservan el regimen de Fujimori

Como un «juego de espejos», la «transición» peruana que encabeza Valentín Paniagua, convertido en presidente de la República después de la destitución de Fujimori, devuelve una imagen invertida de la realidad.


El fujimorismo se ha derrumbado ignominiosamente después de la fuga de su jefe. Mientras festeja que Fujimori se haya ido, la oposición legitima los todavía poderosos bastiones que el fujimorismo conserva en el aparato del Estado -en la justicia, en la corte electoral, en los gobiernos departamentales y municipales, en los organismos públicos y especialmente en el Congreso. En el nuevo gabinete democratizador, fue designado como ministro de Interior el coronel Ketín Vidal, ex jefe de la «policía antiterrorista», el hombre que detuvo a Abimael Guzmán, el jefe de Sendero Luminoso, en 1992. Los democratizadores de Perú, finalmente, no dejan de repetir su «respeto a la Constitución», que no es otra que la que Fujimori confeccionó a su medida para convalidar el autogolpe de 1992 y su reelección de 1995.


La influencia de Montesinos (que no ha sido encontrado ni detenido) en las fuerzas armadas y de seguridad va mucho más allá de los catorce generales que han sido pasados a retiro. «Lo que dejó Montesinos está intacto», denuncia un coronel expulsado del ejército por Fujimori (La Nación, 25/11).


Estados Unidos, dice la prensa en otra grosera inversión de la realidad, «forzó la liquidación de la era de Fujimori en el Perú» (El País, 24/11). Pero esto ocurrió sólo después de que el propio Fujimori renunciara bochornosamente en Tokio. Hasta minutos antes, la diplomacia norteamericana respaldaba que Fujimori permaneciera en el poder hasta el 2001 y que organizara la elección presidencial. Y antes de esto, había apoyado su permanencia en el poder hasta el 2005. Estados Unidos no forzó la liquidación de Fujimori; fue el derrumbe del régimen de la camarilla fujimorista lo que forzó a Estados Unidos a alterar, sobre la marcha y por tercera vez en apenas unos meses, su política en Perú.


Ahora, Estados Unidos reclama la anulación de los ascensos de los militares ligados a Montesinos, antes que nada, en un intento de ocultar su propia responsabilidad en el ascenso al poder del llamado «Rasputín de los Andes» Como lo prueban cientos de documentos que acaban de hacerse públicos en Washington, el gobierno norteamericano fue el principal respaldo político del régimen que se ha derrumbado. Esos documentos, cuyas fuentes son el Comando Sur del ejército estadounidense, la contrainteligencia militar, la DEA y la embajada en Lima, «prueban que Washington tuvo información temprana y precisa sobre los excesos de poder del régimen de Fujimori, sobre la forma en que Montesinos se adueñó paulatinamente del poder y sobre las vinculaciones de la administración con el narcotráfico» (Clarín, 25/11). Los vínculos entre Montesinos y la «comunidad de inteligencia» norteamericana duraron hasta hace muy poco: según informa The New York Times (7/11), la CIA autorizó la venta de armas jordanas que fueron luego desviadas por Montesinos y los militares peruanos, a manos de la guerrilla colombiana.


La unanimidad en la elección de Paniagua como presidente brinda otra «imagen invertida»: la de una oposición unida. El derrumbe de Fujimori terminará de dividir a los partidos opositores, enfrentados en la competencia por ganar los favores de la burguesía, los acreedores y el imperialismo en una carrera electoral «sin un favorito claro» (El País, 21/11).


Algunos medios representativos de la «opinión» imperialista, como The Wall Street Journal, comienzan a intervenir en esta disputa. En una nota firmada por el editor de su sección latinoamericana, el diario de los financistas norteamericanos señala que «Fernando Olivera puede ser una mejor apuesta (que Toledo, el candidato derrotado por Fujimori en las últimas elecciones)». A favor de Olivera citan su «agresivo ataque» al ‘populista’ Alan García (que gobernó Perú en la década del ’80); en detrimento de Toledo señalan «su tácito involucramiento en las violentas protestas callejeras» (The Wall Street Journal, 21/11). Ya con anterioridad, otro medio imperialista había elogiado a Olivera porque «boicotea las marchas» (Financial Times, 19/10). Uno y otro, claro, «favorecen las políticas pro mercado presentadas bajo la década de mandato de Fujimori» (The Wall Street Journal, 22/11).


El «juego de espejos» de la «transición», sin embargo, es incapaz de superar dos de los factores fundamentales que llevaron al derrumbe del régimen fujimorista: además de la fractura de las fuerzas armadas, la crisis económica.


Con una deuda externa de 28.000 millones y vencimientos en el próximo año por casi 2.000, con una recesión prolongada, caída de inversiones y fuga de capitales, Perú se asoma a la cesación de pagos. Los acreedores externos rechazaron tempranamente el planteo de Paniagua de «renegociar la estructura de pagos de la deuda externa». Uno de ellos le recordó que «no se puede renegociar la deuda con los organismos multilaterales como el FMI. Lo que se podría hacer es negociar nuevos préstamos para cubrir obligaciones antiguas» (Ambito Financiero, 21/11), es decir montar una «refinanciación» a tasas usurarias como la de la Argentina, que agravará la ya pavorosa situación de miseria de las masas.


En las condiciones extremadamente críticas creadas por el derrumbe del fujimorismo, la «transición» revela el fenomenal esfuerzo de la oposición y del imperialismo por mantener en pie lo que se pueda del régimen que se hundió, desde las privatizaciones al fortalecimiento represivo del Estado.

En esta nota