“El fantasma de la nacionalización sobrevuela con fuerza en España y el resto de Europa, y el debate está servido”, resume un portal español (Bolsa Manía, 20/3), ante la posibilidad de que los gobiernos del viejo continente avancen en una serie de estatizaciones de emergencia debido al impacto económico de la pandemia del coronavirus. Las primeras que aparecen en la lista son las compañías aéreas, pero los rumores se extienden a otros sectores (eléctrico, sanitario, etc.)

Asistimos a un mecanismo excepcional de rescate de los empresarios en un momento en que la pandemia ha venido a agravar la crisis capitalista. Las bolsas del mundo se han derrumbado y crece la amenaza de una depresión a escala global.

A la par de la inyección de fondos en el mercado por parte del Banco Central Europeo, la Comisión Europea dejó planteada la posibilidad del rescate de empresas al autorizar a los Estados a saltearse las normas sobre déficit público. Los gobiernos de España, Francia, Alemania e Italia han empezado a intervenir activamente para salvar a sus compañías.

En el caso de Italia, el país más afectado por la pandemia, el gobierno anunció la nacionalización de Alitalia (o la formación de una sociedad con participación pública mayoritaria), en el marco de un paquete de ayuda al sector aéreo por 600 millones de euros. La pandemia dio el golpe de gracia a la compañía, que llevaba tres años en suspensión de pagos y estaba a la venta. El Estado italiano ya la había auxiliado con créditos por hasta 1300 millones de euros e intervendrá en la misma hasta que la actividad se recupere. O sea, que asume el quebranto y la tarea de recuperarla, para reprivatizarla cuando vuelva a ser un negocio.

Siguiendo con el sector aéreo, el gobierno alemán (que ha debido suspender una norma que limita fuertemente el déficit público) analiza la compra de una participación en Lufthansa, que ha cancelado el 95% de sus vuelos. A su vez, se haría cargo del 60% del sueldo de los trabajadores, que tienen en estos momentos jornada reducida. También está siendo auxiliada Norwegian Airlines por parte del gobierno noruego. Algunas de las compañías más importantes del continente (como Ryanair, Air France y otras) han reclamado en una carta a los ministros de transporte europeos líneas de crédito, el acceso a los fondos de rescate y la posibilidad de empeorar el servicio para reducir costos (por ejemplo, eliminar los reembolsos por cancelación de vuelos).

En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció un paquete de hasta 300 mil millones de euros, como garantía para los préstamos bancarios a las empresas. El ministro de finanzas, Bruno Le Maire, dijo que “usará todos los medios” a disposición para salvar a las empresas galas, desde préstamos y compra de participaciones accionarias hasta nacionalizaciones. Por lo pronto, habrá aplazamientos de impuestos y de contribuciones a la seguridad social por 45 mil millones de euros.

España es otro de los países más afectados por el coronavirus. Hay más de 800 muertos y miles de infectados. Los hospitales están colapsados y el personal sanitario denuncia las malas condiciones de trabajo, que han provocado la infección de centenares de trabajadores de la salud. En este cuadro, surgieron versiones de una nacionalización del sistema sanitario. Pero en realidad, se trata sólo de una subordinación del sector privado de la salud al gobierno durante la emergencia sanitaria.

El gobierno centroizquierdista de Pedro Sánchez (que tiene como socio a Podemos) ha creado una línea de avales públicos para facilitar la toma de créditos bancarios por parte de empresas. Y exime del pago de contribuciones sociales a compañías que se acojan a un ERTE (Expediente de Regulación Temporal del Empleo, que supone la paralización de las operaciones). Hay una avalancha de compañías aprovechando este mecanismo.

La bolsa española ha caído un 35%. Compañías emblemáticas como Telefónica, BBVA y el Banco Santander se hundieron hasta un 40%. En este marco, el gobierno ha decidido también impedir ofertas de compra de dichas compañías por parte de empresas no europeas. O sea, que vislumbran la posibilidad de que compañías rivales extranjeras aprovechen la crisis para quedarse con empresas españolas a precios de remate. La competencia capitalista y las pujas entre las potencias se replantean en un nuevo escenario.

La cuestión de las nacionalizaciones despierta resquemores en la burguesía, dado que implica un crecimiento de la injerencia estatal. Pero son concebidas como un recurso transitorio frente a la emergencia.

Mientras los estados europeos se esmeran en rescatar al capital, los trabajadores padecen despidos masivos, reducciones salariales, flexibilización laboral y pérdida de sus conquistas. Frente a este escenario, cobra más actualidad que nunca una agenda independiente de la clase obrera frente a la crisis: prohibición de despidos y suspensiones, licencias pagas a cargo de la patronal, comités de salubridad e higiene electos en los lugares de producción para proteger a los trabajadores frente a la pandemia, nacionalización de toda empresa que cierre o despida y la continuidad de su funcionamiento bajo control de los trabajadores.