Dos grandes huracanes -Gustav e Ike- golpearon a Cuba con apenas una semana de diferencia. Los daños que provocaron fueron enormes, los mayores de toda la historia de Cuba. Su producción alimenticia fue severamente golpeada, ya que se perdieron cosechas y animales; medio millón de viviendas resultaron destruidas y el sistema de producción y distribución de energía quedó devastado. El monto de las pérdidas fue calculado en 5.000 millones de dólares, el 10% del PBI cubano. La tarea de reconstrucción que enfrenta Cuba, bloqueada por el imperialismo norteamericano, es sencillamente descomunal.

Pero cuando todavía se estaban evaluando las pérdidas, se abalanzó sobre Cuba la crisis capitalista mundial. El precio del níquel, que el año pasado representó el 60% de las exportaciones cubanas, está cayendo en picada. También el precio del azúcar. Caerán los ingresos por turismo y se reducirán las remesas de dólares de los cubanos radicados en Estados Unidos; las posibilidades de acceder al crédito serán más reducidas que nunca. La baja del precio del petróleo golpeará también a sus aliados, Venezuela y Rusia.

En resumen, Cuba deberá emprender la mayor reconstrucción de toda su historia en las condiciones internacionales más difíciles.

La política oficial

El gobierno cubano dispuso una serie de medidas de emergencia: elevó el precio del diésel (86%) y de la nafta (60%); fijó precios máximos a los 16 principales alimentos de consumo popular y estableció topes máximos para la compra de esos alimentos. Incluso, restringió drásticamente la entrada de camiones particulares con alimentos a La Habana y, en algunos casos, los desvió hacia las zonas devastadas.

El resultado inmediato de estas medidas fue la desaparición de los alimentos de los agromercados (donde las cooperativas y los particulares vuelcan sus excesos de producción y los precios son fijados libremente por los productores) y el inmediato florecimiento del mercado negro (donde los precios triplicaban los oficiales). El gobierno debió enfrentarse al boicot de los productores privados y de las propias cooperativas.

Las medidas administrativas contradicen la política que se venía aplicando antes de la crisis. Se trata de la primera intervención oficial en los agromercados desde que fueron creados, hace ya catorce años. Hace un año, Raúl Castro anunció un programa de distribución de tierras a agricultores individuales y una mayor autonomía para que los productores canalizaran sus excedentes en los mercados con precios libres, inaccesibles para la mayoría de los cubanos. En poco tiempo, esta política produjo un pequeño pero prometedor aumento del 5% de la producción agrícola; en los cítricos, el aumento de la producción llegó al 20%.

“Un analista indicó que la intervención (oficial) en el mercado libre agropecuario es ‘un cambio en las reglas del juego’ que ‘tensa la cuerda y va directo contra un sector que se movía con independencia’…”, dice el corresponsal de la agencia española EFE en La Habana (Ambito Financiero, 1/10).

La ‘independencia’ a la que hace mención el corresponsal tiene un doble componente.

Uno es el económico, ya que refuerza la tendencia a la propiedad privada de la tierra y a la acumulación privada. La escala de esta acumulación por parte de los pequeños campesinos, sin embargo, es mínima por referencia a la acumulación privada provocada por el saqueo de los recursos públicos que tiene lugar en las empresas estatales.

El otro componente de la ‘independencia’ es político. El desarrollo de un mercado campesino limita el radio de coacción del aparato estatal e incluso lo obliga a diversos compromisos con el productor privado.

El temor al impacto político de una liberalización preocupa al gobierno más que impacto económico en la ampliación de la acumulación privada. Teme las reivindicaciones y movilizaciones que pueda provocar la carestía y el impacto que pueda tener en la organización independiente de los trabajadores.

La misma preocupación política explica el anuncio de créditos por parte de Rodríguez Zapatero, teniendo en cuenta las importantes inversiones del capital español en Cuba. Pero la cuestión es la siguiente: Cuba no puede demorar un reequilibrio de su macroeconomía, y por lo tanto, diversas concesiones al capital privado. Frente a esto es necesario que los trabajadores se doten del arma de una organización independiente para ejercer la supervisión política de ese proceso y no convertirse en sus principales víctimas.