La política de impuestos es uno de los ejes más importantes de debate para enfrentar la crisis capitalista. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo económico (Ocde), que agrupa a los principales países industriales, el impuesto a las ganancias que pagan sus miembros bajó del 70% en 1981 al 40% en 2011. Actualmente, sólo tres países de la Ocde gravan a los individuos más ricos, mientras en 1976 lo hacían diez. En los últimos treinta años, las principales potencias imperialistas se las arreglaron para transferir a las masas la carga del rescate a los bancos, el pago de la deuda pública y la guerra.

En Argentina, la situación no es diferente: el impuesto a las ganancias sólo representa el 18% de los ingresos del Estado. Las corporaciones que pagan ese impuesto suelen trasladarlo a los consumidores a través de los precios, según consideran diferentes tributaristas. Más del 50% de los impuestos de Argentina grava el consumo popular. Uno de los puntos centrales de esa exacción lo constituyó la introducción del IVA -entre otras razones para compensar la rebaja de aportes patronales a la jubilación. En este caso, el IVA funciona como impuesto directo al salario, porque la jubilación es un salario diferido a cargo de la patronal. El kirchnerismo dejó intacta esta detracción, que se revela en la caída histórica de las jubilaciones.

“Ampliar la base”

En Estados Unidos existe un intenso debate respecto de “quién debe pagar los impuestos a la renta”. El Partido Republicano ha iniciado una campaña para que se “amplíe la base” de los que pagan el impuesto a los ingresos personales, alegando que el 47% de la población “no paga nada”. Según El País (4/9), apunta a “redistribuir el peso tributario para rebajar la deuda pública”. Y se orienta a gravar los ingresos de todos los trabajadores.

En Europa, la iniciativa de “gravar a los ricos” sería, si se aplicara, una “propuesta estética”, porque, “al final, si, por ejemplo, hay una subida en el impuesto a la renta de las personas físicas, probablemente iría para todos y perjudicaría más a las rentas medias” (Público.es). En España, la bandera de guerra del Partido Popular español es “una gran reforma fiscal” que apunte, justamente, a “ampliar las bases imponibles”, para “repartir los costos de salida de la crisis” (El País, 7/9). Para el PP, la aplicación de mayores impuestos a los ingresos personales (o incluso al IVA) debería paliar una reducción fuerte del impuesto a las sociedades que, de todos modos, no podrían pagar porque los capitales se encuentran en quiebra. Los impuestazos acompañan un recorte fenomenal de los gastos sociales. El costo de mantenimiento del Estado capitalista ha aumentado en forma impresionante como consecuencia de la deuda pública, las bancarrotas y los rescates.

La confiscación impositiva

Queda claro que la exacción impositiva contra la clase obrera y las capas intermedias explotadas se inscribe con fuerza en la agenda de la bancarrota capitalista. La lucha por la eliminación de los impuestos al consumo no es una lucha por la “redistribución de ingresos”, que los capitalistas no podrían tolerar en un marco de bancarrota generalizada. Es una lucha para que la crisis la paguen los capitalistas, por la expropiación de los expropiadores.