La rebelión en Guatemala, luego de los intensos choques callejeros del fin de semana, continúa su curso. El dato saliente es la intensificación de la actividad de las numerosas comunidades indígenas, quienes constituyen la masa del campesinado guatemalteco. El reclamo: la renuncia del presidente y su gabinete, de los magistrados, de los legisladores y de los jefes policiales. También, por la libertad de los detenidos durante las protestas y de todos los presos políticos.

En las localidades de Sololá, Totonicapán, Huehuetenango, entre otras, se sostienen piquetes indígenas que bloquean las principales rutas. Mientras tanto, en las segundas ciudades del país, Mixco y Villa Nueva, donde la pobreza es aún más fuerte que en la capital, crece el descontento y las manifestaciones, incluso con algunas expresiones de lucha en el movimiento obrero del transporte y la salud.

La presentación del controvertido presupuesto 2021 fue tan solo la gota que rebalsó el vaso. A la pandemia, se le sumó el paso de los huracanes. Un tercio de las tierras continúa bajo el agua. Cientos de pequeñas localidades basadas en la agricultura de subsistencia, y en zonas de difícil acceso, han quedado virtualmente aisladas. La pérdida de las cosechas augura una hambruna generalizada entre la población indígena.

Organizaciones sociales denunciaron que, ante la catástrofe, el gobierno utilizó al ejército para reprimir, mientras que las magras entregas de comida consistían en “bolsones” con gaseosas, golosinas y productos azucarados. El presupuesto 2021 recorta el gasto en alimentación, mientras que aumenta las asignaciones para el catering de los diputados.

Los dueños de la pelota

La segunda novedad política es que el presidente Alejandro Giammattei está “cabildeando” un autogolpe. Es decir, denuncia maniobras desestabilizadoras para reforzar su manejo personal del aparato del Estado. Para sustentar la idea de una conspiración, apela al fantasma de los “infiltrados” en las movilizaciones: tanto de elementos “terroristas” (la jerga del imperialismo para referirse a los ex grupos guerrilleros) como de sectores burgueses rivales.

Con este relato, el presidente solicitó a la OEA (Organización de Estados Americanos), el “ministerio de Colonias” de Estados Unidos -como fuera definida por el Che- que aplique la Carta Democrática Interamericana, destinada a la intervención del organismo ante golpes de Estado. Su secretario general Luis Almagro, alineado con el ala “dura” del imperialismo y figura clave del armado estadounidense en la región, respondió con el envío del argentino Fulvio Pompeo -un hombre de su riñón político- a las tierras ancestrales mayas.

Fulvio Pompeo, haciendo honor a su nombre, siempre se movió en los entresijos del poder “imperial”. Revistió el cargo -creado para él- de secretario de Asuntos Estratégicos bajo el gobierno de Macri, desde donde ejercía una cancillería paralela.

Pero la misión de la OEA, encabezada por el macrista Pompeo, está tomando un camino distinto al esperado por el presidente Giammattei. Donde él convocó a un diálogo amañado, con interlocutores amigos, Pompeo elige reunirse con las comunidades originarias Ixil y Xinca. Mientras que el presidente reprime periodistas y cubre los hechos de corrupción, la OEA procede al encuentro de todos los referentes liberales y de la pequeña burguesía.

La OEA acepta el pedido de Giammatei y sale en su rescate, pero al mismo tiempo busca ponerle límites.

Luego de Perú, Chile, el fracaso de los golpistas en Bolivia, y la rebelión estadounidense (que levanta una pesada hipoteca en la sucesión presidencial), hay una conciencia en el imperialismo de que no es el momento de tentar al destino con nuevas aventuras de dictadorzuelos trasnochados. Con la intervención de la OEA, es decir, de Estados Unidos, las diferentes alas de la burguesía han moderado sus choques. El gambito presidencial, a pesar de contar con el respaldo mayoritario de las cámaras empresariales y del aparato militar, no ha logrado prosperar.

Fuera Giammattei-Castillo y todo su gobierno

Junto con las consignas por la salida del presidente, su vice Guillermo Castillo -con quien está enfrentado- y la totalidad de las autoridades del régimen, en algunos sectores en lucha comienza a levantarse la perspectiva de la convocatoria a una constituyente plurinacional, cuya principal tarea sería la elaboración de una nueva constitución que termine con los cientos de años de vejámenes permanentes contra los pueblos ancestrales.

El problema de los pueblos originarios en Guatemala es, como en Bolivia, de primer orden. En algunas regiones aún subsiste una verdadera continuidad con los establecimientos coloniales y el trabajo indígena semi esclavo. Muchos activistas y organizaciones cifran sus esperanzas en que una reforma termine con estas y otras injusticias, como la preminencia del narcotráfico, la corrupción y las persecuciones a opositores, además de dar lugar a transformaciones económicas en beneficio de las mayorías.

Sin embargo, son los animadores de esta consigna, por el momento, quienes se encargan de encuadrarla como una constituyente dentro del régimen burgués. El caso de Chile es elocuente en cómo diferentes facciones dentro del sistema se están sirviendo de las expectativas de las masas para intentar encauzar la rebelión popular.

Una verdadera constituyente, como salida de transición, debe ser un planteo antagónico al Estado burgués, y con el poder necesario para derruir sus cimientos. Sea como fuere, la tarea de la hora continúa siendo la extensión y radicalización de la rebelión. Para ello, un llamamiento de lucha a las centrales indígenas, campesinas y obreras, por la convocatoria a la huelga general hasta la caída del gobierno y sus diferentes facciones burguesas, y por la expulsión de la OEA, podría jugar un rol destacado.

El desenvolvimiento de estos debates cruciales para la vanguardia combativa alienta la preparación de la Segunda Conferencia Latinoamericana y de los Estados Unidos.