Varios miles de trabajadores y estudiantes participaron en Chile de la primera movilización nacional de protesta contra un gobierno de la Concertación. La protesta, que todos los medios califican de “masiva”, fue convocada por la CUT (Central Unica de Trabajadores) y 18 sindicatos. Hubo movilizaciones en Santiago, Valparaíso, Concepción y Rancagua.

La represión desatada por el gobierno ‘socialista’ fue descomunal. Varios miles de policías –con hidrantes, gases y a palos– atacaron a los manifestantes para impedirles marchar hacia el centro de Santiago. Hubo más de 700 detenidos y cientos de heridos. En las barriadas populares que rodean la capital, los enfrentamientos, con barricadas, se extendieron hasta entrada la noche.

La jornada nacional fue para rechazar el ‘aumento’ del salario mínimo, de 260 a 277 dólares. El mínimo (o incluso menos) es el salario que cobran los subcontratados y trabajadores en negro, que constituyen la abrumadora mayoría de la fuerza laboral. La canasta familiar está por arriba de los 500 dólares. Las pancartas de los manifestantes planteaban el reclamo de negociaciones colectivas por rama, el rechazo al régimen jubilatorio privatizado, el reclamo de un seguro al parado, la derogación de la ley educativa de Pinochet (todavía vigente) y una mayor financiación de la educación pública. Otro de los reclamos de los manifestantes era la renuncia del ministro de Hacienda, Andrés Velazco.

La movilización obrera y estudiantil conmocionó Chile porque dio una perfecta radiografía de la crisis política del país.

Fracaso gubernamental

La ley de subcontratación que aprobó este año el Congreso dejó en pie lo sustancial del régimen laboral pinochetista: la prohibición de los sindicatos a las empresas subcontratistas para negociar directamente con la empresa principal y la posibilidad de las patronales de crear subempresas para tercerizar el empleo en condiciones salariales y de trabajo inferiores.

La reforma del régimen de la jubilación privada, aprobada el mismo día de la manifestación, mantiene en pie el régimen privado… con el agregado de una “pensión básica solidaria” de 143 dólares pagada por el Estado. En este sistema, “menos del 50% de los afiliados al sistema privado de pensiones alcanzará a financiar una pensión mínima de 150 dólares” (Clarín, 30/8).

El “consejo asesor” que formó Bachelet para formular propuestas de “equidad salarial, estructura del mercado laboral y política tributaria”, cuenta con los líderes de la derecha pinochetista y los principales empresarios. La CUT ha rechazado participar de este ‘consejo'.

Ascenso obrero

La movilización, también, puso en evidencia la creciente combatividad de las luchas obreras y populares, desde la huelga de los secundarios de comienzos del año pasado. La huelga de los trabajadores forestales y, sobre todo, la impresionante victoria de los subcontratados de la minera estatal Codelco, fueron marcando un giro en la situación de la clase obrera.

Los subcontratados de la Codelco obligaron a la minera estatal a negociar un contrato colectivo único para todas las subcontratistas. Fue un golpe demoledor a la ‘institucionalidad’ laboral que los concertacionistas heredaron del pinochetismo.

El crecimiento del número de huelgas y reivindicaciones, la victoria de las grandes huelgas y la combatividad (piquetes y movilizaciones callejeras) obligaron a la dirección de la CUT (co-dirigida por el PS y el PC) a convocar a la jornada de lucha.

Derrumbe de la Concertación

Finalmente, la movilización dejó al desnudo la descomposición de la coalición gobernante. Tres de los cuatro partidos de la Concertación –incluido el PS de Bachelet– apoyaron la movilización. Algunos de sus parlamentarios participaron de las manifestaciones y fueron duramente golpeados –según algunos informes de prensa, con una saña particular– por la policía.

La burguesía chilena puso el grito en el cielo por el apoyo al paro de los partidos oficialistas. Incluso, sostiene, esto pone en duda la continuidad de estos partidos al frente del Estado. El editorial del principal diario de Santiago concluyó que "la gobernabilidad ha quedado inocultablemente afectada” (El Mercurio, 30/8).

La movilización del 29 de agosto dejó en claro que Chile entró en una nueva etapa política.