Más de tres millones de trabajadores, en su inmensa mayoría inmigrantes latinos, manifestaron en los Estados Unidos este 1° de Mayo. Las movilizaciones fueron monstruosas en Los Angeles (un millón), Nueva York y Chicago (medio millón en cada una de ellas) y en otras 120 ciudades en todo el país.

 

No hubo sólo marchas en este “dia sin inmigrantes” convocado por un conjunto de organizaciones de inmigrantes y sindicatos y que incluía el boicot al consumo, la escuela y el trabajo. Los puertos de Long Beach y de Los Angeles fueron paralizados, al igual que la actividad de la construcción y el trabajo agrícola (donde los inmigrantes son inmensa mayoría); Cargill cerró todas sus plantas en el país (ocupa 15.000 inmigrantes) y en los McDonalds hubo un “servicio de emergencia”; grandes tiendas y cadenas de restaurantes trabajaron con muy escaso personal. En California, cientos de restaurantes y otros negocios estuvieron cerrados.

 

Las marchas y el paro fueron impresionantes a pesar de que, bajo la presión de la cúpula de la Iglesia Católica y de líderes de los partidos oficiales, varias organizaciones llamaron a concurrir a la marcha pero a sabotear la huelga. La masividad de la movilización, que tuvo un alcance nacional, y la importancia del paro muestran la envergadura de la lucha de los inmigrantes que tuvieron que enfrentar también una ofensiva de razzias y redadas, con detenciones masivas y despidos, que el gobierno impulsó en las últimas semanas para amedrentar a los inmigrantes e impedir la movilización.

 

El 1º de Mayo, en el centro del capitalismo mundial, una sección decisiva de la clase obrera realizó un paro activo nacional político: la reivindicación central es la inmediata legalización de todos los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos.

 

La movilización, también, ha puesto en evidencia la completa crisis de la presidencia de Bush. El partido del gobierno está quebrado en dos, entre quienes quieren tratar a los inmigrantes como delincuentes, sujetos a la deportación y quienes plantean una semilegalización transitoria para garantizar la provisión de mano de obra superexplotada que mueve buena parte de la economía norteamericana. Según un corresponsal de La Nación (2/5) en Washington, cualquiera sea la posición que adopte Bush, podría provocar la derrota de un conjunto de parlamentarios de su partido. Si apoya a los que desean expulsar a los inmigrantes, perdería el apoyo de los empresarios republicanos; si hace al revés, perdería el apoyo del ala derecha de su partido. La cuestión es decisiva para Bush porque si quedara en minoría en el parlamento, podría dibujarse la amenaza del juicio político. Estos temores, dice el comentarista, tienen paralizado a Bush en la cuestión inmigratoria.