Las recientes elecciones del País Vasco han asestado un golpe al gobierno derechista de Aznar. Este, junto con los socialistas, había forzado las elecciones anticipadas para echar del gobierno a los nacionalistas, copar el gobierno vasco y consagrar una revancha histórica del franquismo contra la nación vasca. Toda la campaña de los ‘populares’ afirmaba la necesidad de “recuperar al País Vasco para España y la democracia”. Para dejar en claro su objetivo, Aznar designó como candidato a presidente del gobierno vasco al ministro de Interior del gobierno de Madrid (es decir, al encargado de la represión) y, junto con los ministros de su gobierno, intervino personalmente en la campaña electoral. El tiro le salió por la culata: el PP sufrió “un descalabro” (El País, 15/5).

La magnitud política de la derrota de Aznar no ha podido ser disimulada por la prensa que respaldó su campaña. Pero lo que se trata de ocultar ahora es que el golpe político que sufrió el gobierno de Madrid tiene un alcance para todo el Estado español.

Las elecciones fueron ganadas por el partido nacionalista de la burguesía vasca (PNV), que se benefició del derrumbe electoral de Euskal Herritarriok, la ‘vidriera electoral’ de la ETA. EH perdió la mitad de sus votos y de sus diputados, que fueron a parar al PNV. El retroceso de EH fue mayor en las regiones donde era más fuerte: en Guipúzcoa, la más nacionalista de las provincias vascas, perdió el 60% de sus votos y pasó del primer lugar al cuarto.

El derrumbe electoral de EH es una consecuencia de su política de “polarización” entre nacionalistas y españolistas. En lugar de luchar por la dirección política de las aspiraciones nacionales, mostrando las limitaciones del PNV y sus compromisos con el Estado español, la pequeñoburguesía etarra le ha servido el triunfo en bandeja a la burguesía vasca…

Los resultados de las elecciones reflejan los temores de la burguesía y de la pequeñoburguesía vascas a que un gobierno ‘españolista’ pudiera “limitar la autonomía fiscal y económica de la región” (Le Monde, 15/5). El País Vasco es el único gobierno autónomo que recauda para sí la totalidad de los impuestos que se cobran en la región (Cataluña, por el contrario, no recibe más del 30% de los que se recaudan allí). La gran industria y la gran banca vasca, a la vez que mantienen negocios en y con el Estado español, tienen una fuerte competencia con grupos financieros e industriales ‘españoles’. Para el gran capital vasco, el nacionalismo es una de sus cartas para defender frente al gobierno español y en la Unión Europea. En esta dirección, es significativo que el primer reclamo de los ganadores sea la participación de los ministros vascos en los organismos de la UE que tratan los temas impositivos.

Las diferencias más estridentes, sin embargo, se encuentran en el terreno político. Al día siguiente de las elecciones, el jefe del PNV declaró que su objetivo es “crear una mesa de negociación de todos los partidos, como en Irlanda” (ídem). El dirigente vasco se refería a llevar a la ETA a una mesa de negociaciones que la integre definitivamente al Estado. Un antecedente inmediato, el “Pacto de Lizarra”, firmado en 1998 entre el PNV y EH, llevó a la ETA a declarar una “tregua” que duró casi un año, aunque terminó en fracaso, justamente porque Aznar se opuso a una ‘salida irlandesa’ para el País Vasco.

La fuerte clase obrera del País Vasco *una de las zonas industriales más importantes de España* ha estado políticamente ausente en las elecciones, que se polarizaron entre los partidos de la burguesía vasca, de una parte, y española, de la otra. Esto es la consecuencia de la vergonzosa política del Psoe y de Izquierda Unida, que no actuán como partidos obreros sino como partidos españolistas, defensores del centralismo monárquico disfrazado de ‘democracia’. El Psoe fue simplemente el segundo violín de la campaña de Aznar y su única aspiración era formar, como minoría, un “gobierno de unidad democrática” con los ‘populares’.