Con el voto favorable de toda la oposición en el Congreso, Lugo declaró la semana pasada el estado de excepción por 30 días en cinco departamentos del norte de Paraguay, y desplegó 3.000 efectivos del ejército y la policía, para capturar a supuestos guerrilleros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Durante el estado de excepción, el Poder Ejecutivo puede ordenar a las fuerzas represivas la detención y el traslado de cualquier persona, intervenir en cualquier local público o privado sin necesidad de orden del ministerio público o del poder judicial, así como prohibir o restringir reuniones públicas y manifestaciones. El EPP, una fantasmagórica organización de unas decenas de miembros, sin medios de propaganda (no se le conoce ningún documento político) y sin ningún apoyo urbano, aparece como el autor de secuestros extorsivos y algunos asesinatos.

En las regiones que abarca el estado de excepción, que ocupan un tercio del país, con unos 800.000 habitantes sumidos en la pobreza en su mayoría, se extienden las haciendas ganaderas, las grandes plantaciones de soja (en manos de terratenientes brasileños) y las “zonas liberadas” de cultivos de marihuana, controladas por mafias (que hace pocos días atentaron contra el senador Acevedo). Los departamentos que quedarán bajo virtual control castrense son los mismos en los que se dirime el corazón del conflicto campesino. Varias decenas de asentamientos campesinos reflejan un proceso de crecimiento de la lucha de los sin tierra, que preocupa a los terratenientes.

Los organismos de derechos humanos denuncian que combatir a la guerrilla no es el verdadero objetivo de Lugo: “No hace falta declarar el estado de excepción para poder detener a 20 personas que están en el monte”, dijo Juan Martens, abogado de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy). Con o sin estado de excepción, los militares desde hace varios años se dedican a reprimir a los movimientos de campesinos sin tierra, cuidándose mucho de perseguir a la guerrilla. En definitiva el accionar de las fuerzas represivas tiene como blanco fundamental a las organizaciones populares, lo que es una constante del gobierno de Lugo. Al tiempo de anunciar “resultados” recién para el 2023 en cuanto a la reforma agraria, el gobierno reprimió brutalmente las ocupaciones de tierra que se dieron a fines de 2008 y militarizó el norte en dos ocasiones durante 2009. La respuesta gubernamental frente a las luchas campesinas se concretó en procesamientos, presos, torturas, heridos y muertos (PT, 20/4).

Crisis política
Al presidente Lugo no le faltan problemas. Llevado al poder por un heterogéneo frente de partidos de derecha e izquierda (hegemonizado por los primeros), no ha resuelto ninguno de los reclamos populares, tiene al vicepresidente en contra, es apedreado por los medios de comunicación y el Poder Judicial por demandas sexuales motivadas durante su obispado y denuncias de corrupción, y no cuenta con mayoría en el Congreso, donde se amenaza con iniciar un juicio político en su contra.
Luego del apoyo del Unasur al Estado de excepción, el gobierno de Lugo pidió ayuda al gobierno de Colombia, para que sus fuerzas armadas “adiestren a las fuerzas de seguridad paraguayas tanto en el combate antinarcoguerrillero como en capacitación para lograr una mayor participación ciudadana” y organizó con la embajada norteamericana un operativo militar “humanitario” conjunto (Ámbito, 4/5).
Presionado por los reclamos populares y la movilización campesina -por un lado- y por la oposición patronal y los terratenientes -por el otro- la declaración del estado de excepción, en nombre de la lucha antiguerrillera, es una fuga hacia adelante y un intento de reacomodamiento. Se trata de uno de sus últimos cartuchos.