A casi un mes del asesinato de los militantes del MRTA durante la ‘recuperación’ de la embajada japonesa en Lima, continúan sumándose evidencias de la masacre ordenada por Fujimori.

Tales son las conclusiones que presentaron, de manera independiente una de otra, la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y la Federación de Trabajadores Mineros del Perú. Se suman a la ya extensa lista de denuncias e informes periodísticos sobre la tortura, violación, amputaciones de miembros y asesinato a sangre fría de los militantes del MRTA capturados con vida en la embajada.

La Federación de Trabajadores Mineros del Perú acaba de denunciar que continúan “desaparecidos” los 24 mineros que el gobierno requirió a la empresa estatal Centromin-Perú para cavar los túneles por los cuales los militares irrumpieron en la embajada japonesa. La empresa —es decir, el gobierno— se negó sistemáticamente a responder los reclamos de la Federación sobre el paradero de los mineros ‘desaparecidos’, con el argumento de que no se trataría de “un asunto laboral”. Ni la Federación, ni tampoco los familiares de los trabajadores ‘desaparecidos’, han logrado dar con su paradero, a pesar de haber recorrido un sinnúmero de dependencias oficiales.

La AAJ, por su parte, también denuncia la desaparición de los mineros que cavaron los túneles. Según esta Asociación, una organización no gubernamental con estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, son muy numerosos los puntos ‘oscuros’ que pesan sobre el operativo militar del 22 de abril: “¿Cómo fueron las verdaderas circunstancias de la muerte del único rehén (…) el vocal de la Corte Suprema Carlos Giusti Acuña y la de los dos oficiales de las fuerzas armadas; las heridas sufridas por los otros cautivos (ya que) parece que los emerretistas no atacaron a ningún rehén, pero hubo unos 30 cautivos con lesiones de diverso grado, lo cual es muy raro (…); la muerte de los 14 miembros del MRTA (ya que) hay denuncias de ejecuciones sumarias durante el rescate?” (La Nación, 16/5). La AAJ denuncia, también, que el resultado de su misión fue “nulo”, porque “se ha institucionalizado un temor generalizado en el conjunto de la sociedad”. La conclusión del abogado que encabezó la misión de la AAJ es que “Perú marcha hacia el fascismo”.