Con el objetivo de terminar con casi una semana de huelga llevada a cabo por 3.000 trabajadores mineros, la Policía sudafricana ejecutó a sangre fría a 34 trabajadores.

Antes de la masacre, la Policía -que responde al gobierno de Jacob Zuma- había levantado un cerco con alambre de púas para rodear a los mineros y avanzó luego con carros hidrantes, con granadas de aturdimiento y con gases. Según coinciden los diarios, se trató del operativo policial más sangriento desde la finalización del Apartheid: la Policía atacó a los huelguistas con armas automáticas, mientas los trabajadores sólo tenían machetes y palos para defenderse. A los 34 acribillados del jueves 16, se suman ocho mineros asesinados días atrás, en otra de las huelgas; además de 78 heridos y de 259 detenidos. Familiares de los mineros aseguran que hay desaparecidos. El gobierno de Zuma, sobre el cual pesan varias denuncias de corrupción y fraudes, pidió una investigación a fondo. Pero sólo para la tribuna porque -al mismo tiempo- defendió el accionar policial. De la misma manera, la jefe de Policía declaró que actuaron en "defensa propia" y acusó a los manifestantes porque se negaron a dispersarse y por cargar "armas peligrosas". Preparan el terreno para la impunidad.

Un régimen de superexplotación

Después de la masacre, los directivos de la empresa intimaron a los obreros a reanudar su trabajo, bajo amenaza de despido. Pero la huelga continúa. Los obreros de la mina Lonmin, de propiedad británica, cobran salarios paupérrimos, que no alcanzan para la alimentación básica; no tienen agua, ni electricidad y las condiciones de vivienda son muy precarias. El director de la compañía gana 300 veces más que los mineros. Mientras la onza de platino se vende a 1.440 dólares, un obrero gana menos de 500 dólares al mes. La huelga, precisamente, tiene como reclamo central llevar el salario de 500 a 1.500 dólares. Sudáfrica es uno de los países con mayor desempleo del mundo (23,9%). Si bien hay un salario mínimo oficial, muchas empresas no lo cumplen y el gobierno no lo exige. Decenas de empresas chinas se trasladaron a Sudáfrica y a otros países del continente africano, porque se les garantiza una mano de obra más barata. Esta situación de desigualdad produjo una división al interior del Congreso Nacional Africano. Por un lado el partido gobernante. Por otro, la oposición a Zuma, en la que Julius Malema, del ala juvenil, planteó la nacionalización de las minas y la expropiación de las tierras de los blancos, también afirmó que las desigualdades del Apartheid no han desaparecido. Según los datos, en una población en la que casi el 80% es de ascendencia negra, la población blanca -que llegó en la epoca colonial- posee el 73,1% de los puestos directivos de las empresas.

Los Pedraza de Sudáfrica

El Sindicato de Mineros y Obreros de la Construcción (Amcu), que en este momento está liderando la huelga, denunció al Sindicato Nacional de Mineros (NUM) por no representar a los trabajadores y por estar ligado en forma muy estrecha al partido de gobierno, el Congreso Nacional Africano y a los dueños de la empresa minera. Uno de los ex altos funcionarios del NUN integraría el directorio de la minera Lonmin. En estos momentos, el NUM está impulsando que los mineros reanuden sus tareas laborales -tal como lo exige la empresa-, en claro boicot a la medida de lucha impulsada por el Amcu. Al igual que acá, allá existe una burocracia empresaria, con vínculos con el poder político.

Por lo visto, gobierno, burocracia y policía formaron una tríada que salió en defensa de los pulpos mineros, contra los trabajadores.