La mayoría de las 4.500 fábricas textiles de Bangladesh han entrado en huelga a partir del derrumbe del edificio donde trabajaban casi 4 mil obreros en la capital (Dhaka), en su mayoría mujeres. Han fallecido, en condiciones horrorosas, casi 400 trabajadores hasta el momento y más del doble de esa cifra ha quedado mutilada para toda la vida.

La huelga se fue imponiendo desde abajo, al conocerse la magnitud de la masacre y las condiciones en que se produjo. El martes 23, los trabajadores advirtieron sobre fisuras en el edificio, pero su dueño, un dirigente político de la gobernante Liga Awami, invocó el informe de un ingeniero para sostener que el edificio estaba en condiciones de operar "por otros cien años" (Wall Street Journal, 28/4). Los patrones textiles, que conocían la situación, presionaron a los trabajadores para que concurriesen masivamente a sus tareas.

La reacción obrera paralizó al país y abrió una crisis en el gobierno. Piquetes de trabajadores sitiaron las fábricas cuyos patrones se negaban a paralizar las tareas y forzaron su abandono. El viernes 26, una movilización multitudinaria recorrió las calles de Dhaka, convirtiéndose en una suerte de piquete masivo que obligó a cerrar plantas y paralizó las carreteras. Los trabajadores se enfrentaron físicamente con la policía, que trató de evitar la acción obrera por la huelga aún en los suburbios más extendidos de la capital.

Fruto de esta reacción, los sindicatos decretaron una jornada de huelga general para el domingo 28 -en Bangladesh es un día hábil más- en reclamo de mejores condiciones de trabajo, y los empresarios resolvieron la paralización de tareas para el sábado y el domingo, en un hecho absolutamente inédito. El gobierno se vio forzado a disimular su complicidad y ordenó el arresto del dueño del edificio, detenido cuando huía del país junto a otros tres propietarios de las fábricas textiles que operaban en el predio.

Un ajuste de cuentas

Las movilizaciones masivas mantienen bloqueados los accesos a tres de los más importantes suburbios industriales. En torno del edificio derrumbado se libra una batalla campal, con trabajadores y familias desafiando el intento de la policía de alejarlos del lugar y eliminar el mayor foco de deliberación y presión política.

La clase obrera de Bangladesh ha emprendido un demorado ajuste de cuentas. Más de 700 trabajadores han caído en incendios y derrumbes de fábricas en los últimos cinco años: 112 en 2012, 22 en 2006, 64 en 2005. La industria textil concentra el 79% de las exportaciones del país con una clase obrera que percibe, en su mayoría, un salario que ronda los 40 dólares al mes por jornadas de 15 horas. La vida de la clase trabajadora no cuenta. Las reglamentaciones de seguridad no existen, fruto de una acción criminal concertada entre el Estado y las empresas extranjeras que tercerizan el trabajo. El ministro de Trabajo de Bangladesh declaró que tiene sólo 18 inspectores para controlar la seguridad en el trabajo en más de 100 mil establecimientos fabriles sólo en la capital. El dueño del edificio colapsado fundó la estructura sobre un terreno pantanoso y se valió de la autorización formal de las autoridades del municipio.

Esta impunidad está amparada por una red de ONG que certifican para las empresas que tercerizan las "buenas condiciones" en que se desenvuelven las tareas de los trabajadores. Al menos dos de las fábricas que funcionaban en el edificio que colapsó habían sido recientemente auditadas por la Business Social Compliance Iniciative (BSCI), una organización que representa a unos mil comerciantes europeos -incluyendo Adidas, Esprit y Hugo Boss.

No sólo es China

La rebelión obrera en Bangladesh tiene un fuerte antecedente en 2009, cuando, a partir del cierre de plantas y el no pago de salarios, un gigantesco piquete obrero paralizó a cerca de 20 mil trabajadores. Las obreras y obreros de Bangladesh siguen los pasos de sus pares de China, Corea, Vietnam, expresión de un protagonismo en un escenario de crisis profunda, provocado por las contradicciones que genera la crisis capitalista mundial.