Hoy, 17 de abril, Día de Solidaridad con el Prisionero Palestino instituido en defensa del millón de palestinos -20% de la población palestina- que en los últimos cincuenta años pasaron por cárceles israelíes, 1.500 presos palestinos comenzaron una huelga de hambre indefinida. Se trata de una huelga de hambre masiva, de las más fuertes de las 23 impulsadas desde 1967.

 

La huelga reclama condiciones frente al régimen de torturas, trato inhumano, juicios injustos, detención de niños, negligencia médica, aislamiento y privación de derechos básicos que impera en las cárceles israelíes. Desde 1967, 200 palestinos han sido asesinados en ellas y cuentan con las detenciones más extensas de presos políticos en el mundo. Asimismo, el sistema permite la llamada “detención administrativa”, que implica la prisión de personas sin cargo, sin juicio y la renovación indefinida de las condenas arbitrariamente y según decisión de personal policial.

 

Entre los reclamos se destacan el pedido del aumento de las visitas familiares, recortado el año pasado de dos a una visita mensual y acceso a línea telefónica para contacto con las familias, dada las restricciones para el ingreso a Israel donde el gobierno sionista ha construido la mayoría de las cárceles violando las convenciones relacionadas al derecho de guerra; mejoras en las deplorables condiciones de atención médica que han llevado a la muerte de detenidos; respuesta positiva a las demandas de las prisioneras mujeres en el trato, detención y traslados; reinstalación de programa educativo y el fin del aislamiento y del régimen de detención administrativa.

 

Las condiciones infrahumanas de detención han empujado a todo el arco político palestino a apoyar la huelga, que se ha extendido por las principales cárceles en territorio israelí -Gilboa, Jadarim y Neguev- y la cárcel de Ofra, en el territorio palestino ocupado de Cisjordania.

 

Las condiciones de detención de los luchadores palestinos retratan la naturaleza contrarrevolucionaria del régimen sionista, que cuenta con el aval político del imperialismo, que lo apoya como un factor de disciplinamiento de la región. El sionismo oprime a las masas palestinas por medio de la asfixia económica de sus territorios y una colonización creciente. A esto se añaden, periódicamente, los ataques militares, como la última operación "Margen protector" (2014), que dejó 2300 palestinos muertos.

 

La Corte Suprema israelí autorizó el comienzo de la alimentación forzada, para lo cual el gobierno montó una “hospital de campaña” en el desierto de Negev, alejado de los hospitales públicos israelíes, y para asegurarse la aplicación de este método de tortura denunciado internacionalmente, ante la negativa de médicos de llevarlo adelante. El Ministerio de Seguridad israelí ha tildado las demandas de irracionales, ordenó el “alerta” para la intervención de las fuerzas de seguridad en los penales y ha anunciado el aislamiento de los huelguistas. El servicio penitenciario sostuvo en un comunicado que los huelguistas “afrontarán graves consecuencias por participar de actividades ilegales”.

 

Actualmente, en las cárceles israelíes hay presos 6.500 palestinos, de los cuales más de 500 se encuentran bajo detención administrativa, más de 300 son niños, 1.800 enfermos mentales, 62 mujeres,  23 enfermos en estado terminal, 13 diputados palestinos y 28 periodistas. Desde octubre de 2015, bajo el pretexto de repeler los ataques con cuchillos de activistas solitarios, el gobierno israelí ha detenido a más de 10.000 palestinos, profundizando una política represiva y de criminalización a la resistencia palestina. La militarización es es padecida también por las propias masas judías.

 

La resistencia de las masas palestinas contra el sionismo ha encontrado uno de sus principales obstáculos en sus direcciones políticas, particularmente en la Autoridad Palestina, que ha llegado al extremo de practicar una colaboración con las fuerzas de seguridad de Israel. 

 

Libertad a los presos. Basta de persecución contra el pueblo palestino.