Luego de dos semanas de masivas movilizaciones que recorrieron todo el país, el gobierno húngaro derogó un impuestazo sobre el uso de internet. Debido a la crisis fiscal, el presidente Orban intentó gravar con u$s 0,60 cada gigabyte de datos transferidos. Pese a que se anunció que la recaudación con este impuesto se incrementaría en 65 millones de euros, estimaciones calcularon que debido a que en 2013 se consumieron 1168 gigabytes, el mínimo recaudado sería de 570 millones de euros. El impuestazo a internet no es una excepción: forma parte de un paquetazo impositivo más general aplicado en la energía, el sistema bancario y las telecomunicaciones.

 

A pocos días de anunciado el nuevo impuesto, diez mil personas se movilizaron en Budapest exigiendo su derogación. “La gente vino a protestar no sólo (por) el impuesto a Internet. El impuesto sobre la Internet es la gota que colmó el vaso”, según un manifestante (Wall Street Journal, 29/10). Las movilizaciones crecieron hasta alcanzar los 100 mil manifestantes en ocho ciudades. La contundencia de la reacción popular llevó al gobierno a derogar el impuesto y proponer la implementación a fin de año de una consulta popular sobre si grabar o no el uso de internet.

 

Nos encontramos frente al cuadro de movilización popular más importante desde el ascenso del centroderechista Orban al poder, en 2010. Este justificó el impuestazo en nombre de cumplir con los pagos de deuda a la Unión Europea y al FMI: Hungría es uno de los países más endeudados de Europa. Desde 2008, Hungría recibe -al igual que Grecia y otros países europeos- programas de asistencia de ambos organismos, que le imponen drásticos recortes de gastos en salud, educación y vivienda. Las consecuencias han sido un crecimiento sostenido de la pobreza, y la emigración de miles de jóvenes.