Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, tres estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa fueron masacrados en la ciudad de Iguala, del estado sureño de Guerrero, y otros 43 fueron desaparecidos.

 

Los estudiantes habían arribado a Iguala como parte de una actividad de recolección de fondos para financiar su viaje a la movilización por la Masacre de Tlateloco en 1968, que se desarrolla todos los años en el Distrito Federal y conmemora la muerte de centenares de estudiantes que se manifestaban contra el gobierno.

 

Durante su estadía en Iguala, los estudiantes sufrieron un primer choque con las fuerzas policiales cuando intentaron interrumpir un acto político de los Abarca, el matrimonio ligado al narco que gobernaba la ciudad. Horas más tarde, cuando se disponían a emprender el regreso, los micros en los que viajaban fueron emboscados por fuerzas de la policía municipal. En ese contexto se produjo el asesinato de tres estudiantes, uno de ellos (Julio César Mondragón) brutalmente torturado, y la desaparición de otros 43. Algunos de los pocos sobrevivientes aportaron valiosos testimonios.

 

El entramado de los crímenes y las desapariciones involucra a los Abarca, los narcos, la policía municipal y la policía federal. Los familiares han denunciado también la participación del Ejército. El entonces gobernador Angel Aguirre (PRD) y su gabinete estuvieron al tanto del operativo.

 

El encubrimiento de las desapariciones llega al gobierno nacional, que fracasó en su tentativa inicial de enlodar a las víctimas (presentó inicialmente los hechos como un enfrentamiento entre cárteles rivales del narcotráfico) y en las tentativas posteriores de amedrentamiento de los familiares, luego de cooptación, y finalmente en su intento de establecer una “verdad histórica” para poner punto final a la investigación, cuando anunció el hallazgo de los restos de los estudiantes en un basurero de la localidad aledaña de Cocula que se reveló como falso.

 

El operativo de impunidad envuelve, por supuesto, a la justicia: a dos años de los hechos, 122 policías municipales de Cocula y de Iguala se encuentran presos en cárceles de máxima seguridad, pero sólo 9 de ellos están acusados por desaparición forzada. El ex alcalde de Iguala y su esposa se encuentran presos, pero por delincuencia organizada (no por las desapariciones). El Batallón 27 de Infantería de Iguala ha sido deslindado de responsabilidades por la Procuraduría General de la República (PGR) y no se avanzó en las investigaciones sobre el ex gobernador (El Mañana, 24/9).

 

El involucramiento del centroizquierdismo en las desapariciones no debe ser pasado por alto: tanto los Abarca como el ex gobernador Aguirre pertenecían al PRD. Aun después de los hechos, la cúpula del partido salió a respaldar al ex gobernador.

 

Los partidos políticos mexicanos y las instituciones estatales se encuentran perforados por el narcotráfico. El estado de Guerrero, donde desaparecieron los normalistas, es un masivo productor de amapola, base de la heroína que se trafica a los Estados Unidos.

 

Los crímenes y desapariciones apuntaron contra una juventud militante: las normales rurales fueron calificadas en aquellos días por el diario madrileño El País como “los semilleros de la izquierda radical mexicana” (3/10/14).  

 

La lucha por la aparición con vida

 

Aunque México es una gigantesca fosa común, con más de 25 mil desaparecidos desde 2007 (según datos de Amnistía Internacional), la desaparición de los normalistas estremeció al país. Rápidamente, los familiares emprendieron bloqueos en todo el sur del país y se desarrollaron movilizaciones a escala nacional. Las consignas “Aparición con vida”, “Fue el Estado” e inclusive “Fuera Peña Nieto” se generalizaron y encabezaron una protesta de centenares de miles de personas en noviembre de 2014 en el Zócalo del Distrito Federal, en el pico más elevado de la movilización.

 

Las jornadas globales por la aparición con vida incluyeron movilizaciones en ciudades de todo el mundo. En Buenos Aires, la Asamblea de Mexicanos y la Fuba protagonizaron importantes actividades y movilizaciones.

 

El gobierno de Enrique Peña Nieto (PRI) logró cabalgar la crisis abierta por la desaparición de los normalistas gracias al apoyo compacto de la burocracia sindical, la burguesía y el imperialismo. Este apoyo obedecía a que Peña Nieto timoneó las reformas del Pacto por México (PRI-PAN-PRD), que incluyó avances privatistas en el petróleo, las telecomunicaciones y la educación.

 

Dos años después

 

Al cumplirse dos años, los familiares y las organizaciones que los acompañan desarrollaban protestas y bloqueos en el sur del país. La lucha por la aparición con vida no se ha detenido.

 

En homenaje a aquellos jóvenes estudiantes y militantes, nos cabe recordar una declaración del Consejo Nacional de Huelga de los estudiantes mexicanos del '68, al que ellos mismos se disponían a recordar cuando fueron desaparecidos: “no hay que equivocarse. No estudiamos para acumular conocimientos académicos, sin contenido humano. Nuestra causa es la del conocimiento militante, el conocimiento crítico que rechaza, transforma y altera la realidad” (1).

 

Compañeros de Ayotzinapa, ¡presentes!.

 

(1)   “Respuesta del Comité nacional de huelga al informe presidencial al Congreso”, p. 372, en Las luchas estudiantiles en el mundo, VV.AA. (Editorial Galerna, Buenos Aires, 1969).