Este 19 de agosto se cumplen dos meses de la masacre de Nochixtlán, cuando las fuerzas de seguridad, estaduales y nacionales, asesinaron a ocho manifestantes que realizaban un piquete en apoyo a la lucha de los docentes.

 

La sostenida resistencia de los maestros contra la reforma educativa ha llevado a la burguesía mexicana a reclamar un “restablecimiento del estado de derecho” en el sur del país.

 

El 8 de agosto, el Centro Empresarial del Estado (que nuclea a hoteleros y otros empresarios) llevó adelante un lock-out en el estado de Oaxaca durante 24 horas. Imputan a los bloqueos de los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) una vertiginosa caída en el turismo y un desabastecimiento de productos.

 

La medida persigue dos objetivos: mayores subvenciones estatales (algunos empresarios reclamaron declarar el área de conflicto como “zona de desastre económico”), por un lado, y -por otro y sobre todo- quebrar un foco de resistencia popular en el sur mexicano, que tuvo uno de sus picos más altos en los piquetes y movilizaciones frente a la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa.

 

Las patronales atribuyen la caída en la actividad a los maestros (omitiendo en forma deliberada la crisis económica, la devastación causada por los cárteles del narcotráfico y la podredumbre del aparato estatal) y amenazan con despidos para quebrar la solidaridad y la simpatía de la masa con la lucha docente. 

 

Contra los piquetes de los maestros, se pronunciaron el presidente de la Asociación de Bancos de México y la poderosa Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que presentó una demanda de amparo “por los actos y omisiones de los tres niveles de Gobierno (federal, estatal y municipal) que no han logrado contrarrestar las acciones de la Coordinadora” (El País, 5/8), o sea una exhortación a la represión. 

 

Diálogo

 

Aunque la Coparmex recela de la mesa de diálogo con el magisterio disidente de la CNTE, el gobierno habilitó esta vía luego de la masacre de junio en Nochitxlán. Ocurre que la masacre no logró detener los bloqueos y protestas y una acentuación de la represión amenazaba con desatar un levantamiento popular en regla.

 

En la mesa de diálogo está en debate la cuestión de los maestros encarcelados, los despedidos, las suspensiones y los sueldos retenidos por días de huelga, entre otras demandas docentes. Pero el gobierno se muestra inflexible con respecto a la demanda original, que es la anulación de la reforma.

 

Reforma reaccionaria

 

La reforma educativa forma parte de un paquete de reformas privatizadoras impulsadas por el Pacto por México, que incluye a las tres fuerzas principales (PAN-PRI-PRD). Establece un sistema de evaluaciones periódicas del personal docente, aplicadas por las autoridades federales y provinciales y diseñadas por un Instituto de Evaluación (INEE). Como lo reconocen sus funcionarios, la llamada “evaluación de desempeño” golpea la estabilidad laboral. En el caso de los docentes que poseían un cargo antes de iniciarse la reforma, un mal desempeño en la evaluación puede conducir a que se los saque al frente del curso y se los desplace a otras funciones. A partir de la aplicación de la reforma, puede implicar directamente el despido (El País, 30/6). Es una reforma de inspiración bancomundialista que, además de atacar las conquistas laborales de la docencia, busca someter los planes de estudio a los intereses capitalistas. En el sur, amenaza barrer con los maestros indígenas.

 

Aunque ya han sido evaluados 740 mil docentes, con la complicidad de la burocracia del principal sindicato (SNTE), la reforma no logra abrirse paso todavía en el sur del país.

 

Medidas de lucha

 

De los progresos de la mesa de negociación dependerá el inicio del ciclo lectivo en el sur mexicano, a mediados de agosto. Según La Jornada (9/8), la sección 7 de la CNTE (Chiapas) resolvió el no inicio si no se abroga la reforma. 

 

La CNTE (fuerte en los estados sureños de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca y con algún peso en el Distrito Federal) combina por ahora las negociaciones con el sostenimiento de algunos bloqueos. Nuclea alrededor de 150 mil docentes y en su seno intervienen numerosas corrientes políticas, entre ellas de izquierda. Se originó como una ruptura con la burocracia del SNTE. 

 

Abajo las reformas reaccionarias del Pacto por México. Por el triunfo de la docencia mexicana.