Durante abril de 2022, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (Amlo) envió una reforma eléctrica al Congreso que colocaba el 54% de la explotación y comercialización eléctrica en manos de la Comisión Federal de Electricidad, manteniendo el 46% de la misma en manos privadas. Aunque no se trataba de una nacionalización ni nada que se le aproxime, la oposición burguesa de derecha (PRI, PAN, PRD), vinculada a las grandes empresas nacionales y extranjeras, votó en contra. Esto se sabía de antemano, lo cual no impidió la insistencia en presentar el proyecto por parte del Morena (partido de López Obrador). Aunque el proyecto tuvo una votación mayoritaria, no alcanzó los dos tercios necesarios, para lo que eran fundamentales 57 votos más (hubo 275 votos favorables contra 223).

¿Cómo razonó López Obrador?

Aunque hubo un claro traspié, el presidente de México no lo vio así. Declaró: “creo que es un triunfo para la democracia para demostrar que vivimos en un auténtico estado de derecho, que no hay un presidente autoritario, que no hay corrupción, que se garantizan las libertades”. Quiso dar garantías ante los poderes capitalistas que no tomará medidas movilizadoras del pueblo, ni menos antiimperialistas revolucionarias. Teniendo mayoría popular se ajustará a los cambios que permita el sistema constitucional, aunque este sea antidemocrático (fija votaciones con mayorías especiales para casos como el de la reforma eléctrica).

Y añadió: “es un triunfo para la política porque se avanza en el combate a la simulación donde los que se dicen representantes populares votan por Iberdrola” (empresa energética española). “Fíjense las lecciones tan importantes. Primero que llevaba mucho tiempo en que una iniciativa del presidente se rechaza así”.

Amlo no tenía la finalidad de derrotar a las grandes empresas privadas energéticas. Su finalidad era electoral y a mediano plazo. Esto forma parte de forma anticipada de su campaña electoral para las presidenciales hacia 2024. Luego de las elecciones gubernativas recientes en seis estados, en cuatro de los cuales (Oaxaca, Quintana Roo, Tamaulipas e Hidalgo) triunfó ampliamente Morena sobre el PRI Y el PAN, la cúpula de la coalición encabezada por López Obrador afirmó que este ha sido un castigo a la oposición por haberse opuesto a la reforma eléctrica. Dicha reforma, en algún sentido, ha sido el caballito de batalla de Morena y López Obrador para reducir a la oposición de los partidos tradicionales de la burguesía mexicana, preparar el control total del Congreso y la mayoría abrumadora de los estados (hoy gobierna 22 de 32 estados) para actuar como árbitro (Bonaparte) en la situación política mexicana. Y postergar con una retórica “nacionalista” los reclamos democráticos (derecho al aborto, etc.) y sociales de las masas. Esto, en un cuadro en que la nación azteca atraviesa por una crisis que se expresa en que es un territorio de tránsito de grandes masas de migrantes hacia Estados Unidos, y de una batalla energética global entre el imperialismo yanqui, Rusia y China.

El cuadro actual de la producción eléctrica en México

Está claro que Morena no pretende ir a fondo en la cuestión energética mexicana, y que actúa en forma concesiva con los intereses y ganancias de las transnacionales en la explotación eléctrica, sin ir a fondo ni siquiera en su limitada reforma eléctrica.

El cuadro actual, al haber fracasado dicha reforma, es el siguiente: hay cuatro modalidades de generación privada. Productores independientes de energía, con el 31% de la generación; centrales eléctricas construidas posteriormente a la reforma eléctrica de 2013 (del expresidente Enrique Peña Nieto), 15%; sociedades de Autoabastecimiento (que crean monopolios privados), éstas han organizado 239 monopolios privados que atienden a más de 77.000 socios (industrias y corporaciones asociadas las más de las veces en forma ficticia, que por otra parte cuentan con el despacho prioritario de la red eléctrica del Sistema Eléctrico Nacional -SEN- y por el total de su generación). De esta forma, en pocos años estos pulpos eléctricos se apoderaron de dos tercios de los grandes consumidores, restándole ingresos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuya capacidad de generación alcanza el 54%, pero despacha el 38%. Expertos afirman que la tendencia existente con el actual régimen de producción y comercialización es que en seis años esa capacidad se vería rebajada al 29%. Según el director de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, de continuar así las cosas, la misma podría desaparecer en poco tiempo.

Como se ve, no es poco lo que se juega en materia energética en México, pero Morena, tanto en su planteo estratégico para resolverlo, como en su decisión para hacerlo, aun en los propios términos de su planteo, expresa los límites propios de una burguesía nacional sometida al amo del norte al que está asociado en el T-MEC (tratado de libre comercio).

Ahora el litio

Pasada la mitad del mes de abril, López Obrador adoptó una nueva iniciativa legislativa: la nacionalización del litio, cuya aprobación tuvo lugar en tiempo récord. La comenzó aprobando la Cámara de Diputados con 277 votos a favor (56%), 187 abstenciones (34%) y 24 en contra (10%), esto es una votación con amplio margen por la aprobación, donde la particularidad fue la importante cantidad de abstenciones del arco opositor, que poco tiempo antes habían votado en contra de la reforma eléctrica. La Cámara de Senadores terminó aprobándola por 87 votos a favor, 20 en contra y 16 abstenciones. Como quiera que sea, Amlo tenía asegurado el voto favorable porque esta ley requería mayoría simple y no los 2/3 que precisaba la reforma eléctrica, ya que se trataba de una reforma constitucional.

El boom de la fabricación de autos eléctricos, cuya vanguardia en la fabricación es la empresa estadounidense Tesla, ha disparado los precios del litio en un 400%. Este mineral es esencial para la fabricación de las baterías para el funcionamiento de esos automóviles. Se pronostica que, aunque ahora solo el 5% de los automóviles es eléctrico en el mundo, en 2030 ese porcentaje aumentará al 30% y en 2040 al 100%.

El Estado de Sonora cuenta con una reserva de litio de alrededor de 243,8 millones de toneladas. Aunque no es la mayor reserva mundial (está en décimo lugar detrás de Bolivia, Chile, Australia, Argentina ,etc.), se tata de una de las reservas más importantes del mundo. La empresa china Ganfeng Lithium ha adquirido la concesión por parte del Estado mexicano para su exploración y explotación, y por otra parte es el mayor productor y proveedor de compuestos de litio para Tesla.

Cabe decir además que las inversiones en dicho mineral por parte de la empresa china tienen lugar en Irlanda, Argentina, China,Australia y también México, este último al menos hasta la “nacionalización”. Destaquemos que China produce cerca de los 2/3 de las baterías de iones en todo el mundo(63%). Según datos del Benchmark Minerals Intelligence, los Estados Unidos producen solo el 5%. Hasta el fracaso en la sanción de la reforma eléctrica de Amlo, nada se había dicho desde el gobierno sobre la nacionalización de ese mineral. Es más, había un proyecto del mismo, en acuerdo con la empresa china, de montar una fábrica de baterías junto a la mina, en consonancia con otro de montar fábricas estatales de vehículos eléctricos.

Amlo, un peón de los intereses de Estados Unidos

Hasta fines de 2021, la empresa china actuaba en sociedad con una empresa británica (había comprado parte de sus acciones a la inglesa Bocanora Lithium). El 29 de diciembre de ese año Ganfeng adquirió la totalidad de las acciones, lo cual fue aprobado por la Cofece (Comisión Nacional de Competencia Económica). Pero al mismo tiempo, después de haber sufrido presiones, Cofece le pasó la responsabilidad a la Secretaría de Economía. Y López Obrador declaró, tras la aprobación de la ley que nacionaliza el litio, que se revisará la validez legal de los contratos de concesión otorgados a Ganfeng Lithium y demás empresas privadas. ¿Un avance contra la penetración del gran capital y una expresión de defensa de la soberanía y de la riqueza del suelo mexicano? Se pone en duda, porque en la misma declaración López Obrador señaló que el gobierno de los Estados Unidos solicitó a México información sobre este traspaso accionario y si los contratos concedidos se apegan completamente a las leyes nacionales (revista Forbes).

Biden, durante 2021, ha manifestado su preocupación junto a Canadá en lo que respecta al avance chino en la explotación e industrialización de este mineral y ha indicado la necesidad de tomar la iniciativa en yacimientos mexicanos, canadienses y en su propio territorio, para ser más exactos en el llamado Mar de Salton (California). En la guerra comercial feroz entre el imperialismo norteamericano y el gigante asiático, el gobierno nacionalista mexicano está eligiendo de qué lado estar, y esto no es casual porque su posición de peón en el T-MEC, se traduce también en su política interna. La ley de nacionalización del litio mexicano –sin expropiaciones, eventualmente con el pago de indemnizaciones a las empresas hoy actuantes, ¿habilitaría a Amlo a tomar la decisión –en una segunda etapa- de asociarse al gran capital norteamericano, tal como lo ha hecho con Pemex en la explotación petrolera?

Los gobiernos nacionalistas burgueses entienden la soberanía nacional como una negociación de mejores márgenes de gestión con el capital financiero imperialista, no obtenida con la lucha nacional antiimperialista que lo expulse. Negociar entre uno y otro poder financiero para ver si obtiene alguna ventaja. La defensa de la independencia nacional, de los recursos naturales de una nación explotada, requiere romper la ilusión en los gobiernos de la burguesía que se presenta como nacional y popular. El conjunto de los problemas (energéticos, de la explotación de los recursos naturales) llegarán a buen puerto con la clase obrera nacionalizándolos sin compensación y colocándolos bajo su control y dirección para colocar esos recursos al servicio de un desarrollo agrario e industrial, sobre nuevas bases sociales junto a los explotados de América Latina. Hacia un gobierno obrero y campesino.