En su último número, la revista mexicana Proceso (N°2349, 6/11) releva información desclasificada por la Secretaría de Defensa (Sedena) que confirma que las fuerzas armadas espiaron a los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, víctimas de un operativo conjunto de varias fuerzas de seguridad que culminó en la desaparición de 43 alumnos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Es una nueva prueba del involucramiento castrense y de la responsabilidad estatal en el caso.

Tres años antes de las desapariciones, las actividades del combativo liceo rural ya eran monitoreadas por el Ejército. De acuerdo al informe de la revista, el servicio de inteligencia de la institución infiltró el colegio a través de alumnos “fachada”, o sea, espías que se inscribieron a los meros efectos de realizar tareas de espionaje.

Los documentos constatan que días antes de la fatídica noche de Iguala, en base a la información de uno de esos agentes, el Pelotón de Información de la 35 Zona Militar en Chilpancingo (capital de Guerrero) reportó a la Sección Segunda de Inteligencia Militar las acciones que preparaban los estudiantes. En efecto, el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón había resuelto una campaña de recolección de fondos para poder asistir a la movilización anual que recuerda la masacre de Tlateloco, en 1968, en el Distrito Federal, en el mes de octubre. En función de ello, acordó la retención de colectivos para poder desplazarse.

Lo demás es historia conocida: el 26 de septiembre, los alumnos de Ayotzinapa arribaron a Iguala en tres colectivos, pero fueron atacados, algunos de ellos asesinados, y 43 desaparecidos (solo se hallaron restos de tres de ellos). O no tan conocida: debido al encubrimiento del caso por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, que montó una falsa versión de los hechos en base a confesiones arrancadas bajo tortura, todavía hay muchas cosas que permanecen en la oscuridad.

La revista Proceso afirma que “las actividades de los normalistas eran vigiladas por todas las agencias gubernamentales de inteligencia”. Este seguimiento muestra cómo el aparato de espionaje del Estado capitalista se usa conspirativamente contra la propia población trabajadora que se organiza por sus derechos.

Los documentos de la Sedena se conocieron por una orden de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, el mandatario es cuestionado por los familiares de las víctimas, ante la falta de avances sustantivos. El gobierno no puede ir a fondo en el caso debido al papel central que ha asignado al Ejército, que lleva a cabo inclusive tareas de seguridad interior.

Mientras luchan por la aparición con vida de sus compañeros, los estudiantes de las normales rurales enfrentan las políticas de desfinanciamiento presupuestario. En los últimos días, los alumnos de la Isidro Burgos, de donde eran oriundos los desaparecidos, llevaron a cabo un corte de ruta en reclamo de la rehabilitación de un plantel de la localidad de Tixla y de apoyo a algunos proyectos productivos, entre otros reclamos (Latinus, 4/11).

El esclarecimiento de los hechos de Iguala y la condena a los responsables solo podrá venir de la mano de la movilización popular. A más de siete años de las desapariciones, como cantan los estudiantes mexicanos, “Ayotzi vive, la lucha sigue”.

Corte de estudiantes de Ayotzinapa.