A seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, miles de personas se movilizaron en el Distrito Federal mexicano exigiendo la aparición con vida y la detención de todos los responsables de los hechos y del encubrimiento posterior. Hubo concentraciones también en el interior del país (Guerrero, Michoacán y Chiapas, entre otros estados).

En la noche del 26 de septiembre de 2014, alumnos del liceo rural de Ayotzinapa del estado de Guerrero fueron emboscados cuando se aprestaban a salir de la ciudad de Iguala en autobuses. En un operativo que involucra al cartel narco de Guerreros Unidos, a la policía, autoridades municipales y el Ejército, seis de ellos fueron asesinados y 43 permanecen desaparecidos. La consigna “Fue el Estado” encabezó las gigantescas movilizaciones de ese año en reclamo de justicia. El gobierno de Enrique Peña Nieto montó un operativo de encubrimiento y de desvío de la investigación, la llamada “verdad histórica”, con la intención de acotar las responsabilidades al grupo narco, dar un cierre al caso y proteger al aparato estatal. El proceso judicial estuvo marcado por confesiones arrancadas bajo tortura.

La versión oficial, según la cual los restos de los jóvenes habían sido incinerados por los narcos en un basurero de la localidad próxima de Cocula, se desmoronó a partir de las investigaciones de los organismos de Derechos Humanos, que probaron que no era posible que en ese lugar se incineraran los restos de tantos estudiantes. El reciente hallazgo del hueso de uno de los alumnos desaparecidos, a un kilómetro de dicho basurero, termina de desmontar el discurso del gobierno anterior. Uno de los funcionarios artífices de esta manipulación se encuentra prófugo en Israel.

Como resultado de la tenaz lucha de los familiares de los 43, en los últimos meses se ha avanzado en algunas detenciones y se han librado numerosas órdenes de aprensión. Sin embargo, los familiares emplazaron al gobierno a acelerar las investigaciones. “Nosotros queríamos llegar al 26 con algo más. Entiéndanos, ya seis años y, pues, no tenemos nada”, dijo María (La Jornada, 27/9), en representación de los familiares, en el encuentro con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Los padres piden especialmente avanzar sobre las responsabilidades de la policía y el Ejército. Según algunos testimonios, integrantes del Batallón 27 de Iguala participaron en la entrega de estudiantes al grupo Guerreros Unidos, que consumó las desapariciones.

Las escuelas normales rurales, de las que eran oriundos los alumnos desaparecidos, forman como maestros rurales a hijos de campesinos con dificultades para costear los estudios en otros centros educativos. Son un semillero de activistas: en la entrada de la normal de Ayotzinapa cuelga un cartel que la define como “cuna de la lucha social”. La intimidación que provocaron las desapariciones, sumado al boicot del gobierno de Peña Nieto, quien eliminó la garantía laboral para los graduados, hundió la matrícula de todos los liceos rurales. Esto podría profundizarse aún más con la decisión del gobierno de López Obrador de recortar casi en un 100% el presupuesto de las escuelas normales para 2021.

A su vez, los ruralistas siguen siendo víctimas de la represión estatal. En Tiripetío, Michoacán (estado gobernado por Silvano Aureoles Conejo, del centroizquierdista PRD), un camión de policía embistió el 11 de septiembre a estudiantes que protestaban por la liberación de compañeros detenidos.

A seis años de la desaparición de los 43, homenajeamos su compromiso militante y nos sumamos al reclamo de aparición con vida y de juicio y condena a todos los responsables.