El gobierno de Peña Nieto cosechó un rotundo fracaso en su primer intento de cooptar -o al menos contener- a los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, a quienes recibió el pasado 31 de octubre. Las crónicas periodísticas son elocuentes: “no hubo un instante de distensión durante la reunión (…) ni una sonrisa, ni un ‘gracias, señor’”. Felipe de la Cruz, padre de un desaparecido dijo: “que sepa el presidente que no confiaremos en él ni en el Estado hasta que nos los devuelvan vivos”. “Se han burlado de nosotros, sólo hemos perdido el tiempo”, fue la conclusión de Epifanio Alvarez, otro familiar. Una cronista mexicana definió al encuentro como “un inédito cara a cara entre campesinos y trabajadores pobres, sin escolaridad ni experiencia política, y el jefe del Ejecutivo, (a quien) hablaron sin pedir permiso, sin apegarse a formalidades, sin orden del día. Se escucharon voces que estremecían, pero sobre todo (que) increpaban al poder” (citas de El País y La Jornada del 31/10). La razón del fracaso de Peña Nieto es evidente: no pudo ofrecer más que promesas, porque el Estado mexicano es responsable de las desapariciones y está perforado hasta los tuétanos por los carteles del narcotráfico.

 

Con posterioridad al encuentro con los familiares, y cuando ni siquiera han aparecido los estudiantes, el presidente llamó a un acuerdo nacional para impedir que se repita otra situación como la de Ayotzinapa. No se trata de un planteo propio, sino de la reproducción fiel de las exigencias que escuchó previamente en el encuentro de la confederación patronal de México, Coparmex, donde su referente Roberto Castañón hizo alusiones oblicuas a los sucesos de Ayotzinapa y llamó a un pacto para defender el estado de derecho, eufemismo con el que advirtió sobre el impacto de la crisis económica mundial, las tendencias a la desintegración estatal y la movilización popular, que ponen en crisis las ‘reformas estructurales’ (educativa, fiscal, laboral, judicial) del Pacto por México (PRI-PAN-PRD).

 

“En tan sólo un mes, el presidente Peña Nieto pasó del título de estadista del año -un galardón que recibió de manos de Henry Kissinger- y de compartir mesa con los políticos más importantes del mundo, a estar señalado y teniendo que asumir -en persona- el mando de un Estado que, por el caso Iguala, aparece cuestionado y cuarteado”, opina Antonio Navalón (El País, 3/11). 

 

 

Problemas

 

En el momento en que se pone fin al monopolio estatal del petróleo y se abre Pemex a la inversión extranjera, ésta podría demorarse debido al desplome de los precios del petróleo, que significan a su vez el 30% de los ingresos del país. La única manera de incentivar el ingreso de las compañías, en estas condiciones, sería dando mayores beneficios fiscales -al estilo de las concesiones leoninas de la ley de hidrocarburos de Argentina. Pemex tiene deudas que ascienden a 12.000 millones de dólares en lo que va del año, y no se descarta que deba proceder a importaciones de petróleo.

 

Aunque algunas calificadoras intentan soslayarlo (“los temas de inseguridad que se han vivido recientemente, como el caso de los normalistas, son hechos relativamente aislados”, según una analista de la agencia Fitch Ratings), está claro que la proliferación de fosas con miles de desaparecidos y la desintegración estatal comportan una crisis política que pone en cuestión todo el curso del gobierno. Para algunos, incluso, podría tener un impacto más nocivo que la inestabilidad financiera internacional.

 

 

Las masas

 

A más de un mes de la desaparición de los normalistas, la movilización no se ha apaciguado. En los últimos días, se han reactivado las protestas y piquetes de estudiantes y maestros en el estado de Guerrero. Un contingente inició una caravana desde Iguala hacia el Distrito Federal. En Iguala, el alcalde que reemplazó al que se encuentra reo de la justicia renunció a escasas horas de su asunción, debido a la falta de apoyo político. La desaparición de los normalistas ha atizado la lucha del movimiento estudiantil mexicano, que enfrenta las reformas privatistas de la educación del Pacto de México. La reforma educativa instituyó cambios constitucionales que apuntan a la flexibilización del trabajo docente, mediante la creación de un organismo de evaluación, así como introdujo una legalización de facto de cuotas y del ingreso de empresas, las que apuntan a desentender al Estado del financiamiento y, por supuesto, a la privatización. En el caso de la educación superior, los alumnos de todas las escuelas del Instituto Politécnico Nacional llevan un mes de huelga, en oposición a un nuevo reglamento interno que, según distintas denuncias, busca una adecuación a la reforma reaccionaria aplicada al resto de la educación: sistemas de evaluación para flexibilizar al personal docente, adecuación de los contenidos a las necesidades del mercado e incluso una penalización de la organización docente y estudiantil (Kaosenlared.net, 23/9).

 

Bajo la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, se convocó para el 5 de noviembre a una tercera jornada global por la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos.

 

¡Aparición con vida!