El Tribunal Electoral de México (Tepjf) convalidó los resultados electorales y designó al candidato del PAN, Felipe Calderón, como “presidente electo”. Inmediatamente, la Casa Blanca y Rodríguez Zapatero se apuraron a saludar al “nuevo presidente”. El Episcopado, por su parte, “aplaudió” al tribunal por su resolución (La Jornada , 6/9). Sin embargo, la crisis política mexicana no ha amainado.

Las masivas movilizaciones populares que desde hace dos meses mantienen bloqueado el centro del Distrito Federal se mantienen con vigor. El viernes 1º de septiembre, una gran manifestación rodeó el parlamento, cuando el presidente Fox debía leer su “informe de gobierno”. Miles de efectivos de la policía y el ejército fueron movilizados para permitir la llegada del presidente al parlamento. Sin embargo, Fox no pudo leer su mensaje y debió resignarse a entregar una copia en “mesa de entradas”. Es la primera vez que ocurre tal cosa en la historia de México.

Gobierno paralelo

Frente a la resolución del tribunal electoral, López Obrador —candidato del PRD— confirmó la convocatoria a una Convención Nacional Democrática y la formación de un “gobierno paralelo” (La Jornada, 5/9). El Financial Times advierte en una nota editorial (30/8) que, aunque reconoce que “un recuento total habría sido la mejor manera de demostrar que la democracia de México es genuina y representativa”, un gobierno paralelo “sería peligroso por varias razones”, en particular, por “el caos y la inestabilidad que crearía”.

El planteo de López Obrador debuta con una contradicción. Los parlamentarios del PRD no han abandonado el Congreso para constituir el “parlamento paralelo” del “gobierno paralelo”. La formación de un “parlamento paralelo” sería un acto de subversión política que el propio López Obrador no está dispuesto a asumir.

En estas condiciones, para que su “gobierno paralelo” tenga alguna viabilidad, los senadores y diputados del PRD deberían desarrollar una política sistemática de boicot del parlamento. Deberían tratar sistemáticamente de impedir su funcionamiento, no sólo limitarse a votar en contra (lo que es una de las alternativas habituales de una oposición parlamentaria normal). Es decir, deberían repetir de manera sistemática lo que hicieron en la jornada del 1º de septiembre contra Fox. Este es el “el caos y la inestabilidad” que teme el Financial Times.

¿Tiene el PRD la consistencia necesaria para boicotear de manera sistemática? ¿Tiene López Obrador la autoridad política necesaria para imponérselo a sus parlamentarios?

La presión de las masas

La política de López Obrador está determinada por la tensión provocada por el movimiento de masas. No puede repetir la experiencia de Cuauhtémoc Cárdenas frente al fraude de las elecciones presidenciales de 1988, cuando llamó a sus partidarios a desmovilizarse. Una repetición de la capitulación de 1988, con millones en la calle, sería la muerte política de López Obrador y también, muy posiblemente, del propio PRD.

La política de López Obrador es contradictoria por esta razón: mientras está obligado (por la movilización popular que repudia el fraude) a mantener una línea de desconcimiento del gobierno y, en parte, del conjunto del régimen político, evita lanzarse a una confrontación decisiva con el Estado. Por eso, se opone que sus parlamentarios formen un “parlamento paralelo” y se opone, también, a convocar una huelga general que podría garantizar perfectamente con sus diputados, gobernadores y direcciones sindicales aliadas. ¡El PRD gobierna nada menos que el Distrito Federal! Son numerosos, por otra parte, los gobernadores electos por el PRD.

El objetivo de evitar una confrontación decisiva con el régimen, es cansar y desmoralizar el movimiento de las masas. A diferencia de Cárdenas, que se fue a su casa, López Obrador pretende quedarse en la calle, y que sean las masas las que se cansen de ella. Esta política serviría a su sobrevivencia y al salvataje del PRD, profundamente dividido.

Alternativas

El “gobierno paralelo” plantearía una crisis parlamentaria permanente, en caso de que la bancada del PRD siga una política de boicot. Aunque la aritmética parlamentaria le da a la suma de votos del PAN de Calderón y el PRI una mayoría cercana a los dos tercios, no está claro que el PRI y el PAN puedan marchar juntos en todas las circunstancias. Incluso, aunque esto suceda, el parlamento debería funcionar bajo la “custodia” de la policía y el ejército. En estas condiciones, Calderón podría verse obligado a gobernar por decreto.

La alternativa es que el PRD y su bancada se limitara a realizar una oposición “normal”. Los parlamentarios electos del PRD ya habrían rechazado el llamado de López Obrador a no asumir sus cargos y algunos diputados señalaron que impulsarán una “amplia reforma de la ley electoral” (La Jornada, 5/6). Lógicamente, en las actuales condiciones, los organizadores del fraude declararon su disposición a “discutir” esas reformas.

Huelga general

Cualquiera sea la resolución de la crisis actual, existe enorme movilización popular y luchas sociales de distinto carácter en diferentes lugares. En primer lugar, la rebelión de Oaxaca. La necesidad de llevar al triunfo sus reivindicaciones, entre ellas la destitución del gobernador del Estado, plantea la huelga general nacional por la victoria del pueblo de Oaxaca.

El movimiento de Oaxaca, y otros movimientos, empalman objetivamente con la movilización contra el fraude. La lucha por las reivindicaciones populares esenciales —el salario, contra la flexibilización laboral, por la tierra— empalma con la lucha contra el fraude y plantea la necesidad de consignas comunes.

López Obrador tiene, por sí mismo, la capacidad de convocar a la huelga general, que es lo único que realmente puede darle la viabilidad a su “gobierno paralelo”. La huelga general demostraría quien ejerce verdaderamente el poder: si los organizadores del fraude o el pueblo en la calle. Con el respaldo de millones de mexicanos movilizados, direcciones sindicales (como la de los tranviarios), parlamentarios, gobernadores estaduales y el gobierno de la capital del país, López Obrador podría paralizar México hasta imponer la derrota efectiva del fraude.

Las consignas de “¡Boicot al parlamento del fraude!”, “¡Fuera el gobierno del fraude!”, “¡Huelga general!” pueden servir para impulsar una intervención determinante de los explotados en la crisis política. Para impulsar esta perspectiva, se plantea la formación de comités obreros para organizar la huelga general contra el fraude y por las reivindicaciones.